La meta de alcanzar la cobertura universal en salud en 2011, principalmente entre los más pobres del país, está condicionada a la aprobación de la iniciativa de ley que propuso el gobierno federal para establecer un impuesto de 2 por ciento al consumo de todo tipo de bienes y servicios.

Parte de los recursos obtenidos por esa vía se destinarían a financiar la extensión del programa de Caravanas de la Salud, unidades móviles que periódicamente ofrecen servicios básicos de prevención y atención de enfermedades a quienes viven en localidades marginadas, dispersas geográficamente y de difícil acceso.

Otra fracción del dinero se aplicaría al pago del componente de salud que, dentro del Seguro Popular, recibirían los 7 millones 700 mil nuevos beneficiarios de Oportunidades el próximo año. Así lo señala la exposición de motivos del proyecto enviado a la Cámara de Diputados.

Aunque el Ejecutivo planteó que los recursos obtenidos por el nuevo gravamen se aplicarían en beneficio de los mexicanos más pobres, para la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en realidad el impuesto generará inflación y se profundizará la desigualdad social.

Más daños

Daniela Díaz, investigadora del organismo civil, refirió los datos aportados recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según los cuales, entre 2006 y 2008 la cifra de pobres aumentó en 4 millones de individuos. En parte se debe a los gastos catastróficos que enfrentan para la atención de sus enfermedades. Una nueva carga impositiva sería en perjuicio de la ya mermada economía de las personas, indicó.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, la contribución de 2 por ciento al consumo de bienes y servicios permitiría que quienes se incorporen a Oportunidades también tengan garantizado el acceso a servicios médicos.

Lo anterior, aunado a la eventual aprobación de la reforma a la Ley General de Salud para que el dinero del Seguro Popular que se transfiere a los estados, se calcule en función del número de personas afiliadas y ya no por familias, hará posible alcanzar la cobertura universal de salud antes de 2012, dice la iniciativa para normar la contribución al combate contra la pobreza.

Señala que otro de los beneficios sería la ampliación del programa Comunidades Saludables, el cual promueve en los municipios, a través de acciones que aumentan la conciencia pública sobre salud, propician estilos de vida sanos y estimulan la participación social en favor de una mejor calidad de vida. Esta estrategia crecería 68.1 por ciento en términos reales, pues dispondría de 115.3 millones de pesos.

Sobre el programa de Caravanas de la salud, el proyecto plantea que tendría un incremento de 18.2 por ciento en su presupuesto. Aumentaría en 760.7 millones de pesos.

También el Sistema Integral de Calidad en Salud se incrementaría 55.7 por ciento en términos reales, unos 188.8 millones de pesos. La exposición señala que por esta vía se avanzaría en las acciones encaminadas a garantizar la calidad de la atención médica, en particular en el abasto oportuno de medicamentos y en las bondades de la gestión de los servicios de salud.