Ayer jueves entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio que permitirá que el gobierno federal se quede, mediante rápidos procesos jurídicos, con los bienes que utilicen o hubieran sido adquiridos por miembros del crimen organizado.

Esta nueva legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo pasado y permitió que, luego de 90 días, tanto el Ministerio Público Federal como el Poder Judicial de la Federación afinaran sus estrategias y capacitaran a los funcionarios que se encargarán de llevar a cabo los procedimientos para que se realicen las declaraciones de extinción de dominio.

Sin embargo, la legislación permite que estos procedimientos de carácter civil sean distintos a los procesos penales que se sigan a los presuntos responsables de un delito. De esta manera se pretende terminar con los decomisos que duran años, y en los que los bienes muebles e inmuebles se destruyen por el paso del tiempo, al no ser sujetos a mantenimiento, y la autoridad no puede disponer de ellos debido a que judicialmente no se determina si pasan a sus manos.

La ley en cuestión se aplicará en casos de secuestro, narcotráfico, robo de vehículos y trata de personas, y lo que buscará es que aquellos bienes que sean utilizados por los miembros de un grupo criminal pasen a manos de la autoridad, a fin de afectar la capacidad económica y operativa de las bandas.