or los 25 años de La Jornada.
Las izquierdas deberían hacer suya como consigna la siguiente frase de Tocqueville: Es casi tan peligroso para la moralidad humana despreciar un prejuicio por las molestias que origina, como abandonar una idea verdadera porque sea peligrosa.
La idea verdadera pero peligrosa hoy es que para que este país salga de su estancamiento, detenga su declive y oriente positivamente la energía social que emerge discretamente, debe acontecer un profundo cataclismo en las relaciones entre las elites y la ciudadanía.
Son necesarias la deliberación programática y la movilización social, para desconcentrar el poder y confrontarlo desde la construcción de abajo.
Las movilizaciones y el debate entre las distintas fuerzas que integran la entretejedura de la sociedad en las últimas décadas obedece claramente a la extenuación del modelo oligárquico apoyado por un Estado patrimonialista. Este modelo se marchita respecto del formato central basado en el entendido de que las clases sociales son conjuntos no homogéneos sino heterogéneos y por tanto no obedecen a un principio automático de unificación, y su construcción alternativa son las redes sociales; al discurso de justicia social que se ve cuestionado desde el espacio de la construcción democrática con el reclamo de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, y al concepto de intervención patrimonialista impugnado desde la reivindicación de plena ciudadanía de los distintos agentes sociales.
Es en este contexto que adquiere gran importancia el diagnóstico y las propuestas que han hecho un grupo importante e influyente de economistas y personalidades, entre quiene se encuentran David Ibarra, Rolando Cordera y Cuauhtémoc Cárdenas. Frente al diagnóstico Carstens, proponen cambiar el foco desde el ámbito del hoyo fiscal al del desempleo y subempleo. Sólo a partir de la necesidad de reactivar la economía y las políticas de empleo es que tiene sentido hablar de una reforma fiscal progresiva.
Apenas ayer un reportaje dimensiona en parte la magnitud de este patrimonalismo exacerbado al revisar cómo se podría rellenar el famoso hoyo fiscal de Carstens, afectando los privilegios de los más poderosos. Sólo por regímenes especiales, señala el reportaje, los ingresos totales serían de 465 mil millones, por devolución de impuestos, 480 mil millones y por baja recaudación, 200 mil millones de pesos. (La Jornada, septiembre 18).
Pero el tema central de quienes proponen un nuevo curso de desarrollo
tiene que ver con poner en el centro el combate a la desigualdad y en utilizar como mecanismo básico para ello al Estado.
Hace apenas unos años el Banco Mundial presentaba un amplio estudio sobre la desigualdad en América Latina y subrayaba los efectos que ésta tenía en mantener y ampliar la pobreza al reducirse la tasa de crecimiento de la economía y en enfrentar de peor manera los shocks externos por la misma fragilidad fiscal.
La idea de un Estado de la sociedad postula la necesidad de intervenciones específicas para disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés; porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana buscando rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Convertir la propuesta de un modelo alternativo de desarrollo en una coalición de ciudadanos, fuerzas sociales y partidos con miras a 2012 requiere avanzar como lo planteó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, por la doble vía de las reformas económicas y de las reformas políticas, es decir, de la reforma del poder.
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