urante su comparecencia ante comisiones senatoriales, con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, informó que hasta ayer permanecían cerradas 128 escuelas en el país a consecuencia del repunte en los contagios de la influenza A/H1N1, luego de que el viernes pasado esa cifra se ubicó en 2 mil 961 planteles y bajó a 763 este lunes. A renglón seguido, el funcionario defendió el criterio creado por esa dependencia y por la Secretaría de Salud federal para cerrar grupos o escuelas a raíz del rebrote de la pandemia en territorio nacional, y señaló que tal mecanismo se aplica con gran cuidado por los gobiernos estatales.

Las drásticas fluctuaciones en las cifras a las que hizo referencia el funcionario dan cuenta de que, a más de cinco meses de que se detectaron los primeros contagios por el nuevo virus, el gobierno federal continúa realizando un manejo inexacto y descuidado de la información relacionada con el tema, y ha impedido, con ello, que la ciudadanía cuente con datos precisos y confiables que le permitan hacer frente a la circunstancia de emergencia sanitaria que se avecina con el rebrote de la enfermedad, la cual podría ser, de acuerdo con los organismos internacionales de salud, aún más peligrosa y letal que la que se vivió en abril pasado. Por si no bastara, los gobiernos estatales suelen difundir información que, con frecuencia, colisiona con la que proporcionan las entidades federales.

A la ligereza y la irresponsabilidad gubernamentales en la difusión de las cifras relacionadas con el número de muertos y de contagios alcanzados en estos meses deben añadirse las contradicciones entre las propias autoridades federales de salud en torno a la pertinencia del uso de fármacos y antivirales como medio efectivo para combatir el padecimiento, así como la opacidad y la imprecisión en lo que concierne a la procedencia y la fecha de llegada de las vacunas correspondientes: cabe recordar que el titular de Salud, José Ángel Córdova, informó primero que el gobierno calderonista adquiriría un total 20 millones de dosis a laboratorios europeos, y luego que serían 30 millones, algunas de las cuales se comprarían al gobierno de China.

Por añadidura, las propias autoridades sanitarias han advertido que se empezará a aplicar las primeras dosis de vacunas en diciembre de este año, sin indicar hasta ahora qué medidas deberán tomarse durante los más de dos meses que comprenden este compás de espera. Asimismo, persiste una falta de claridad sobre qué personas recibirán las vacunas, pues hasta ahora sólo se ha dicho que se aplicarán al personal médico y militar y a grupos de riesgo –como embarazadas, niños y personas con patologías previas–, así como sobre las reacciones colaterales adversas que pudiera generar el antígeno mencionado.

Es claro que, en la medida en que el gobierno continúe difundiendo información fragmentaria y a cuentagotas, se extenderá en la sociedad un sentir generalizado de zozobra, desorientación y alarma que facilitará la propagación de rumores y datos falsos y complicará, en suma, el combate y la prevención de los contagios. En el momento presente, más allá del bombardeo de informaciones y cifras imprecisas, la población necesita una presentación integral y coherente del problema y los escenarios que se podrían configurar en el futuro, así como contar con un plan de acción congruente que permita trazar estrategias y medidas para las semanas y los meses próximos.

Ante estos elementos de juicio, lo menos que puede pedírsele al gobierno es que corrija la falta de transparencia con que se ha conducido hasta ahora en lo relacionado al rebrote de influenza –la cual constituye un factor de riesgo adicional para la salud pública– y cumpla cabalmente con su compromiso de informar de manera puntual y precisa a la población.