a masacre de Acteal es la expresión más dramática de la estrategia del gobierno mexicano que privilegió la contrainsurgencia y la confrontación por encima del diálogo y la concertación. No es un hecho aislado: es la expresión cruda y miserable de la manera en que se han conducido los sectores del poder político y económico de este país. Nunca existió en el gobierno federal la preocupación sincera de resolver el conflicto, reconociendo que las causas que lo originaron reque-rían modificaciones sustanciales del Estado mexicano.

Recuerdo aquella primera Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) en la que, a pesar de todos sus defectos, teníamos el sueño de lograr el acuerdo de paz entre el gobierno federal y el EZLN como punto de partida para una nueva relación del Estado con los pueblos indios de México. Pecamos de ingenuos, mientras avanzábamos en la posibilidad de la construcción de acuerdos con los rebeldes, los amos de las cañerías gubernamentales desplegaban su estrategia de golpeo y provocación contra el zapatismo y las comunidades que le eran afines.

Después de la firma del acuerdo del primer tema de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN en materia de derechos y cultura indígenas, el 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larráinzar, la parte gubernamental cerró la puerta. En el segundo tema pactado, Democracia y justicia, la delegación gubernamental no emitió opinión alguna, por lo que fue imposible desahogarlo. Paralelamente, los partidos políticos y el gobierno aprobaban una reforma electoral, con grandes lagunas que hoy padecemos y critican muchos de los que en ese tiempo guardaron silencio o la alabaron. Lo cierto es que el tema indígena sigue sin discutirse, tanto en el terreno electoral como en todos. No obstante, y en un esfuerzo colectivo de quienes conformábamos la Cocopa, elaboramos una iniciativa de ley en materia indígena que transcribía los textos con las mismas palabras del cuerpo del acuerdo pactado entre el EZLN y el gobierno federal.

Éramos un conjunto de legisladores de todos los partidos, no existía la posibilidad de poner una palabra por otra, o de engañarnos entre nosotros mismos, nuestro objetivo era la paz y en eso empeñábamos nuestro esfuerzo. El producto de ese trabajo, conocido como ley Cocopa, fue aceptado por el EZLN, incluso en la última reunión formal el propio subcomandante Marcos habló de que una vez aprobada esta iniciativa, en marzo de 1997, podríamos estar firmando un protocolo de paz, el cual cancelaría la Declaración de guerra, lo que permitiría desahogar los temas pendientes de la agenda sin la tensión de las armas. La paz estaba a la vuelta de la esquina, pero los carroñeros que han hecho negocio con la criminalidad y el dolor ajeno pensaban otra cosa.

La respuesta del gobierno fue de rechazo a la iniciativa de ley formulada por la Cocopa con base en los acuerdos firmados por su representación en la mesa de negociación. Los argumentos fueron imbéciles y ridículos. Nos acusaron de querer balcanizar y fragmentar la unidad del país, cuando lo único que hicimos fue elaborar una iniciativa con los propios textos que ellos habían pactado. Apelaron al mismo discurso de la técnica jurídica y la defensa de la legalidad que hoy utilizan para justificar la liberación de quienes estaban presos por la masacre de Acteal. Incluso, los preceptos contenidos en la ley Cocopa hoy forman parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Será que la ONU quiere balcanizar al mundo?

Junto con el rechazo a la iniciativa de ley y a la firma del acuerdo de paz, el gobierno federal aceleró las acciones de contrainsurgencia y provocación. Muertes, conflictos, asesinatos y confrontaciones se desencadenaron en los Altos y el norte de Chiapas. Los paramilitares hacían gala de sus armas y de impunidad. El último viaje que hicimos los miembros de la Cocopa a Chiapas data de abril de 1997; fue dramático.

Con acuerdo de las comunidades confrontadas propusimos al gobierno federal la instalación de mesas regionales para desactivar los conflictos reales y potenciales. La respuesta del gobierno de Zedillo fue cortante y majadera: nos mandó decir que nuestra propuesta era intervencionista y atentaba contra la soberanía del estado de Chiapas. Ocho meses después se produjo la masacre de Acteal, la cual hasta hoy sigue sin esclarecerse y sin justicia.

La utilización recurrente de la pureza jurídica, primero para cuestionar la iniciativa de ley indígena elaborada por la Cocopa y hoy para justificar la liberación de los presos relacionados con la matanza de Acteal, proviene de los mismos personajes y personeros que presumen de su dominio en temas jurídicos. Sin embargo, las consecuencias de estas decisiones no se expresan en el limbo del puritanismo jurídico, sino en una realidad de contrastes y frágiles equilibrios, donde las definiciones jurídicas no son interpretadas sólo en el terreno político, sino también en el militar. Acteal es la expresión más horrorosa de que las decisiones gubernamentales tienen consecuencias lamentables.

Puede ser que haya inocentes o culpables, no tengo elementos, no es mi función de juez constitucional, dijo uno de los ministros, pero aclaró: en este caso la Corte no se pronunció sobre la inocencia de las personas, sino únicamente sobre la violación de sus derechos a un debido proceso. Sobre este razonamiento de sabiduría procesal y judicial, pregunto: ¿El próximo preso que recuperará su libertad será Mario Aburto?