San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de septiembre. Ante los hechos violentos que el pasado viernes pusieron en riesgo la integridad física de uno de sus abogados defensores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifiesta que el ataque a tiros perpetrado por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) forma parte de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno estatal y federal en su intento por neutralizar a organizaciones civiles que acompañan a quienes defienden y reivindican distintos derechos en Chiapas.

El CDHFBC asegura tener información de fuentes fidedignas de que el propio gobernador Juan Sabines Guerrero ha denostado y criminalizado el trabajo de este centro. En una acción urgente dada a conocer anoche se afirma que este discurso del gobernador coincide con señalamientos que han hecho algunos medios de comunicación afines a su proyecto político, lo cual sigue los lineamientos del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo es que el gobierno del estado, junto con otras autoridades, aplique censura y control sobre los medios de difusión masiva.

Sobre este problema, Amnistía Internacional manifestó preocupación de que un grupo armado ataque a pobladores de Jotolá, pues han recibido constantes amenazas.

Por su parte, las autoridades ejidales de Jotolá, municipio de Chilón, denunciaron que las agresiones del grupo minoritario de Opddic son cotidianas. Nos quieren acabar con la fuerza de sus armas. Las autoridades del gobierno saben que el problema es de carácter agrario, y fue creado por los de Opddic.

Identifican a paramilitares

Identifican como cabecillas delictivos del grupo paramilitar a Juan Medardo Carmelino, Guadalupe y Rogelio Cruz Méndez, Jerónimo Demeza Romero y Miguel Gómez Hernández, quienes luego de la agresión del viernes pretenden hacer la repartición de la tierra sin el consentimiento de las autoridades ejidales y la asamblea.

Según el CDHFBC, el ataque al abogado Ricardo Lagunes Gasca y a campesinos adherentes a la otra campaña el día 18 en Jotolá prueba la impunidad con que los grupos civiles armados continúan actuando en Chiapas, en complicidad con policías y militares. Puntualiza que elementos de la Policía Estatal Preventiva horas antes se reunieron con los agresores, y que muy cerca del lugar de los hechos se encuentra un puesto de revisión del Ejército.

A los múltiples hechos denunciados a lo largo del año por diversos organismos, incluidas las juntas de buen gobierno zapatistas, se suma la omisión de las autoridades chiapanecas, que pone de manifiesto su complicidad con los planes contrainsurgentes en el estado.

En más de una decena de hechos documentados desde febrero se ha ido configurando un nuevo escenario de contrainsurgencia. El centro Fray Bartolomé advierte la nula actuación del gobierno estatal y federal para investigar, desmantelar y desarmar a grupos civiles armados de corte paramilitar, confrontados de manera deliberada con actores en resistencia, “y agudiza aún más la situación de ‘conflicto armado interno no resuelto’”.

El secretario de Gobierno, Noé Castañón León, a sabiendas que existe un ambiente de hostilidad contra el centro, ha hecho declaraciones confusas y señalamientos que contribuyen a agudizar las condiciones de hostigamiento y estigmatización.

El CDHFBC exige el cese de la guerra de baja intensidad en Chiapas, la salida del Ejército del territorio indígena, el desmantelamiento de los grupos paramilitares que actúan bajo cobijo del gobierno en los Altos, zona norte y la selva, y suspender su política de censura, control e instrumentalización de los medios para denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos y criminalizar la protesta social.

Demanda acción penal contra los autores materiales e intelectuales del ataque en Jotolá contra ejidatarios de allí y del vecino San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña, y contra el abogado Lagunes Gasca. El CDHFBC exige también que cesen las acciones de polarización y estigmatización operadas por funcionarios y dirigidas a entorpecer o evitar la defensa de los derechos humanos.