a llegada a Petróleos Mexicanos de Juan José Suárez Coppel, quien hasta hace poco fue vicepresidente de finanzas del Grupo Modelo, tesorero corporativo de Televisa, y director de derivados de Banamex, instala una situación de franca captura en nuestra paraestatal. La captura del Estado es una manifestación estructural de la corrupción que implica la institucionalización de los conflictos de interés y la determinación de normas y políticas de gestión estatal por parte de poderosos grupos económicos. Esto muchas veces se reviste de legalidad procedimental pero, como en todo caso de corrupción, auspicia la desviación de recursos públicos para servir intereses privados.

Hace menos de un año, Suárez Coppel fue rechazado por todas las fuerzas políticas como consejero profesional en el consejo de administración debido a su cercanía con Francisco Gil Díaz y las graves acusaciones de corrupción que existen en su contra. Desde sus tiempos como director de finanzas de Pemex, el nuevo director general destacó por haber asignado sin que mediara proceso de licitación alguno más de una treintena de contratos millonarios que beneficiaron a consultores vinculados al poder y a empresas trasnacionales como Oceanografía, Blue Marine, Pricewaterhouse Coopers y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, entre otras.

Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública han señalado que Suárez Coppel está implicado en una poderosa red de tráfico de influencias operando en el interior de Pemex, que incluye entre otros al actual director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, quien destacó por haber defendido la legalidad de los contratos celebrados con la empresa Ivancar, de la familia Mouriño.

Otros participantes de esta red de complicidades son también el actual senador panista Juan Bueno Torio, quien debido a su cercanía con Martha Sahagún y los hermanos Bribiesca Sahagún fue premiado con el jugoso cargo de director de Pemex Refinación entre 2003 y 2006; Pedro Carlos Gómez Flores, ex subdirector de almacenamiento y distribución de la paraestatal; los mismos predecesores de Suárez Coppel en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox: Rogelio Montemayor Seguy, Luis Ramírez Corzo, y el mismo señor Pemexgate Raúl Muñoz Leos, quien de acuerdo con los informes de la ASF provocó un quebranto a la paraestatal por más de mil 700 millones de pesos.

Además de estas historias de corrupción e impunidad que manchan la trayectoria del nuevo funcionario, tampoco puede aducirse que Suárez Coppel sea muy eficaz en el manejo de las variables financieras. Como director de derivados de Banamex provocó pérdidas millonarias al banco hoy controlado por Citibank. Asimismo, como director de finanzas de Pemex fue el responsable del fracaso de la inversión en un fondo que supuestamente buscaba inversiones con fines ambientales manejado por el North America Environmental Fund y el Environmental Organizational Partnership, que dejó pérdidas por más de 3 millones de dólares.

Habría que recordar que la reforma a Pemex del año pasado de ninguna manera cancela la posibilidad de conflictos de interés, ni aleja las tendencias privatizadoras. La nueva Ley de Petróleos Mexicanos crea un régimen de excepción que de manera anticonstitucional excluye al Congreso de la Unión de la vigilancia de las adquisiciones más importantes de la empresa. Ni la Ley de Adquisiciones, ni la Ley de Obras Públicas se aplican para las compras en las áreas sustantivas de la paraestatal. Asimismo, el artículo 57 de la Ley de Pemex permite la utilización de figuras como la adjudicación directa y la invitación restringida para una serie de rubros clave como, por ejemplo, todos los servicios de estudios de ingeniería, servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación.

El colofón es que todavía hoy Pemex no ha implementado la nueva ley en la materia, sino que sigue operando bajo las reglas aún más laxas para compras contenidas en la ley anterior. Las autoridades simplemente se han negado a aprobar la nueva reglamentación en la materia, lo que abre un gran margen de discrecionalidad que seguramente será aprovechado por el nuevo director general y su amplia red de amigos y cómplices.

Con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública la tarea de vigilancia de la paraestatal será aún más difícil. La única tenue esperanza se encuentra en los nuevos consejeros profesionales. En particular, habría que seguir muy de cerca el desempeño de los comités del consejo de administración en materia de transparencia y rendición de cuentas; adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios; y auditoría y evaluación del desempeño. Hasta la fecha estos comités han hecho muy poco para transformar el modus operandi de la empresa, pero si existiera voluntad y determinación de parte de los consejeros ellos tendrían la posibilidad de cambiar las cosas. Hoy más que nunca tendrían que recordar que son representantes de la ciudadanía y rechazar la tentación de fungir como escuderos de los poderes fácticos y el Poder Ejecutivo.

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción, de la UNAM; [email protected].