Cuando ya estaban repartidos 27 millones de libros de la reforma de primaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de modificación de los planes de estudio, pese a que tendrían que estar ya publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), violación legal que amerita desde una amonestación hasta la destitución o inhabilitación del cargo del servidor público que resulte responsable.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Daniel Márquez expresó además que la SEP no puede alegar que desconoce su normatividad, y si la autoridad responsable declarara su ignorancia de la ley sería como confesar que no es apto para ejercer la función para la cual fue designado, por lo que lo mejor que le podría suceder a los ciudadanos es que renunciara o que su jefe lo destituyera.

Multa hasta de 5 mil salarios mínimos

Como lo informó ayer este diario, los planes y programas no están en el DOF, lo cual es una violación al artículo 48 de la Ley General de Educación, el cual establece que éstos deben estar publicados para ser legales. Incluso, en su artículo 75 señala que son infracciones incumplir los preceptos de esta norma y se sancionarán con una multa hasta por el equivalente a 5 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica... Esto significa una cantidad de alrededor de 255 mil pesos.

Sin embargo, la dependencia, encabezada por Alonso Lujambio, envió apenas a las 18:13 horas del 26 de agosto –dos días después del inicio de clases– el anteproyecto a la Cofemer para actualizar el acuerdo 181, en el que se establecen el plan y los programas de estudio de la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB) de primero y sexto de primaria, que es el procedimiento previo para que se publique posteriormente en el DOF.

Daniel Márquez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y experto en proceso administrativo y transparencia y rendición de cuentas, precisó que de cometerse una infracción a la Ley General de Educación –como es el caso– la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe presentar una queja o denuncia ante la contraloría interna de la SEP, por la infracción al artículo octavo, en su fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En caso de encontrarse culpable al funcionario público por incumplir con la exigencia de publicar estos planes en el DOF, las sanciones en términos del artículo 13 de la ley de responsabilidades pueden ir de la amonestación privada o pública, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución, la sanción económica e incluso se puede llegar a la inhabilitación temporal.

En primer lugar, explicó, la responsabilidad se tendría que imputar a la dirección encargada de que estos planes se publiquen en el DOF, pero también podría haber una infracción al superior jerárquico –en este caso el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez–, porque con base en el mismo artículo octavo tiene la obligación de supervisar a sus subalternos. Pero la ley es muy clara al establecer que cualquier servidor público, desde el rango de secretario hacia abajo, puede ser sujeto de estas sanciones.

De acuerdo con el documento enviado a la Cofemer, se le pide a la SEP identificar si se realizaron los siguientes tipos de consulta en la elaboración del anteproyecto. Así, se le cuestiona si formó un grupo de trabajo para la elaboración conjunta de este último y la respuesta es no, si circuló el borrador a grupos o personas interesadas y confiesa que no, si realizó algún seminario/conferencia por invitación o abierto al público y también dice que no, o si elaboró una consulta intragubernamental y responde que no.

Lo anterior, añadió Daniel Márquez, pone en evidencia la prisa con que ejecutaron ese anteproyecto, pero también la total ineficacia de los servidores responsables. Esto, dijo, significa que se trata de funcionarios públicos incompetentes, porque para poder circular una norma se requiere tener el máximo de consensos posibles.

Por último, lamentó que en algo tan sustancial para la República como la educación no exista el mínimo cuidado. Creo que burradas sería la palabra más utilizable, sintetizó.