os próximos días mostrará su talante democrático la nueva Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cuando dé a conocer su decisión sobre la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Hasta hoy desconocemos las posturas que existan en la misma en torno a la importancia de la decisión que tomarán de manera perentoria. Sería de-seable que se comprenda que particularmente en este caso debe regir una situación de excepcionalidad respecto de los tradicionales jaloneos e intercambios de favores entre partidos.

En este caso, la presencia de la CDHDF va de la mano del proceso político para democratizar el Distrito Federal, cuya transformación es producto de las luchas sociales en la ciudad y no camina al mismo paso que en otras regiones del país. No es por ello casual la demanda ciudadana respecto de la vigilancia especial hacia el actual proceso de designación de una nueva presidenta o un nuevo presidente, en el cual la transparencia y la autonomía son conceptos claves.

Habría que trascender la tendencia que en las recientes semanas se ha observado en la prensa, y que no parece espontánea, esto es, la insistencia en que la designación debe garantizar la continuidad, y en ello se confunde la evaluación positiva de la gestión que concluye con el supuesto de que la referida continuidad la garantizan quienes dejaron sus puestos dentro de la CDHDF para presentar sus respectivas candidaturas.

No podemos volver ni por asomo a posturas patrimonialistas y de grupo en torno a instituciones que son conquistas ciudadanas. Justamente la buena labor desempeñada se defenderá por méritos propios, que los tiene. Y aquí aprovecho para anotar otro criterio a tomar en cuenta: la indiscutible importancia del diagnóstico primero y el programa de derechos humanos después en el Distrito Federal entrará en su fase crucial, esto es, el monitoreo de su aplicación, en la cual el jefe de Gobierno se ha comprometido.

El reto para la comisión será lograr el pleno involucramiento de la ALDF y el Tribunal Superior de Justicia, manteniendo la mira en la atención prioritaria a la ciudadanía requerida de apoyo ante las posibles violaciones a derechos humanos, las que servidores públicos ejecutan en la calle y más allá de los programas operativos anuales de las diversas dependencias, pues bien sabemos que una comisión de este tipo requiere de una labor que trascienda al observatorio de políticas públicas.

Los próximos tres años serán especialmente sensibles porque estarán inmersos en los inevitables futurismos políticos, así que la ALDF tendrá que seleccionar a una persona cuya autonomía sea plena frente a los partidos y al gobierno en turno, con independencia probada respecto de concesiones otorgadas bajo la amable y sutil presión del poder.

La persona designada debería contar, desde su propuesta como candidata o candidato, con un origen de iniciativa realmente ciudadana. Y subrayo lo de realmente, pues se deberá escudriñar si detrás de siglas desconocidas que aparezcan como respaldo existe un sólido trabajo previo. Vaya, dejémoslo simplemente en que existan.

En lo personal firmé una de las cartas de académicas y académicos que junto a decenas de organizaciones respaldamos la candidatura de Edgar Cortez, y lo hice tomando en cuenta los criterios sugeridos arriba. Conozco su trabajo en la defensa y promoción de derechos humanos, en especial cuando desde su papel de director del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos apoyó activamente el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y posteriormente con el área de defensa de ese centro promovió algunas de las 330 controversias indígenas ante la Suprema Corte de Justicia. Su trayectoria le ha ganado respeto en las redes sociales y de derechos humanos. Lo he observado actuando y decidiendo sin protagonismos, dando su lugar al trabajo de sus colaboradores sin dejar de lado su responsabilidad de dirección. Desde la Red Todos los Derechos para Todas y Todos tiene presencia en los principales foros interamericanos, como es la CIDH, e internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Realiza su labor con firmeza y es capaz de conciliar sin dejar de lado los principios.

Valoré su determinación al fijar postura en la polémica sobre el plantón de 2006 en torno a la prevalencia del derecho a la libertad de expresión y manifestación por encima de la libertad de los automovilistas para cruzar avenida Reforma, cuestión muy distinta a la libertad constitucional de tránsito por territorio nacional. Postura en la que, por cierto, mantuvo un criterio distinto al que expresó el actual presidente de la Comisión del Distrito Federal.

En dos semanas tendremos ocasión de conocer los criterios e intereses que prevalecerán en la ALDF al decidir la presidencia de la CDHDF, y con ello tendremos su primer retrato de familia.