El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación (PJF), busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una jurisprudencia a partir de la cual se obligue a los jueces y magistrados a que cuando sentencien en definitiva a cualquier delincuente, 33 por ciento de los bienes que se les hubiera incautado pasen de manera inmediata a formar parte del presupuesto del PJF.

Actualmente, el proceso de repartición a las instituciones públicas de los bienes incautados (en partes iguales) es lento, pues depende de una serie de trámites que realiza la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por La Jornada, entre julio y agosto pasados el departamento jurídico del CJF solicitó –mediante amparos indirectos– que diversos tribunales unitarios de circuito determinen si es facultad de jueces y magistrados ordenar la distribución inmediata de los bienes incautados a la delincuencia.

Si se repiten cinco amparos que determinen la facultad de los tribunales en ese sentivo, la SCJN emitirá la jurisprudencia obligatoria para todos los juzgados y tribunales de apelación.

Los litigios iniciados por el CJF buscan quitar a Hacienda el monopolio de la facultad para repartir a los poderes Judicial y Ejecutivo el dinero obtenido por el decomiso de casas, departamentos, automóviles, joyas y otros objetos de valor, así como de todo lo que es incautado por policías y militares durante los operativos anticrimen del país.

Sólo en lo que va de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional ha logrado asegurar a presuntos narcotraficantes 20.7 millones de dólares, 31.4 millones de pesos, 153 casas y 4 mil 177 camionetas y automóviles, la mayoría de ellos de lujo.