as tormentas sociales se gestan silenciosamente, a contracorriente del sentido común de los llamados formadores de opinión
, y estallan cuando menos se les espera. No es que se ignoren las situaciones de riesgo, estudiadas y valoradas de muchos modos por los gobiernos y sus asesores cuya tarea consiste en conjurarlas. De hecho, bajo la apariencia de políticas públicas de corte desarrollista o modernizador a veces no hay más intención que transformar la animosidad de los potenciales inconformes en apoyos pasivos al que manda. Programas sociales van y vienen con efectos paliativos, pero desvinculados de una estrategia general para el crecimiento y el bienestar de la mayoría.
En otras palabras, el tema es la gobernabilidad, la administración de los bienes públicos, no la lucha efectiva contra la desigualdad. El gran secreto
de la estabilidad deriva, entonces, de aplicar una política económica excluyente aunada a los remedios compensatorios recetados por nuestra política al uso. Agravado hasta un punto inimaginable por la crisis, pero también por el dogmatismo y la falta de imaginación política de los empresarios y el gobierno, el resultado comprobable a través del tiempo es el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, la desesperanza, la corrupción galopante, la inseguridad como forma de existencia.
Sin embargo, en eso de precaver los riesgos de estallido social, los grupos que tienen la batuta de la economía, aunque disponen de estadísticas y encuestas al día, topan con un elemento esquivo de orden ideológico al que no se accede por las vías de la sabiduría sociológica convencional: el supuesto de que la capacidad de sufrimiento, el aguante de la gente (dígase el pueblo, la ciudadanía) es virtualmente infinito. No de otra manera podría explicarse el galima-tías discursivo en el que se ahogan las explicaciones del secretario de Hacienda o el optimismo anómalo del jefe de Ejecutivo ante la problemática nacional, la desestimación reiterada del malestar y sus causas, inocultable para cualquier observador mínimamente objetivo de la actualidad.
En ese tono encajan las alegres, mas no angelicales palabras del señor de la OCDE, Ángel Gurría, quien anima al gobierno a revisar la política de mantener constantes los precios de la gasolina y los subsidios al gas natural y la electricidad para uso doméstico
, respaldando así la que pronto se convertirá en una nueva ofensiva contra la economía ficción
y otras zarandajas del pensamiento neoliberal.
En un país donde la pugna por los servicios públicos será cada día más dura, es increíble que los expertos
aún crean que todas las soluciones pasan por la aplicación de las viejas fórmulas de costo-beneficio, sin reflexionar a fondo sobre el papel del Estado y la sociedad. No obstante, desde las alturas del poder, las señales no se comprenden, se minimizan o de plano se niegan. La captura de pipas de agua en Iztapalapa, las crecientes manifestaciones de inconformidad ante los abusos de las tarifas eléctricas y el pésimo servicio ofrecido a los usuarios no son manifestaciones tan aisladas como se pretende. La autoridad confunde la pasividad de muchos sectores ante las situaciones injustas donde se conculcan derechos básicos con una actitud obsecuente, al menos manipulable, aunque la historia no deje un día sin registrar actos de desesperación ciudadana que va desde el cierre de carreteras a confrontaciones cada vez más severas con los prestadores
de servicios sociales, sean éstos empresas privadas o municipios.
Un caso, que puede ser sintomático, es el que se refiere a las protestas comunitarias por los pagos de la electricidad, cuyo ascenso repercute más que proporcionalmente sobre los declinantes ingresos familiares originados en el desempleo, la reducción de las divisas recibidas y, ahora, la sequía que pone en peligro la vida normal
en amplias regiones del país. Basta revisar las informaciones publicadas en este diario en los meses recientes para advertir que algo importante se está cocinando, sin que la autoridad tome la debida nota y ante la indiferencia retórica de la izquierda que no se compromete con estas causas cuya reiteración debería llamarle la atención.
En Hidalgo, por ejemplo, cito a La Jornada, unos 120 campesinos de la comunidad de San Juanico, municipio de Ixmiquilpan, en el valle del Mezquital, cerraron la avenida principal y tomaron las oficinas regionales de la CFE, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, suspendido 24 horas ante un adeudo de la comunidad con la paraestatal
. En Campeche se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica. Pero no se han detenido las movilizaciones. En Puebla actúan las Brigadas de la Defensa de la Economía Popular; en Guanajuato, el Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional; en Veracruz, la Coalición Regional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas. En Chihuahua la Organización Agrodinámica Nacional exige la revisión de las tarifas para bombeo. En fin, ya son innumerables las localidades donde los vecinos se organizan para exigir que el pago del servicio eléctrico no los hunda aún más en la precariedad.
Pero no la tienen fácil, como recordó Israel Rodríguez J. al denunciar que Luz y Fuerza del Centro pretende cobrar a una jubilada 67 mil 690 pesos por el consumo de un bimestre, situación para nada excepcional como se advierte al revisar las quejas interpuestas por los usuarios ante la Procuraduría del Consumidor y las mismas empresas.
Es obvio que estamos ante un problema espinoso que viene arrastrándose a partir de las reformas y adecuaciones realizadas por el gobierno federal para ajustar sus mediocres finanzas y dar cumplimiento al designio privatizador que lo mueve. La recuperación de la industria eléctrica, como un conjunto de empresas de servicio público, exige un cambio profundo en su funcionamiento y operación, pero sobre todo requiere sustraerlas de la lógica exclusiva del mercado. En cierta forma, hay que nacionalizarlas de nuevo. Mientras, hay vientos de tormenta.
