Senadores y diputados del PRI afirmaron que el PAN no debe buscar fuera las causas de su derrota, porque éstas se encuentran fundamentalmente en el mal gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Si quiere poner orden en los estados debe empezar en casa, con los gobernadores panistas, que sí son señores feudales, porque interfirieron en los procesos internos, impusieron candidatos y avasallaron a sus militantes.

Que César Nava vea la viga en su ojo y la atienda, señaló el senador Fernando Castro Trenti, en respuesta al decálogo aprobado por el PAN para detener el avance del PRI en las elecciones presidenciales de 2012, en el que se incluye como objetivo frenar a los señores feudales del tricolor.

El diputado Carlos Flores Rico, dirigente del Movimiento Territorial priísta, aseguró que si los panistas perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados y cinco de las seis gubernaturas en disputa el 5 de julio pasado fue porque hacen malas campañas, seleccionan autoritariamente a los candidatos, que generalmente son sus cuates, y éstos son muy malos. Si quieren tener éxito electoral, primero deben vencer sus errores.

Cuestionó: ¿cómo quería ganar el PAN, si tiene al país sumido en la más profunda crisis de la historia? Los panistas no han sabido cumplir una sola de sus promesas. No entienden de economía, no saben de seguridad, no comprenden la política, niegan la historia del país y sus dogmas escolásticos les impiden escuchar al futuro. Cuando logren vencer cualquiera de esos retos, que me despierten.

Su compañero Sami David, coordinador de los diputados del sector popular priísta, afirmó que los panistas pierden elecciones porque, además de pésimos conductores de la economía, no conocen la historia del país y son rebasados por su propias creencias y su doble moral.

Castro Trenti consideró que si en su decálogo los panistas sostienen que no encubrirán la impunidad, antes deben empezar por todos los casos alrededor de ellos, que fueron motivo de diversas denuncias en las campañas políticas.

También, expuso, los panistas deben evaluar el desempeño y comportamiento de funcionarios públicos en el gobierno federal que, aseguró, han sido señalados no necesariamente por apegarse a la ley.