l avance de la informática abre la posibilidad de procesar volúmenes de datos, inimaginable hace pocas décadas. Esta posibilidad depende, sin embargo, de que se recoleccione información fidedigna y correctamente clasificada. El resultado de los datos procesados refleja fielmente la calidad o falta de calidad de los datos originales. Cierto manejo de éstos permite además manipularlos y hacer muy difícil su interpretación.
Actualmente deberíamos poder saber exactamente qué pasa con las condiciones de salud de la población, cuáles son los recursos disponibles para prestar los servicios y cómo se usan y distribuyen estos recursos, incluyendo el presupuesto público. Pero tal parece que cada día esta información es más inaccesible y opaca. No nos ayuda a comprender la realidad y a actuar sobre ella.
La Secretaría de Salud tiene la obligación legal de recolectar y hacer pública la información sobre la salud y los recursos destinados a ésta y ponerla a disposición del público. Actualmente, la información disponible en la página web (www.sinais.salud.gob.mx) de esta secretaría se ha restringido gravemente o se requiere de una tecnología sofisticada para verla. Muestra, además, contradicciones flagrantes. Por ejemplo, nos reporta que entre 2006 y 2007 hubo un incremento de 36 hospitales y 4 mil 702 camas. Si así fuera, ¿no nos hubiéramos enterado de que se abrieron 36 hospitales con un promedio de 130 camas? Otro ejemplo es que se dan indicadores
y no se señala cómo se calcularon y con base en qué datos. ¿Cómo interpretar entonces una variación inusual en los datos? El Seguro Popular ha dejado de informar trimestralmente sobre sus resultados y el uso de sus recursos, porque los diputados olvidaron incluir este tema en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2009.
Simultáneamente, con este retroceso en la información normal se elogia la aprobación de la Ley de Transparencia como gran avance democrático. Cuando uno trata de acceder a la información pública mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se manifiesta el cinismo de las dependencias federales. Tienen 20 días hábiles para responder y casi sin excepción piden prórroga de otros 20 días. Agotado el plazo, la suelen declarar inexistente, reservada o dan información parcial o equivocada. Un solicitante incansable presenta entonces un recurso de revisión ante el IFAI, que tiene 50 días hábiles para resolver. Cuando salga la resolución habrá que esperar otros 20 días hábiles para la entrega de la información; o sea, un proceso de casi medio año. En el caso de la Secretaría de Salud, el IFAI ha resuelto, en 60 por ciento de los casos, que debe entregar la información. Lo grave es que la ley no prevé sanciones para los funcionarios negligentes que de esta manera pueden ocultar información o encubrir irregularidades, por ejemplo, en el ejercicio del presupuesto público, sin ningún castigo.
El solicitante puede presentar la información liberada
en caso de irregularidades ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que proceda a sancionar a los funcionarios, no por la demora en la entrega de la información, sino por las violaciones a la legislación de la administración pública. Y empieza un nuevo ciclo de omisiones y encubrimientos. Tal es el caso del presunto desvío de recursos por cerca de mil millones de pesos para la afiliación individual y los módulos de enrolamiento
del Seguro Popular (Exp. 15-2007, SFP) en los tiempos de Juan Antonio Fernández Ortiz, ex presidente de Amigos de Fox. Este mismo funcionario fue inhabilitado por 10 años por haber usado recursos públicos en un viaje personal a Singapur y Hawai, pero la SFP perdió
el juicio y él quedó sin sanción alguna.
A siete años de la aprobación de la Ley de Transparencia hay oscuridad en la información para el público y los investigadores. Tan sólo las instituciones públicas de salud tienen cerca de seis millones de expedientes reservados
, sin incluir los de información personal, de los cuales 650 mil han sido desclasificados por la intervención del IFAI.
Esta situación repercute en el conocimiento sobre la realidad de salud en el país, objeto de la investigación de salud pública y de servicios de salud. De esta forma, se dificulta a los investigadores contribuir a la discusión y a la solución de problemas muy importantes para la salud de la nación. Por otra parte, esta opacidad en la información impide que los ciudadanos den seguimiento al uso de los recursos públicos, o sea, los impuestos pagados por ellos.
