a crisis energética estadunidense, en particular la del estado de California, y las duras normas ambientales de ese país encontraron en tierra bajacaliforniana la posibilidad de solucionar sus necesidades de energía. De esta manera se entregaron concesiones, territorio, activos, costas y recursos de Baja California a compañías trasnacionales para instalar plantas de generación eléctrica y regasificadoras con el objeto de abastecer los requerimientos energéticos de Estados Unidos en California. Sin regateos ni recato los gobiernos de Vicente Fox y Eugenio Elorduy facilitaron las políticas para convertir nuestro estado en el cuarto de máquinas del coloso del norte.
Se entregaron así concesiones que permiten la instalación de plantas de generación de energía en territorio mexicano para exportar su producción eléctrica al sur de California. Al mismo tiempo, las costas bajacalifornianas han sido entregadas en concesión a las mismas trasnacionales responsables del fraude energético en California, para que monten plantas regasificadoras, donde almacenen gas natural licuado (GNL) cuyo destino será el sur de Estados Unidos, lo cual generará daños al sistema ecológico regional y pondrá en riesgo la soberanía nacional, la salud y la seguridad física de los habitantes de Baja California.
Durante el sexenio de Fox se entregaron siete permisos para instalar plantas de generación eléctrica de exportación con capacidad de producción de 3 mil megavatios y cuatro permisos para instalar depósitos de almacenamiento de gas natural licuado en territorio y costas bajacalifornianos, cuyos productos finales son para abastecer la demanda de la California estadunidense. Las empresas beneficiadas con estas concesiones son: Sempra Energy-Shell, Chevron, Maraton Oil y Phillips Petroleum. En conjunto los proyectos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía pueden generar utilidades de 600 millones de dólares al año.
Hoy que se habla de falta de liquidez presupuestal cabría preguntar por qué un negocio tan rentable fue entregado a manos extranjeras y no a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad.
Es ridículo suponer que las plantas extranjeras surtirán el mercado nacional. Al contrario, atenderán las necesidades de California, cuya sola economía es la quinta más grande del mundo. Pero como las regulaciones ambientales californianas impiden a los corporativos envenenar impunemente es mejor una zona de amortiguamiento donde se pueda arriesgar, ensuciar, descargar, desechar y almacenar energéticos. Y si a estos siniestros intereses se añade la complicidad de gobernantes, más propios de una república bananera, el negocio es redondo.
Desde que se empezó a producir este boom de construcción de plantas energéticas y almacenamiento de gas en Baja California quedó claro que durante el gobierno de Eugenio Elorduy se implementó un esquema para favorecer a Sempra Energy, lo cual le permitió instalar su regasificadora sobre las demás competidoras.
Este corporativo privado informó que estaría en condiciones de recibir y distribuir 365 mil millones de pies cúbicos de gas al año, que es igual a 10 mil 335 millones de metros cúbicos y representa la tercera parte del consumo anual en gas natural de nuestro país, representando 1.6 por ciento del consumo estadunidense anual. Es decir, Sempra Energy, utilizando el territorio de Ensenada como cochinero, estaría en condiciones de surtir 10 por ciento de lo que provee Canadá al país del norte.
Con este jugoso negocio el gobierno de Elorduy puso a disposición del consorcio trasnacional todo el aparato del Estado para hacer lo necesario a fin de que esta empresa fuera la usufructuaria y beneficiaria de este gran mercado. En el colmo de la burla y la violación de cualquier disposición legal permitió que las fuerzas del Estado desalojaran a propietarios de los terrenos, que la Sempra Energy se ha tratado de apropiar mediante compras fraudulentas.
Ramón Eugenio Sánchez Ritchie fue acusado de despojo de su propio terreno, que supuestamente Sempra Energy adquirió el 31 de enero de 2006, mediante una operación de compraventa a Elodia Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre de 2004. Parece mentira, pero así es, y lo más lamentable es que el Estado se preste a estas maniobras. Cabría preguntar, ¿esta actitud facciosa del gobierno de Elorduy fue sólo por insensibilidad o mala fe? Lo triste es que el ciudadano se entere no sólo del dolo, sino de que hay intereses reales, como los de la hija del ex gobernador: Erika Elorduy Blackaller, quien ha sido representante de DGN Servicios, S de RL de CV, empresa asociada de Sempra Energy en negocios energéticos. Es decir, el gobierno al servicio de intereses familiares.
Hoy existe un conflicto que parece tendrá un escalamiento mayor y de carácter internacional. El reparto de espejitos, limosnas y caridades de Sempra Energy no podrá esconder el conjunto de arbitrariedades, daños y perjuicios cometidos en contra de ciudadanos bajacalifornianos, en colaboración y complicidad con el ex gobernador del estado, Eugenio Elorduy.
