Política agrícola y el campo mexicano
A tres años del gobierno de Felipe Calderón

FOTO: José Carlo González / La Jornada

Rita Schwentesius Rindermann

En 2002, El Banco Mundial llegó a la conclusión de que “se puede decir que este sector [rural] ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el Acuerdo General Sobre Aranceles y Tarifas, GATT, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la eliminación de controles de precios y la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes (subrayado por los autores): estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural (...) Esto plantea un importante problema de política, debido a que a partir de 2008, el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos” (Informe 23849-ME, del 23 de abril de 2002, páginas 12 y 13, http://bancomundial.org.mx/pdf/EAP_Documento_Principal.pdf).

A pesar de esta advertencia, la situación no solamente no se ha cambiado sino está peor que a principios del siglo. México carece de un modelo de desarrollo rural y de una estrategia agroalimentaria de largo plazo para revertir la situación.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) actúa como si estuviera situada en una isla lejana a la realidad mexicana. Expresión de ello es un divorcio total del Legislativo, y también de las organizaciones de productores y demás agentes del campo. Es por ello, que muchas leyes, entre ellas las de Desarrollo Rural Sustentable y de Productos Orgánicos, todavía no cuentan con sus respectivos reglamentos y no operan en la realidad. Los sistemas-producto que se han instalado, aparentemente conforme a la ley, son órganos únicamente de “carácter consultivo, no deliberativo, (….) debido a ello es importante aclarar, que no necesariamente se tiene que acatar (por parte de la Sagarpa) alguna decisión que se deriva del Consejo”, como dijo Antonio Ruíz, subsecretario de Desarrollo Rural, citado en la minuta del Consejo Nacional de Producción Orgánica, del 24 de septiembre de 2008.

Hay que considerar que la última “A” de Sagarpa corresponde oficialmente a “Alimentación”, pero su estructura institucional sigue en construcción después de nueve años, y en su lugar opera la Subsecretaría de Agronegocios.

El proceso de planeación hacia el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial Agropecuario, el Programa Especial Concurrente y las Reglas de Operación se orientan con mucho énfasis hacia el excesivo centralismo de la Sagarpa. Algunos de los resultados son marginación de muchos actores; concentración del presupuesto en pocos productores y pocas regiones; subejercicio en el presupuesto; excesiva burocracia y falta de transparencia; entre otros.

Cuando por alguna razón se propone una nueva medida que se sale del marco general del modus vivendi de la Sagarpa se impone la burocracia, desviando el objetivo por lograr impactos positivos sobre el medio rural, hacia la preocupación por el tamaño de los logotipos y letras en los gafetes para los eventos propuestos. Dice la Quinta Ley de Parkinson: Si existe una manera de retrasar una decisión importante, una burocracia eficaz, publica o privada, la encontrará

FOTO: Jesús Villaseca / La Jornada

La máxima expresión de la política agrícola sin rumbo es el Procampo. El esquema de este subsidio fue diseñado originalmente en Europa, que en los años 80s se sintió aplastada por montañas de sobrantes de granos, cárnicos y leche. Su objetivo fue: ya no estimular una mayor producción, pero garantizar un ingreso digno a los agricultores. No obstante, México, un país con déficit en la producción, falta de infraestructura y servicios, pobreza extrema, restricciones presupuestales, etcétera, no debería darse el lujo de entregar solamente un cheque a los que sembraron granos alrededor del año 1993 y con la explícita indicación (en la hoja verde) que lo puedan utilizar para cualquier fin. (El Banco Mundial está convencido de que los campesinos mexicanos dejan su cheque en alguna cantina). Es hora de dignificar el Procampo. No solamente deben corregirse las desigualdades en la entrega de estos recursos, sino que éstos deben utilizarse para atender problemas estructurales del campo, para terminar con la miseria, y para el fomento productivo y ambiental.

Pero la realidad es que para el fin de sexenio no se pueden esperar cambios sustanciales. No solamente falta un proyecto de nación y una visión a largo plazo, sino también coherencia entre las acciones y objetivos de los diferentes agentes y grupos involucrados (gobiernos federal, estatal y municipal; productores, organizaciones, industriales, comerciantes, académicos, etcétera). En ese contexto, el “bajar recursos” se ha convertido en un objetivo en sí para todos aquellos agentes con capacidad de cabildeo y/o presión, pero sobre todo para los conformes.

El ambiente es poco propicio para que propuestas viables alternas encuentren tierra fértil para su realización. Una de ellas, formulada por el Senado y algunas organizaciones de productores (del PRI), es transformar la Subsecretaría de Reforma Agraria en una secretaría de reforma agraria y desarrollo rural. Esta reforma tendría, por lo menos, la ventaja de etiquetar recursos presupuestarios para la gran mayoría que vive en el campo y que son los más pobres.

FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

La capital, pionera en legislación para la seguridad alimentaria

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, aprobada apenas el 20 de agosto pasado, es la primera en su tipo en México, y estipula entre otros mandatos la creación de un Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del DF; que el Ejecutivo de la entidad asuma la responsabilidad en la planeación, presupuestación y ejecución de acciones para asegurar la protección alimentaria y nutricional de toda la población, y que los sectores público, social y privado participen en la toma de decisiones, en la programación y ejecución de acciones y en la evaluación y actualización de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria.

Esta legislación, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa del DF, surge un mes después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) diera a conocer el avance de la pobreza en México entre 2006 y 2008, avance atribuido fundamentalmente al encarecimiento de los alimentos: el número de pobres alimentarios –a quienes sus ingresos no alcanzan siquiera para la canasta básica de alimentos– se elevó de 14 millones 428 mil a 19 millones 459 mil, y 12.2 millones de ellos están ubicados en áreas rurales. Y los pobres de patrimonio –sin capacidad para cubrir sus gastos de salud, alimentación, educación, vivienda, vestido y transporte– aumentaron de 44 millones 678 mil a 50 millones 551 mil. Esta agudización de la pobreza representó un quiebre en la tendencia a la baja que había presentado desde 1996, según la estadística del Coneval.

La nueva ley argumenta entre otras cosas que en el DF hay 462 mil 312 personas, o 110 mil familias, con distintos grados de inseguridad alimentaria y que 47.3 por ciento de la población habita en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación; que el modelo económico genera inestabilidad social y territorial, así como conflictos de intereses ligados al control que ejercen las grandes empresas sobre el mercado de los insumos agrícolas y de los alimentos, y que en un mundo globalizado resulta estratégico salvaguardar la seguridad nacional.

También dice que en el país la inseguridad alimentaria tiene su base en los desequilibrios internos “que han sobrepasado sus límites tradicionales”, y abarca ya no sólo los espacios rurales más empobrecidos, sino también en grado creciente, a los urbanos, lo cual “provoca tensiones de mayor explosividad al tratarse de una población más concentrada, politizada e informada (...)”. Y que los gobiernos recientes del DF han venido enfrentando el reto de mejorar las condiciones de vida de la población en un marco nacional de economía inestable y crecimiento nulo.

La nueva ley da un paso adelante sobre la legislación nacional, no obstante los intentos que en el Congreso se han hecho, en particular el proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, presentado desde 2005 en la Cámara de Diputados –y hoy congelada su minuta en el Senado–, que buscaba establecer una “política de Estado con la participación de la sociedad civil organizada, para lograr y mantener la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional de la Nación, que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de todos los mexicanos”.

El Informe sobre avances en el derecho a la alimentación de México –elaborado para la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– destaca que la pobreza y la desnutrición ocurre con más agudeza en las zonas rurales y en el sureste del país. Señala que superar los rezagos sociales de acuerdo con los compromisos del milenio resulta cada vez más difícil porque la pobreza se complica con las crisis alimentaria, económica y climática.

Precisa que la pobreza patrimonial, de capacidades y alimentaria se acentúa particularmente en los estados de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero, lugares donde la prevalencia de la desnutrición infantil es de 72.9 por ciento.

Y menciona que la política social está “poco articulada con las políticas dirigidas al mejoramiento del ingreso, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de éxito de las acciones sociales del gobierno”.

Falta de reconocimiento. A pesar de ello –y de que México ha venido signando tratados e instrumentos internacionales que protegen el derecho a la alimentación como un derecho universal, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996– este derecho no goza en el país de una consolidación institucional y carece de un real reconocimiento en el marco legal.

Jaime Cárdenas, diputado electo del PT y catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participó en un seminario sobre el tema que organizó el Congreso en diciembre pasado. Allí afirmó que entre las razones por las cuales el derecho a la alimentación no se legisla es porque el modelo neoliberal predominante “concibe exclusivamente como mercancías a los satisfactores de las necesidades básicas (salud, alimentación y educación) de los mexicanos y no como elementos que satisfacen aquéllas y que dan origen a derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación, que tiene que ver con la realización de otros derechos, como son el de libertad, dignidad y autonomía de las personas”.

Y aunque el derecho a la alimentación sea universal y esté en tratados internacionales, en México este derecho (y en general los económicos, sociales y culturales) “no tienen desgraciadamente los mismos mecanismos de protección de los derechos civiles y políticos”; estos últimos pueden por ejemplo resguardarse jurídicamente mediante el juicio de amparo y los primeros carecen de esta posibilidad (Lourdes Edith Rudiño).