Más de 50 líderes sindicales de varios países y miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por los Steelworkers, demandarán a sus gobiernos que retiren sus inversiones programadas para México y apliquen sanciones comerciales a este país, si el gobierno federal no cesa su persecución contra los trabajadores mineros.

En un reporte firmado y difundido por estas organizaciones, señalaron que hay una seria preocupación en el sindicalismo internacional por la tónica de violaciones a los derechos humanos y laborales que hay en México, y por el desprecio oficial a la democracia sindical.

El gobierno mexicano, que se precia de sus acciones contra la criminalidad y el tráfico de drogas, está reprimiendo los derechos de los trabajadores en forma sistemática y, con frecuencia, hasta violenta, plantean estas organizaciones en su informe.

Firman este reporte, entre otros, el vicepresidente de la Secretaría Nacional de Trabajadores Mineros y de Energía de Polonia, Krysztof Lesniowski; el secretario regional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de África del Sur, Paris Mashego; el secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, con sede en Suiza, Jyrki Raina; el líder de la Federación Internacional de Trabajadores de la Química, Energía, Minas y Sindicatos Generales, Manfred Warda, y prácticamente todo el comité directivo de los United Steelworkers..

Luego de su visita a México, esta delegación, integrada también por líderes sindicales de Italia, España, Argentina, Alemania, Perú y muchas otras naciones, a partir de sus encuentros con diversas personalidades involucradas con el tema manifiesta que hay preocupación por la tónica de violaciones a los derechos humanos y laborales en México y por la impunidad sistemática para los malhechores oficiales y corporativos, y porque no se ha prestado la atención necesaria a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en la industria minera y metalúrgica.

La delegación recomienda hacer un llamado al gobierno de México para que se levanten todos los cargos penales pendientes contra Napoleón Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y permitir a éste y a su familia regresar a México libres de acosos; liberar los fondos sindicales; procesar y castigar a las personas responsables de las muertes de los 65 mineros de Pasta de Conchos, ayudar en la recuperación de los cuerpos y compensar a las familias de las víctimas, entre otros.