Delitos como violencia contra las personas causando secuestro y homicidio, merecieron sentencias de la justicia militar y penas máximas de 13 años y seis meses de prisión, mientras en algunas entidades el delito de privación ilegal de la libertad se castiga con sentencias de hasta 50 años, y el asesinato con 20 años.

De acuerdo con informes de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la máxima condena que se ha impuesto por violaciones a los derechos humanos y que incluyeron la comisión del delito de homicidio en la presente administración ha sido de 20 años. Sin embargo, los procesos penales que han concluido y en los que se dictó sentencia condenatoria, tardaron entre 5 y 13 años en resolverse.

En la actualidad, sólo en uno de los siete procesos penales en que se dictó sentencia, el inculpado, un elemento de tropa que cometió el delito de homicidio simple intencional, se encuentra cumpliendo una pena de 12 años.

Hay un proceso pendiente de sentencia, pues el involucrado interpuso apelación ante el Supremo Tribunal Militar. Los otros diez sentenciados, ya cumplieron sus condenas.

De diciembre de 2006 a julio de este año, la Procuraduría de Justicia Militar inició un total de 14 procesos penales en contra de 53 militares, un jefe, 11 oficiales y 41 elementos de tropa, y los tribunales castrenses concluyeron siete procesos penales. Uno de ellos data de 1997; el más reciente, de 2004.

Los reportes de la dependencia refieren que los delitos que se les han imputado a los efectivos son violencia contra las personas causando homicidio calificado, tortura, extorsión e inhumación clandestina.

Hasta julio de este año, un total de 12 militares habían sido sentenciados; sin embargo, la Sedena reservó los nombres de los involucrados y detalles de los casos.

El primer asunto que se reportó como concluido en esta administración federal es la causa penal 2109/2007, iniciada hace 13 años, en la que fueron sentenciados un jefe y un oficial a pasar en la cárcel el mismo tiempo que duró su juicio.

El militar de mayor rango fue hallado responsable de los delitos de violencia contra las personas causando homicidio y secuestro, y sentenciado a 13 años y seis meses de prisión, destituido de su empleo e inhabilitado durante 10 años para volver al servicio. Un oficial recibió una sentencia de 13 años al ser encontrado culpable de haber cometido infracciones a sus deberes y comisiones e inhumación clandestina.

Los procesos penales en curso, fueron iniciados entre 2007 y el presente año, de acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena.