En la celebración del primer aniversario del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto en la ciudad de México, varias organización sociales, encabezadas por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), expresaron su preocupación por las reformas impulsadas y aprobadas en otras entidades que anulan por completo los derechos de las mujeres, al criminalizar la práctica de la interrupción del embarazo.

En un pronunciamiento público dado a conocer ayer, en el inicio del primer Ciclotón por los derechos sexuales y reproductivos, denunciaron que estas decisiones de los congresos estatales –hasta ahora 14– van en contra del fallo que hace un año dio la SCJN sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Informaron que de 36 mil 380 mujeres que fueron programadas para ser intervenidas en los hospitales, conforme a la ley vigente en el Distrito Federal, al final 20 por ciento declinaron someterse a esta práctica. Las 29 mil 212 restantes recibieron atención oportuna para interrumpir sus embarazos de forma segura y respetando su derecho a decidir sobre su vida reproductiva. De este total, 22 mil 473 solicitantes residen en el Distrito Federal, 5 mil 950 en el estado de México y 789 provienen de otras entidades.

Durante el acto, realizado a un costado del Ángel de la Independencia, se destacó que sólo 5.6 por ciento de las solicitantes son menores de edad, con lo cual se destruyen mitos de que con esta legislación serían principalmente menores de edad quienes recurrirían a esta práctica, o que las mujeres abusarían irresponsablemente del reconocimiento de este derecho.

El acto de celebración consistió en la lectura de un pronunciamiento público, la realización de un performance por parte de la agrupación cultural Proyecto 21, y la organización del Ciclotón por Paseo de la Reforma.

Las mujeres jóvenes de Ddeser defendemos esta ley, la celebramos y la difundimos, pues creemos enfáticamente que es una ley integral que incluye la prevención con la educación y con el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y el derecho a decidir la interrupción del embarazo en condiciones libres y seguras. Las mujeres no somos delincuentes ni tenemos que ser perseguidas por un delito que nunca se cometió, dijo Nadia Serrano Rizo en la lectura del pronunciamiento.

En tanto, Leticia Cuevas Rossette, secretaria ejecutiva de Ddeser, denunció que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), con el apoyo de la derecha y de la jerarquía católica, han impulsado con éxito cambios legislativos en 14 entidades, a fin de blindar a los estados frente a la decisión tomada por la SCJN, y que Querétaro, Sinaloa y Aguascalientes podrían ser los próximos tres estados en aprobar las reformas que criminalicen a las mujeres que incurran en el ejercicio de sus derechos reproductivos.