La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado (CEM) consideró que para frenar las violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en el país, sobre todo en el acceso igualitario a la justicia, se deben hacer modificaciones a la Ley General de Población (LGP) y a su reglamento.

Rafael Romo Muñoz, encargado de la DPMH, detalló que la petición de la Iglesia católica al Poder Legislativo es que reforme el artículo 67 de la citada ley y el 201 de su reglamento para que los migrantes puedan acceder a la justicia, e incluso a la reparación del daño, ya que, apuntó, existe discrecionalidad en la aplicación de justicia hacia este sector.

Es necesario, explicó, que la circular CRM/189/2007 del Instituto Nacional de Migración (INM), la cual facilita la regulación migratoria de las personas víctimas del delito, por ejemplo de secuestros, o testigos, se incluya en la LGP.

El también obispo de Tijuana hizo un llamado tanto al INM como al Senado a hacer mayores esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, en particular de los centroamericanos, porque en todo el país seguimos documentando violaciones de diversa índole cometidas por autoridades de todos los niveles de gobierno, pero especialmente de las municipales.

Asimismo resaltó que la DPMH tiene interés en participar en el foro sobre secuestros de migrantes que se realizará en las próximas semanas en el Senado.

En conferencia de prensa Romo Muñoz reiteró la preocupación de la pastoral por el “restablecimiento de operativos para detener migrantes. En particular rechazamos enérgicamente los que se han establecido en las vías del tren mientras se encuentra en movimiento o en lugares peligrosos, ya que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes incrementando accidentes y muertes”.

Dijo que la Iglesia católica solicita también que las verificaciones migratorias se realicen con pleno respeto a los derechos humanos, lo que necesariamente excluye el uso de armas o macanas eléctricas, tal como se documentó en Tabasco el 20 de abril de este año, cuando personal del INM ingresó a una ermita de la comunidad El Santuario en Macuspana para detener a migrantes centroamericanos.

En cuanto a las condiciones en las estaciones migratorias, lamentó la corrupción y pidió que los responsables de dichos actos sean inhabilitados. Expresó que se deben “publicar en el Diario Oficial de la Federación las normas de funcionamiento para las estaciones migratorias, lo que mejorará cualitativamente el trato que reciben los migrantes durante su aseguramiento”.