La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, bajo la conducción del panista Gustavo Madero, llevó a cabo ayer su primera reunión en la que, a excepción del Partido del Trabajo, todas las fuerzas políticas aprobaron el acuerdo con el cual se pretende que no sea sólo la Comisión de Derechos Humanos, que preside Rosario Ibarra, la que conduzca el procedimiento para la elección del nuevo ombudsman nacional.

Se puso a discusión el acuerdo, que estaba listo desde la semana pasada, a fin de que en el proceso por el que se habrá de nombrar al sucesor de José Luis Soberanes participen también las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, y la mayoría lo avaló, a excepción del coordinador petista Ricardo Monreal, quién advirtió que es ilegal y daría pie a un procedimiento viciado de origen.

Hubo un ríspido debate, ya que Monreal recalcó que tanto la Constitución como la ley de la CNDH establecen que es la Comisión de Derechos Humanos la responsable del proceso legislativo que culmina con la presentación de la terna para elegir al ombudsman, y no se puede aceptar el acompañamiento de otros grupos senatoriales de trabajo.

Al final acordaron reunirse hoy antes de la sesión con la senadora Rosario Ibarra, para tratar de convencerla de que acepte el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, en entrevista Madero dijo que hoy mismo podría subirse al pleno la resolución o a más tardar la próxima semana.

–¿Por qué se pretende sacar a Rosario Ibarra de la elección del titular de la CNDH?

–No, cuál sacarla, es para apoyarla–, respondió Madero.

Monreal, sin embargo, insistió en que debe tomarse en cuenta el punto de vista de la senadora, quien un día antes, en un desplegado, reiteró que no requiere apoyo de otras comisiones ni aceptará jamás negociaciones o acuerdos ilegales que quitarían legitimidad al proceso de elección del presidente de la CNDH y permitirían impugnaciones de los candidatos perdedores.

En la sesión de ayer, la Junta de Coordinación Política aprobó el formato para la glosa del informe, que es el mismo del año pasado, precisó Madero, a excepción de que se fijó un plazo de 20 días naturales al presidente Felipe Calderón para que responda las preguntas parlamentarias. Asimismo, los líderes de las bancadas decidieron que las respuestas del Ejecutivo irán a comisiones y éstas se pronunciarán sobre las mismas.

Al PAN le rechazaron la propuesta de crear dos comisiones más de trabajo.