odo el país, en todos los aspectos, empieza a vivir lo peor. No es el fondo aún, pero caminamos hacia allá.

Un país enfermo de Alzhaimer se convulsiona ante la llegada coincidente de violencia y crimen, crisis económica, epidemias, corrupción desenfrenada, sequía y apatía. Nadie cree nada a nadie, y lo que ha quedado de la Presidencia de la República se obstina en mantener como eje de gobierno un optimismo sin fundamento, amamantado desde el regazo del viejo régimen.

En las luchas y demandas históricas por cambiar hacia un régimen democrático, una propuesta era transformar el presidencialismo napoleónico e imperial en un poder que compartiera decisiones y opiniones con los otros poderes, sin perder la capacidad ejecutiva que debe tener todo gobierno y el Estado para ejercer la soberanía popular. Esto no pasó.

En el momento más preciso, partidos y legisladores, que por programa original luchaban por la transformación, atrapados en el discurso del insulto y el resentimiento rechazaron la posibilidad de convertir el viejo formato del informe presidencial en el espacio para el debate abierto y sustancial entre el Poder Legislativo y las fuerzas políticas. ¿Por qué en los tiempos actuales la izquierda electoral ha rechazado el debate? ¿Cuáles han sido las consecuencias?

La entrega por escrito del informe ha servido más como alimento de una clase política mediocre y ha revelado que los impugnadores de la ilegitimidad presidencial se quedaron sin interlocutor y que se quieren subir al ring cuando ya está vacío. Lo bajaron, no los gritos, sino quienes estuvieron agazapados y convirtieron a la izquierda siniestra en la comisión de insultos y el ladrido del viejo régimen.

Hoy, en esta realidad de desastre, el discurso no sólo es incoherente con lo planteado hace un año, sino además es tardío y ni siquiera conlleva una autocrítica.

El asesinato de Armando Chavarría en Guerrero, calificado por la cúpula dirigente del PRD como un crimen político, con la demanda de que la investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República (PGR) –es decir, el gobierno federal– plantea los siguientes escenarios: primero, descalificar al gobierno estatal para investigar los hechos lleva implícita la sospecha de que el móvil del asesinato proviene del ámbito de las disputas internas del PRD. El homicidio de Chavarría es, obviamente, un crimen político, vinculado con lo que sea; pero, en segundo lugar, demandar la atracción de la investigación al fuero federal implica no sólo el reconocimiento de que el gobierno espurio sí es creíble y que la dirección del PRD, además de convertirse en investigadora policial, lleva su sospecha al ámbito de las disputas internas. Derivada de esto, cabe la pregunta: ¿llevarán el caso de Armando Chavarría a la comisión de garantías y vigilancia si se confirman sus sospechas de que la causa política del crimen provino de las disputas internas del perredismo en Guerrero? O es que en aras de la unidad, ¿no expulsarán a nadie?

Luego que la PGR, responsable de la investigación a petición del mismo PRD, diga que los perredistas ya pasaron a un nuevo nivel en la confrontación interna, dirá que ahora practican el homicidio para resolver sus disputas.

Luego de lo sucedido en Michoacán con el caso de Julio César Godoy, el PRD debe demandar la mejor y más profunda investigación sobre el asesinato de Chavarría, pues hoy, con el clima de violencia que se vive, la forma en que es asesinada una persona la coloca bajo sospecha de ser parte del crimen organizado: perder la vida en una ejecución conlleva además una sentencia.

Seguramente los autores y quienes decidieron asesinar a Armando Chavarría sabían de estos efectos y las implicaciones del contexto que agravarían más la imagen del partido del sol azteca. Sin embargo, quizás no se imaginaron que tanto Izquierda Unida, con Alejandro Encinas, como Nueva Izquierda, con Jesús Ortega, en franco autogol, convertirían el crimen en un nuevo motivo para la unidad interna y cerrar filas contra su propia posición: el gobernador. Con ello han abierto la brecha para regresar al PRI el estado de Guerrero, al tiempo que ha reaparecido el figueroísmo como fuerza de paz y alternativa frente a la descomposición del perredismo.

Si a eso sumamos la insurrección petista que se quedará a gobernar Iztapalapa y el silencio desde Oaxaca respecto de Michoacán, Guerrero, y a Juanito insubordinándose a Luis XIV, los usos y costumbres practicados no son otros que la incoherencia que hunde a la izquierda convertida en la gran siniestra de la política mexicana.

Frente al tercer Informe presidencial (por escrito), la oposición se quedó sin interlocutor cuando el país se hunde, tanto por la mediocridad del mandato como por la ausencia de conceptos, discurso, ética y referencias alternativas desde la oposición que se dice la izquierda. En ese vacío están los resultados de quienes incubaron el huevo de la serpiente para que lo peor del país regresara en forma de nuevo gobierno.

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