Ciudad Juárez, 1º de septiembre. En 2008 se contabilizaron 120 quejas contra militares por violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales, seis veces más que en 2006, lo que demuestra que el gobierno federal no tiene un plan para combatir la inseguridad, por lo que recurre a la represión y afecta a civiles que nada tienen que ver con el crimen organizado, sostuvo Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Al participar en el foro Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, dijo que el problema de la presencia militar en tareas que corresponden a los civiles no es solamente un problema de violaciones aisladas, sino del diseño mismo del Ejército formado para responder a amenazas que difieren de aquellas ante las que deben actuar las autoridades para contener el crimen y la comisión de delitos, porque el Ejército se mueve en una lógica bélica que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia organizada.

Durante el foro, se informó que en los estados donde tiene mayor presencia el Ejército, como Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Morelos, se registra el más alto índice de violaciones a las garantías de la población civil.

Se propuso que el concepto de seguridad ciudadana sea fundamental para la política de Estado y trascender el ámbito policiaco.