Representantes legales de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) denunciaron ayer que ante la cerrazón del ministro Mariano Azuela, encargado de elaborar el dictamen sobre la presunta violación de garantías individuales ocurrida en ese estado en 2006, quien se ha negado a recibirlos para exponer directamente sus argumentos sobre esos hechos, una comisión de esta organización solicitó audiencia a los otros 10 ministros para ser escuchados.

Atzel Santiago, secretario general de la sección 22 del SNTE –organización que forma parte de la APPO–; David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y la ex diputada federal Aleyda Alavez acudieron ante el máximo tribunal para entregar documentos oficiales, testimonios, fotografías y videos que demuestran que las autoridades cometieron abusos, actos de represión, tortura y violencia en agravio de los oaxaqueños.

David Peña destacó que ante la negativa terminante de Azuela a recibirlos, decidieron entregar la documentación en la oficialía de partes de la Corte, donde solicitaron entrevistarse con los otros 10 ministros del máximo tribunal para hacer ver que estas pruebas no forman parte de las conclusiones que entregaron los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, las cuales sirven de base para el dictamen que elabora Azuela en torno al caso Oaxaca.

Añadió que fotografías, videos y documentos oficiales –que no habían podido ser obtenidos antes– respaldan la exigencia de justicia ante la Corte, para que no le falten elementos para determinar las graves violaciones que se cometieron en contra de la APPO y de la sección 22, y para que se materialicen en reparaciones a las víctimas, que es punto crucial de la demanda.

Adelantó que en los próximos días la representación legal de las organizaciones que fueron víctimas de la represión entregarán a los ministros una serie de recomendaciones en materia de reparación del daño que permitan conocer la verdad de los hechos.

Aleyda Alavez comentó ante las puertas de la Corte que lamentablemente, y a pesar de que hemos pedido cita desde hace un mes, no hemos obtenido respuesta de Azuela, lo que hace prever que su documento final no será favorable para las víctimas de la represión, tortura y muerte a manos de las autoridades federales y estatales.

Cuestionó que los magistrados Lara y Baraibar se hayan abocado más “a reunirse con funcionarios –fueron muy bien atendidos por el gobernador– y a nosotros nos entrevistaron de manera muy escueta, por lo que no creo que haya habido un análisis total de lo que implicó la violación de garantías”.

Insistió en que existen documentales clínicas y dictámenes médicos que no estamos seguros de que los hayan tomado en cuenta en su informe. Por eso nuestra insistencia en que Azuela los conozca.

Cabe señalar que diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han sostenido que el informe de los magistrados es parcial y legitima la represión y criminalización de la protesta social auspiciada por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.