Chilpancingo, Gro., 2 de septiembre. El gobierno de Guerrero incluyó los grupos armados entre sus líneas de investigación sobre el homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría, perpetrado el 20 de agosto, y excluyó las que apuntaban a la Auditoría General del Estado, a pesar de que la semana pasada el gobernador Zeferino Torreblanca incluyó a ese organismo entre las instancias que podrían estar relacionadas con el crimen.

En conferencia de prensa, Israel Soberanis, subsecretario de Asuntos Políticos y vocero oficial del gobierno estatal para el caso, dio a conocer cuatro teorías: crimen político –que el gobernador no había reconocido hasta el martes–, delincuencia organizada, grupos armados y un conflicto personal de Armando Chavarría.

Soberanis informó que ante las críticas de diversos sectores que demandaron la participación de los familiares de Chavarría en las investigaciones, se les entregó el oficio de invitación para designar un representante que coadyuve en la investigación.

En cuanto a las afirmaciones de que el gobierno estatal le había quitado los escoltas a Chavarría, Soberanis aseguró que a solicitud expresa del propio diputado al gobernador (Zeferino Torreblanca), se autorizó dejar comisionado para la seguridad del hoy occiso al agente ministerial Tito Leonardo López Nava, quien sigue al servicio de la familia Chavarría Obeso. Añadió que desde el 18 de agosto, dos días antes del crimen, López Nava acompañaba a la hoy viuda Martha Obeso en Acapulco.

El funcionario confirmó que han tomado declaración a 16 personas, entre ellos el secretario privado de Chavarría, y Leonardo López. Se llamará a declarar a todas las personas vinculadas con el diputado y, en caso de ser necesario, al gobernador, adelantó.