Nueva York, 3 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos, tal vez el último integrante de la comunidad interamericana en hacerlo, canceló hoy parte de su asistencia exterior a Honduras al concluir que lo ocurrido fue un golpe de Estado, y advirtió que no aceptaría los resultados de una elección presidencial bajo las actuales condiciones en ese país.

“Hoy nuestra acción es enviar un mensaje muy claro al régimen de facto: su estrategia no funcionará”, explicó el vocero del Departamento de Estado Philip J. Crowley, quien explicó que esa estrategia “de buscar hacer correr el reloj sobre el periodo del presidente Zelaya es… inaceptable. Ha llegado el momento para que todas las partes firmen el acuerdo de San José”.

Aunque una vez más la secretaria de Estado evitó calificar de manera legal y oficial que el secuestro y expulsión del presidente constitucional de Honduras fue un golpe de Estado militar con lo cual, bajo la ley aquí, se tendría que cancelar casi toda la asistencia al país centroamericano, ordenó que se aplicarán las sanciones.

Firme mensaje del Departamento de Estado

El Departamento de Estado anunció hoy tres medidas en lo que altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama consideran un firme mensaje: cancelación de toda asistencia estadunidense no humanitaria, revocación de las visas de integrantes identificados del gobierno de facto de Honduras, y el aviso de que Washington no reconocerá el resultado de una elección presidencial en ese país bajo las condiciones actuales.

Este anuncio se difundió poco después de una reunión entre el presidente Manuel Zelaya y la secretaria de Estado Hillary Clinton en Washington, en un contexto donde los llamados de líderes del hemisferio junto con diversos políticos demócratas y organizaciones dentro de Estados Unidos han intensificado la presión para que el gobierno de Obama se sume al consenso internacional para romper relaciones y aplicar sanciones al régimen golpista.

“La secretaria de Estado ha tomado la decisión, consistente con la legislación estadunidense, reconociendo la necesidad de medidas firmes a la luz de la continua resistencia a la adopción del acuerdo de San José por el régimen de facto y el continuo fracaso en los intentos por restaurar el orden democrático, constitucional en Honduras”, afirmó en una declaración el vocero Ian Kelly.

Así, se anunció la cancelación de una amplia gama de asistencia al gobierno hondureño como resultado del golpe de Estado del 28 de junio.

La restauración de la asistencia cancelada será predicada sobre un retorno al gobierno democrático, constitucional, en Honduras, afirma el comunicado. A la vez, informa que se han identificado miembros individuales y promotores del régimen de facto cuyas visas se están revocando. Sin embargo, el Departamento de Estado rehusó divulgar sus nombres.

El Departamento de Estado declaró que las elecciones programadas para noviembre no sólo tienen que ser imparciales, transparentes y con acceso pleno a todo ciudadano, sino que tendrán que estar basadas en una conclusión positiva del proceso Arias para ser legítimas. En este momento, no podríamos apoyar el resultado de las elecciones programadas, afirmó.

Con todo esto, parecería que se define la posición estadunidense hasta ahora algo esquizofrénica, donde por un lado Obama declaraba lo ocurrido como un golpe de Estado y demandaba el retorno del presidente constitucional, mientras que su secretaria de Estado evitaba ese término y esa demanda de manera explícita.

Sin embargo, el anuncio de cancelar la asistencia en los hechos es sólo la formalización de la suspensión de la asistencia no humanitaria ya anunciada por el gobierno de Obama poco después del golpe de Estado. Por otra parte, aunque las medidas tienen la intención de enviar un mensaje inequívoco de que un golpe de Estado tendrá severas consecuencias en cualquier país, y que Estados Unidos, junto con la comunidad interamericana, está sentando un precedente con esta respuesta, según comentaron altos funcionarios del gobierno hoy en una teleconferencia con reporteros, las medidas no fueron las más fuertes posibles.

Por un lado, y en contraste con la mayoría de los gobiernos americanos y europeos, Washington mantiene a su embajador en Tegucigalpa. Además, el gobierno de Obama no ordenó el congelamiento de bienes de los golpistas en este país, como lo habían solicitado el propio Zelaya y otros gobiernos y políticos aquí.

Por otro, aunque la cancelación de asistencia es por unos 30 millones de dólares –altos funcionarios detallaron que incluyen unos 9.4 millones en asistencia de la USAID, casi 8.7 millones en fondos de seguridad y militar, 1.7 fondos de seguridad y 11 millones en fondos del Fondo del Milenio (este último aun por aprobarse formalmente)– continuarán fluyendo unos 70 millones en fondos clasificados como asistencia humanitaria.

Durante los más de dos meses de respuestas ambiguas del gobierno de Obama al golpe de Estado en Honduras, se fue creando una especie de vacío político en Washington que fue oportunamente explotado por varios legisladores republicanos conservadores en alianza con influyentes cabilderos y abogados estadunidenses que fueron contratados por los golpistas para promover su caso aquí.

Estos repetían el argumento de los golpistas de que habían defendido la democracia en Honduras a través de la expulsión legal de Zelaya y rescatando así al país de las garras de Hugo Chávez y sus aliados de los países de la Alba.

Lanny Davis, prominente cabildero, ex asesor de Hillary Clinton y abogado de su esposo cuando era presidente, fue contratado para representar a empresarios hondureños que apoyan el golpe, lo cual generó sospechas de que la secretaria de Estado estaba obrando por un camino diferente al de su jefe, el presidente, en torno a Honduras.

Ante esto, algunos legisladores demócratas y organizaciones civiles intensificaron su crítica a la respuesta del gobierno y sobre todo de Clinton, a la crisis en el país centroamericano. Algunos advertían que Honduras podría ser el punto que determina si la política exterior de Obama cumplirá con su promesa de abrir un nuevo capítulo en las relaciones con América Latina.

Hoy, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Howard Berman, publicó un artículo en Los Ángeles Times en el cual expresó la urgencia de que el Departamento de Estado califique de manera legal lo ocurrido en Honduras como un golpe de Estado, ya que eso podría afectar el curso de la democracia en el hemisferio occidental. Consiguió, pero sólo en parte, lo que deseaba esta mañana.

Aunque para voces ultraconservadoras como Ileana Ros-Lehtinen el anuncio de hoy fue un error que podría perjudicar a la democracia en el hemisferio, para otros no fue suficiente. El Departamento de Estado está respondiendo a la presión, pero aún no está claro si el gobierno de Obama busca seriamente sacar al régimen golpista, al que continúa apoyando con asistencia militar y económica, afirmó Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington. Aún hay un buen monto de dinero que no es asistencia alimentaria o cualquier cosa que los pobres necesitan que sigue fluyendo a la dictadura, concluyó.