Guadalajara, Jal., 17 de septiembre. El Consejo Estatal de la Familia (CEF), perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jalisco, niega a Saleta Rodríguez Bañuelos, de 39 años de edad, vivir con sus hijos desde hace dos años. El organismo argumenta que Saleta carece de estabilidad económica, una casa propia y un esposo.

Tal cual: porque no tengo un esposo, dijo. La historia de Saleta es una de al menos 15 similares recabadas por el Colegio Libre de Abogados de Jalisco Tomás López Linares y dadas a conocer este jueves en conferencia de prensa.

Todos los casos tienen un denominador común: el CEF decidió que los niños de esas familias debían vivir lejos de sus parientes, entre otros motivos, porque la mujer no tiene esposo; el marido está en la cárcel, no hay dinero en la familia o ésta vive en una casa rentada. Las autoridades pueden actuar incluso si una monja sin estudios de sicología dice que una madre está dañada de sus facultades mentales. Fue el caso de Saleta.

Hace dos años y medio, Rodríguez Bañuelos y sus hijos, de seis, siete y ocho años, acudieron con la monja Bertha López, responsable de la asociación civil Programa de Apoyo Integral a las Personas Inmunodeprimidas. Una amiga le aseguró que la religiosa ayudaba a madres solteras.

López dejó que la familia entrara a un albergue y le dio a Saleta un frasco con pastillas para la depresión. El decaimiento no pasó; en cambio, Saleta empezó a sentir que su cuerpo reaccionaba lentamente, como si estuviera drogada. Así pasaron seis meses.

Bertha López empezó a decir a Saleta que no era apta para cuidar sus hijos. La mujer escapó del albergue junto con sus hijos y se refugió en casa de una amiga. Días después la policía llegó y se llevó a los niños. Ella recurrió al CEF y, tras varias entrevistas, le dijeron que los niños habían desaparecido.

Cuando Saleta dijo que demandaría a la religiosa, ésta se comunicó al CEF para avisar que los niños estaban en el refugio Estancia de María, en la colonia Álamo Industrial. Cinco meses después la afectada pudo ver a sus hijos, en el albergue, propiedad de una orden religiosa. Y ahí permanecen porque no tengo casa propia, porque no tengo trabajo y porque no tengo un esposo, recordó Saleta.

El ser esposo tampoco importa para el CEF. Es el caso de Jorge Álvarez, padre de Joshua, a quien no ve desde 2005.

En julio de ese año, Jorge fue sentenciado por segunda vez. La primera pasó un tiempo en Puente Grande por un error, como llama al delito del que se niega a hablar. La segunda sentencia vino del Instituto Cabañas, hospicio al que Joshua fue a parar mientras su padre estaba en el penal.

En julio de 2005 el instituto, erigido en juez, dijo que Jorge Álvarez había abandonado a su hijo, que era borracho y drogadicto y una mala influencia. Poco después de haber llegado a Puente Grande le avisaron que había perdido la patria potestad.

Es lamentable y preocupante lo que sucede con el CEF, afirmó Luis Arturo Jiménez, encargado del área de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Las denuncias contra el CEF por casos similares sumaron 19 en 2007, 16 en 2008 y 14 en lo que va de 2009. Es urgente que los implicados en otros casos acudan a la CEDHJ, dijo Jiménez.

El CEF también le quitó una niña de 10 años a la transexual Alondra, pese a que la cuidó desde recién nacida.

El consejo llevó a la menor a un albergue hace tres años. En octubre de 2008, luego que un juez le dio a Alondra la custodia provisional, el organismo la trasladó a otro refugio. Desde entonces la transexual no ha visto a la menor.