Sólo una de cada cinco entidades federativas cuenta con medidas puntuales de prevención y reducción de riesgo en caso de desastres, y apenas 10 cuentan con atlas de riesgos; es decir, una guía integral de acciones financieras y técnicas para hacer frente a contingencias.

A escala nacional, el gobierno federal destina recursos no sólo para atender los efectos de un huracán o de una erupción volcánica, sino para un nuevo brote del virus de influenza A/H1N1, a través de una reserva estratégica de fármacos e insumos médicos.

La influenza ha ingresado a la lista de situaciones de contingencia así como a las previsiones en gasto, e incluso en el uso del tiempo oficial en medios de comunicación.

Entre el 24 de abril y el 30 de mayo de 2009 (el periodo más crítico de la epidemia) fueron transmitidos más de 2 millones de mensajes en radio y televisión para mantener informada a la población sobre la emergencia sanitaria.

Gobernación activó los programas de continuidad de operaciones de las dependencias, así como acciones preventivas ante la amenaza de un nuevo brote del virus, apunta el tercer Informe de la administración calderonista.

México cuenta con un fideicomiso de 47 mil millones de pesos como reserva para hacer frente a situaciones de desastre.

A esa bolsa deben ir los remanentes de recursos no ejercidos (para la atención de emergencias), así como aportaciones que precisa la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esos recursos se utilizarían, por ejemplo, para atender a la población damnificada e iniciar los trabajos de reconstrucción en caso de un gran desastre provocado, por ejemplo, por un terremoto.

Aunque el objetivo en 2009 es fortalecer acciones preventivas, persisten los rezagos a nivel local.

Al cierre del sexenio foxista, sólo seis entidades contaban con atlas de riesgo y, actualmente, 10; para el cierre de 2009 se espera que 15 gobiernos estatales tengan esa herramienta.

En tanto, sólo 20 por ciento de los ayuntamientos incluyen medidas preventivas para la reducción del riesgo de desastres, mientras apenas ocho entidades (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo) cuentan con un censo de equipo e infraestructura (con información disponible en Internet).

El Informe no detalla qué estados y municipios tienen mayores avances o rezagos; sólo menciona que han sido revisados (respecto a opciones para determinar peligros y sistemas de información geográfica) los atlas de riesgos de Campeche, Nayarit, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán. En tanto, se apoyó a Coahuila en la planeación y detección de necesidades para la elaboración de su atlas.

Sobre la cooperación internacional, el informe de Protección Civil precisa que en diciembre pasado el gobierno mexicano participó en un simulacro conjunto para la reanudación de flujos en la frontera México-Estados Unidos, en el que participaron las oficinas de aduanas para mejorar los procedimientos de reinicio de actividades después de un escenario catastrófico.