Los fundamentos de la política económica alternativa, elaborados por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pretenden el cambio de modelo mediante la revisión de los regímenes especiales, con el propósito de reducir el gasto fiscal –el próximo año el monto se calcula en 502 mil 533 millones de pesos–, acotar el gasto corriente, compactar la administración pública y trasladar de una secretaría a otra áreas afines para reducir el costo de la burocracia.

El equipo de legisladores especialistas en economía, campo y desarrollo social, integrado por Jesús Cano Vélez, Luis Videgaray, Óscar Levín, David Penchyna, Baltazar Hinojosa, Óscar Lara, Idelfonso Guajardo y Javier Duarte descartó, hasta el momento, gravar alimentos y medicinas, porque decidieron aguardar a la propuesta del Ejecutivo federal, el próximo martes, para pronunciarse sobre el tema de las tasas impositivas.

Las propuestas para enfrentar la emergencia e impulsar el crecimiento económico, el empleo y combatir la pobreza, incluyen incentivos fiscales para las empresas que durante los próximos 18 meses generen nuevos puestos de trabajo; aplicación de primas fiscales con el propósito de alentar la atracción de capitales que fortalezcan la recuperación de la actividad económica nacional, siempre y cuando los recursos se apliquen a proyectos específicos de inversión productiva.

Una de las propuestas se enfoca en promover la utilización de mano de obra barata y temporal, asociada a la ejecución de obras relacionadas con caminos, bordos, aguajes, desazolves, reparación y mantenimiento de escuelas, clínicas de salud y vivienda, así como la utilización de programas de empleo temporal para desastres naturales. En ese rubro, el priísmo se enfocará en impulsar modificaciones legales que permitan canalizar en el corto plazo recursos de las Afores a la creación de infraestructura y a proyectos productivos con impacto social.

La propuesta priísta aborda escuetamente el tema de los costos de los servicios de energía: revisar y evaluar la política de precios y tarifas del sector público, poniendo especial cuidado en las eléctricas.

Los priístas abonan la idea de alejarse de la dependencia de la renta petrolera, promoviendo una revisión y discusión amplia y participativa del sistema hacendario, para dar paso a una política tributaria que respete los preceptos constitucionales en términos de proporcionalidad y equidad en la contribución del pago.

Se revisará la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales para identificar áreas de oportunidad que incrementen los recursos tributarios y hacer con ello un sistema fiscal más equitativo. No se permitirá que se grave con el impuesto al valor agregado alimentos y medicinas. Dentro de la revisión del sistema fiscal evaluaremos la conveniencia de mantener la dualidad del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto sobre la renta (ISR). Mientras tanto, creemos oportuno y necesario proponer la exención del pago del IETU para las empresas que califiquen dentro del régimen de pequeños contribuyentes.

El proyecto priísta resulta tan ambicioso que entre sus promesas figuró la de alcanzar la cobertura universal en salud, contar con un seguro para quien haya perdido su empleo formal, mejorar la calidad educativa, atender a los grupos vulnerables e impulsar el mayor bienestar de los grupos indígenas, el cuidado del agua, las medidas para combatir los efectos del cambio climático y preservar el ambiente.

Óscar Levín, ex director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras durante el gobierno de Vicente Fox, desglosó el contenido general de la propuesta. Intenta ser el trazo de una política económica alternativa; o sea: proponemos medidas de política económica, que pensamos que por un lado, en lo inmediato, y por otro, en el mediano y largo aliento, podrán cambiar la manera de cómo ha crecido México.