La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal oficializó, mediante la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, que buscará esquemas de financiamiento para la construcción de 12 penales con participación de la iniciativa privada.

Como adelantó en marzo pasado a La Jornada el subsecretario del sistema penitenciario, Patricio Patiño Arias, el gobierno federal buscará que capital privado financie la construcción de cárceles a fin de disminuir la sobrepoblación penitenciaria en el país, aunque según adelantó, la seguridad y la administración de las prisiones seguirán en manos del gobierno.

Según el acuerdo publicado ayer miércoles, el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, otorgó facultades a Patiño Arias para que mediante un servicio de asesoría la dependencia cuente con los elementos suficientes para establecer los mecanismos mediante los cuales recursos públicos sumados a capital privado puedan ser utilizados para poner en marcha nuevos centros de reclusión.

De manera textual, el acuerdo 06/2009 señala: se delega al subsecretario del sistema penitenciario federal de esta dependencia de la administración pública federal la facultad conferida en el artículo 19, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, para que autorice por escrito la contratación del servicio de asesoría para la planeación y definición de un modelo financiero con asociación de capital público y privado, con objeto de contar en el mediano plazo con las instalaciones necesarias para 12 nuevos centros penitenciarios en el territorio mexicano, los cuales contarán con distintos niveles de seguridad de acuerdo al grado de peligrosidad de los sentenciados.

Hasta el momento no se han definido los sitios en que habrán de construirse las nuevas prisiones, sin embargo, funcionarios de la SSP federal revelaron que no se descarta la construcción de una prisión similar a la que se localiza en las Islas Marías, que se encuentra en el océano Pacífico y que se pretende repoblar con unos 5 mil internos de baja peligrosidad en los próximos años, a fin de que reclusos que así lo decidan puedan concluir sus sentencias en un esquema de mayores libertades.

Según las fuentes consultadas, en ese contexto, la secretaría no ha descartado la posibilidad de que la iniciativa privada asuma el costo total de la construcción y que el gobierno federal lo retribuya en plazos hasta de 20 años, mediante la subrogación de algunos servicios y con esquemas de pago de capital con bajos intereses.

A la fecha, las autoridades federales manejan un total de seis penales, tres de ellos totalmente de alta seguridad: La Palma (Altiplano); Puente Grande (Occidente) y Matamoros; asimismo, el llamado Noroeste (El Cajón), en Tepic, Nayarit, con espacios de máxima y mediana seguridad; el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial, en Morelos, y las Islas Marías.