Durante el ejercicio fiscal de 2007, el gobierno federal incurrió en desvío de recursos públicos mediante la figura de donativos, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos para favorecer las finanzas de sindicatos de dependencias y entidades de la administración de Felipe Calderón.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en dichas transferencias no se aplicaron instrumentos jurídicos ni se presentaron proyectos que justificaran su viabilidad social. Los sindicatos destinaron los recursos a actividades de carácter festivo, mientras las áreas administrativas de las dependencias federales no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que se presume que su destino pudo no haber sido el debido.

En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF fiscalizó el total de donativos otorgados a sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por un monto de 30 mil 879 millones de pesos.

En dichos actos no se formalizaron las donaciones mediante un instrumento jurídico, no se presentó el proyecto que justificara su utilidad social y tampoco se fijaron compromisos programáticos, con objetivos, metas y fechas de cumplimiento.

Los sindicatos destinaron los recursos a diversas actividades de carácter festivo, que no necesariamente repercutieron en mejorar las condiciones laborales, físicas o educativas de sus agremiados; las áreas administrativas no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que no hubo transparencia y se pudo hacer un uso indebido de ellos.

Dique a la opacidad

A esta opacidad, señala la ASF, se podría imponer un dique. Si existieran necesidades presupuestales de los sindicatos para mejorar las condiciones laborales, y favorecer las relaciones entre sus agremiados, sería conveniente que los recursos se otorgaran mediante las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.

Un ejemplo del manejo discrecional de los recursos públicos se detectó en la revisión de la cuenta pública 2003, cuando se auditó el fideicomiso Transforma México, el cual presentó graves debilidades de control interno en el proceso de otorgamiento de donativos, así como en la vigilancia de su aplicación para los fines aprobados:

Se determinaron diversas observaciones, entre las cuales destacan algunas comprobaciones de gasto que no se relacionaban con el objetivo del donativo otorgado; comprobaciones fuera del plazo establecido y duplicadas; donativos no comprobados a la fecha de revisión, y donativos que no cumplieron con la normatividad aplicable.

Así, tras aquella revisión, la ASF planteó la conveniencia de desaparecer ese fideicomiso, dadas las irregularidades que mostró su operación. Con base en ello se ordenó la liquidación, que está en proceso de conclusión.

No obstante, con el tiempo se mantuvieron irregularidades en los procesos de otorgamiento de donativos. En 2005, la ASF advirtió que se carecía –hasta entonces– de criterios para acotar la discrecionalidad en el otorgamiento; evaluar el impacto social de los beneficios que reportan; verificar su aplicación a los fines establecidos, y cuantificar su contribución al logro de objetivos institucionales.

En cuanto al control, no se obliga a los beneficiarios a manejar en una cuenta bancaria específica los donativos que reciben. El registro resulta deficiente, ya que no proporciona información veraz sobre el impacto social, el número de beneficiarios y los montos de los donativos otorgados.