La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) exoneró a la Policía Federal de su participación en el delito de violencia sexual contra mujeres de San Salvador Atenco, por lo cual transfirió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por no considerarlo de su competencia.

Según informó el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de las mujeres demandantes, la fiscalía estimó que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres fueron cometidas únicamente por cuerpos policiales mexiquenses, y mencionó el nombre de 34 elementos de las fuerzas de seguridad estatal como responsables.

En conferencia de prensa, Luis Arriaga Valenzuela, director de esta organización civil, señaló que en días pasados abogados del Centro Prodh fueron notificados de esta decisión que el 13 de julio del año en curso había tomado la titular de la fiscalía, María Guadalupe Morfín Otero, tras revisar, analizar y estudiar las investigaciones de las 11 mujeres demandantes y detenidas en San Salvador Atenco durante los sucesos ocurridos los días 2 y 3 de mayo de 2006.

Según explicó Arriaga Valenzuela, la fiscalía reconoció que el hecho delictivo perpetrado en perjuicio de las denunciantes durante la detención consistió en la imposición de dolor, daño sicológico y físico al violentarlas sexualmente.

Sin embargo, consideró que las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por cuerpos estatales, por lo que en los informes o constancias que obran en actuaciones no se evidencia la participación de servidores públicos federales. Por tanto, este organismo, dependiente de la Procuraduría General de la República, afirmó que no hay evidencias para presumir su participación en los actos de tortura que sufrieron las víctimas y que son los hechos que esta fiscalía investigó.

En la conferencia también estuvieron presentes la abogada de Centro Prodh, Jaqueline Sáenz, y tres de las demandantes, Edith Rosales Gutiérrez, Italia Méndez y Claudia Hernández Martínez.

Edith Rosales aseguró que las mujeres agredidas ya no confían en la justicia mexicana, por lo que esperan que la solicitud interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del pasado año sea aceptada por este organismo internacional.

Asimimo rechazó la determinación de la fiscalía, y aseguró que entre sus agresores había policías federales, como consta en sus declaraciones, a quienes recuerda por sus uniformes color azul grisáceo.

Indicó que la fiscal le echa la bolita al gobierno estatal porque tiene aspiraciones de ocupar la titularidad de la Comsión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, advirtió, al igual que sus compañeras, continuará luchando para que se haga justicia.

Aunque no confiamos totalmente en la justicia, no nos vamos a quedar calladas ya que nuestra obligación es seguir la lucha. Porque atrás de nosotras hubo muchos casos, y de no hacerse justicia, delante habrá muchos más.