El gobierno federal pretende tapar el boquete en la economía nacional afectando más a la clase trabajadora, en lugar de tomar medidas como reducir el número de plazas de la alta burocracia o cobrar impuestos reales a las empresas, sobre todo a la banca, señalaron diputados durante un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el encuentro, realizado para analizar los cobros por la energía eléctrica, diversos legisladores denunciaron que la crítica situación económica y social ha puesto a la nación al borde de una crisis alimentaria.

Tras ratificar que el gobierno federal debe resolver el problema social que implican los cobros excesivos de luz e insistir en que se requieren propuestas y soluciones de corto y mediano plazos para esta problemática, diferentes ponentes consideraron impostergable echar al bote de la basura histórica el criminal modelo neoliberal y a su clase política.

Invitada al foro, la diputada electa petista Teresa Guadalupe Reyes señaló que una vez más se plantea cobrar impuesto al valor agregado (IVA) a alimentos y medicinas, así como el recorte a programas sociales, porque en el esquema neoliberal éstas son las medidas con las que se quiere resolver la crisis.

Sin embargo, se debería reducir del número de plazas de la alta burocracia, cuyo salario mensual, en promedio, como el que devenga el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, supera 230 mil pesos más prestaciones, aseveró.

Dicho funcionario recibe una compensación de 3 mil pesos diarios para gastos de alimentación, señaló Reyes en el auditorio del SME, provocando una gran rechifla de los asistentes.

Otro esquema fundamental es que las grandes empresas realmente paguen sus impuestos y no estén favorecidas por regímenes especiales, ya que, por ejemplo, en 2008 sólo 7 por ciento de esas firmas pagaron la carga tributaria que les correspondía, mientras el resto buscó algún subterfugio para no hacerlo.

Cemex logró ese año que incluso se le devolvieran 23 mil millones de pesos en créditos fiscales, abundó la legisladora.

A su vez, el diputado perredista electo Avelino Méndez expuso que la crisis ya no sólo es económica, sino también social y política, por lo que llamó a construir un gran movimiento ciudadano que obligue al gobierno a modificar su política económica.

En cuanto a los cobros por la electricidad, se planteó una disminución de 15 por ciento en la tarifa doméstica y el congelamiento del precio durante el tiempo que dure la crisis económica.

Se propuso, entre otras medidas, que sea gratuito el suministro de electricidad para los mexicanos en extrema pobreza que consuman 150 kilovatios bimestrales o menos, y que no se suspenda el servicio a desempleados.