n día después del sorpresivo retorno a Honduras del presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, el régimen de facto, encabezado por Roberto Micheletti, dispersó violentamente a miles de partidarios del legítimo mandatario, quien se encuentra en la embajada de Brasil. La acción represiva dejó más de un centenar de detenidos y un número indeterminado de heridos; posteriormente el gobierno golpista cortó el suministro de agua y electricidad en el barrio en el que se encuentra la sede diplomática.
Ante el clamor de sociedades, de gobiernos y organismos internacionales en demanda de la restitución de Zelaya en el cargo del que fue ilegalmente separado a finales de junio, el régimen golpista esgrimió, la tarde de ayer, una disposición
a un diálogo condicionado, en lo que puede interpretarse con certeza como una señal de desesperación y acorralamiento. En efecto, tras negarse a negociar ni siquiera en los términos claudicantes y antidemocráticos del plan redactado por el mandatario costarricense Óscar Arias –que les resultaba desmesuradamente favorable, en la medida en que proponía premiarlos con la impunidad y hasta con su inclusión en un gobierno de unidad nacional
–, los funcionario de facto de la nación centroamericana, tomados por sorpresa por el retorno de Zelaya, adoptan ahora una actitud prepotente que carece de todo sustento en el panorama político interno y externo.
En horas recientes se ha confirmado y aclarado la encrucijada que tiene ante sí el gorilato hondureño: o intenta mantenerse en el poder mediante una represión mucho más intensa, despiadada y sostenida que la que ejerció ayer contra los partidarios de Zelaya, o se sienta a negociar los términos de su derrota. El usurpador Micheletti y sus cómplices no están en una posición que les permita imponer condiciones.
En tal circunstancia, se presentan dos riesgos graves para el futuro inmediato de la sociedad hondureña: la tentación represiva antes mencionada y los afanes de diversos actores diplomáticos del continente, ejemplificados en el Departamento de Estado de Washington y en el referido Arias, de garantizar a los golpistas beneficios políticos inadmisibles y vergonzosos.
En la hora actual los gobiernos del hemisferio deben intensificar al máximo la presión sobre quienes quebrantaron el orden institucional en Honduras. Sería irresponsable, inmoral y hasta suicida dejar solos a los muchos miles de ciudadanos de ese país que han resistido en forma heroica y que han defendido en las calles, a costa y a riesgo de sus vidas, la legalidad democrática.
Debe evitarse, en suma, que el gorilato hondureño opte por echar mano de una violencia represiva y criminal, y que siente un precedente obligadamente nefasto para el resto de las democracias formales latinoamericanas: si una camarilla oligárquica lograse obtener impunidad o posiciones de poder como resultado de una intentona, sería un aliciente para que sectores retardatarios en otros países –militares, empresariales, mediáticos– ensayaran aventuras similares a la de los golpistas hondureños.
