l pasado martes fue presentado el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es producto de más de dos años de trabajo de un Comité Coordinador (CC) integrado por los tres órdenes de gobierno de la ciudad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), creado mediante una carta compromiso firmada por ellos el 3 de mayo de 2007. Participaron además de manera destacada representantes del sector académico y de organizaciones de la sociedad civil, así como la Oficina del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien funge como observador del proceso. Cabe recordar que este programa es resultado de un trabajo iniciado hace dos años, cuyo primer logro fue la elaboración y publicación en mayo de 2008 del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, documento en el que se señalaron los principales obstáculos que impiden a las personas que viven y transitan en la ciudad de México disfrutar plenamente de las referidas garantías. Teniendo como base los resultados que arrojó el diagnóstico, y considerando que la primera de sus 16 recomendaciones se refiere a elaborar un Programa de Derechos Humanos, para cumplir con ella el CC se dio a la tarea de elaborarlo profesionalmente. Cabe señalar que el CC integró también grupos de trabajo para realizar una propuesta de Ley de Derechos Humanos, un presupuesto desde dicha perspectiva y una propuesta para difundir el diagnóstico y crear un instituto de información estadística.

El programa tiene como propósitos definir las acciones más adecuadas para atender los problemas que impiden o dificultan el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta urbe; consolidar y replicar las buenas prácticas detectadas a través del diagnóstico; generar políticas públicas, y establecer acciones y propuestas para los tres órdenes de gobierno, la CDHDF, la sociedad civil y la academia. Para su elaboración, el CC diseñó los documentos, instrumentos (matrices) y mecanismos necesarios para definir los contenidos del programa. Y para cada uno de los 15 derechos y 10 grupos de población mencionados en el diagnóstico, se identificaron líneas estratégicas, actividades y responsables en el gobierno, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y la Asamblea Legislativa, así como plazos para dar solución a los principales problemas que en materia de derechos enfrenta la ciudad.

Se ubicaron además los componentes indispensables para el diseño y la instrumentación de una política pública en materia de derechos humanos; es decir, las estrategias transversales de género, igualdad y no discriminación; participación de la sociedad civil; coordinación y articulación institucional; cultura de derechos humanos; presupuesto; transparencia y acceso a la información; sustentabilidad, y mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. Sin duda alguna la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso ha sido fundamental. Estos grupos constituyeron además el Consejo Consultivo para las Organizaciones de la Sociedad Civil, como un mecanismo de articulación y comunicación que logró contactar a más 80 organizaciones y redes ciudadanas del Distrito Federal, para incluir sus observaciones, propuestas y agendas en las estrategias, acciones y marco legal del programa.

En efecto, este proceso, calificado de único en el mundo y ejemplar por la participación plural de quienes forman parte del CC, no podría garantizar una política pública eficaz y eficiente sin la participación de la sociedad civil, tanto en el diseño como en el seguimiento y la evaluación de la implementación del programa. Cabe destacar que éste puede y debe ser una oportunidad para construir una política de Estado en materia de derechos humanos en el Distrito Federal; diseñar presupuestos con perspectiva de derechos humanos; impulsar una revisión integral de la legislación local, para armonizarla con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, y para que mediante su adecuada aplicación se garanticen mejores condiciones de vida para todas las personas que habitan en esta compleja ciudad capital.

Las organizaciones civiles y sociales, tanto las que participaron directamente en el CC, como las que aportaron su experiencia, trabajo y conocimientos en la elaboración del programa, estiman como retos lograr que en el futuro inmediato los tres órdenes de gobierno garanticen su implementación, y que la sociedad civil y la academia no dejen de vigilar su cumplimiento desde una postura crítica, aunque también participativa y propositiva. Para alcanzar lo anterior, es de suma importancia que en lo que resta del año se consolide la creación de un Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa, el cual entrará en funciones a partir de enero de 2010. Es también necesario recordar que a pesar de los recortes presupuestales y la crisis económica actual, los derechos humanos deben ser una prioridad del Estado. En ese sentido, hay que saludar la disposición del jefe de Gobierno y, por instrucción del Consejo de la Judicatura, del presidente del TSJDF, quienes respectivamente, a través de un decreto y un acuerdo, se comprometieron a hacer suyas las líneas de acción que les encomienda el programa.