Unos 15 mil candidatos de cinco partidos se disputarán casi 3 mil cargos, incluida la presidencia
Versión de que Micheletti envió a Óscar Arias una propuesta para dar cauce a los comicios
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Lunes 31 de agosto de 2009, p. 20
Tegucigalpa, 30 de agosto. La campaña para las elecciones generales en Honduras arrancó este fin de semana con los primeros anuncios propagandísticos en este país de casi ocho millones de habitantes, pese a que el expulsado presidente constitucional Manuel Zelaya, el Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado y la Organización de Estados Americanos (OEA) se mantienen firmes en desconocer su legalidad.
Unos 15 mil candidatos de cinco partidos políticos disputarán el 29 de noviembre dos mil 897 cargos de elección popular, incluida la presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes para el periodo 2010-2014, según el Tribunal Supremo Electoral.
La campaña comenzó en medio de versiones de que el gobierno de facto de Roberto Micheletti envió al mediador en el conflicto político hondureño, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, una propuesta para que se conforme una administración interina que dé cauce a los comicios.
La emisora Radio América informó que la propuesta para reactivar el diálogo en San José fue enviada el viernes a Arias y sugiere la renuncia de Micheletti y de Zelaya a la jefatura del Estado, a fin de dar paso a una tercera persona que asuma el mandato por la vía constitucional.
El candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, quien este domingo fue el primer aspirante en encabezar un mitin proselitista, consideró necesario buscar una solución inmediata
al conflicto con la mediación de Arias, quien cuenta con el respaldo de la OEA, que a su vez anunció desde julio el desconocimiento de los comicios mientras Zelaya esté apartado de su puesto.
Ante el inicio de la movilización electoral, el frente antigolpista coordinado por el sindicalista Juan Barahona informó que mantendrá las protestas en las calles iniciadas el 29 de junio –un día después de la expulsión de Zelaya del poder– y ratificó que sólo aceptará como solución al conflicto político la restitución del mandatario constitucional, con miras a la convocatoria a una asamblea constituyente.