Buenos Aires, 29 de agosto. Productores agroindustriales de Argentina cumplieron hoy sus primeras 24 horas de paro, en protesta contra la política sectorial del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La suspensión de la comercialización de granos y ganado es la principal medida de presión de las cuatro organizaciones que convocaron al paro: la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y la Confederación de Asociaciones Rurales, las mismas que protagonizaron el año pasado una manifestación de rechazo al impuesto a la exportación de cereales.

El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, advirtió que esta vez no tienen previsto cerrar carreteras, pero advirtió que si el gobierno federal realiza algún acto de provocación entonces procederán a bloquear los caminos.

Los productores tienen programado mantener el paro ocho días, hasta el viernes de la semana próxima, lo cual provocó el disgusto de sindicatos de transportistas de carga, que han registrado una disminución en sus actividades.

El clima político que encuentran los llamados ruralistas es muy distinto al que lograron crear en 2008. Ahora están enfrentados con los partidos de oposición que los apoyaron el año pasado, pero ahora piden moderación de las organizaciones del campo.

El interés de las fuerzas políticas opositoras y de los medios de comunicación está centrado actualmente en otros temas.

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, que agrupa a las empresas privadas del sector, declaró su rechazo al proyecto para una nueva ley de radiofusión, enviada el jueves al Congreso, porque apunta a consagrar un fuerte control del gobierno de turno sobre los medios privados.

A pesar de que el proyecto legal surgió de un largo debate entre instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales, los dueños de los medios que conforman verdaderos monopolios de la información sostienen que la nueva norma afectará derechos y garantías constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de propiedad.

Sin embargo, las organizaciones sociales que apoyan el proyecto gubernamental consideran que el monopolio de los medios privados ha provocado que la libertad de expresión haya sido remplazada por la libertad de empresa.