Nueva York, 24 agosto. El gobierno de Barack Obama iniciará una investigación judicial sobre el empleo de técnicas de interrogación –denunciadas como tortura por defensores de derechos humanos– autorizadas por la administración de George W. Bush en su llamada guerra contra el terror, al divulgarse más información de potenciales abusos de la CIA.

A la vez, el presidente anunció hoy la decisión de anular el papel principal de la CIA en interrotagorios e investigación de terroristas, al crear una nueva unidad bajo supervisión directa de la Casa Blanca encabezada por la FBI para interrogar a detenidos de alto valor en los esfuerzos antiterroristas.

Con nuevas revelaciones de abusos de detenidos por la CIA, que incluyen amenazas de muerte, ejecuciones ficticias, amenazas de matar a los hijos de un detenido, abusar sexualmente de sus mujeres, entre otras violaciones de las leyes antitortura, el gobierno de Obama aparentemente se vio obligado a revertir su decisión inicial de no abrir una investigación sobre los abusos cometidos por el gobierno de Bush, y con ello abre lo que algunos pronostican será visto como una iniciativa políticamente explosiva.

El Departamento de Justicia, por órdenes de un tribunal federal, divulgó este lunes parte de un informe elaborado por el inspector interno de la CIA, suprimido y mantenido en secreto desde 2004, que describe varios casos de abuso a prisioneros, casi todos en Irak y Afganistán, por personal y contratistas de la CIA. Varios de los casos fueron inicialmente investigados durante el gobierno de Bush pero pronto fueron descartados, sin explicación hasta la fecha.

Poco después de la desclasificación del informe, se dio a conocer que el procurador general Eric Holder, Jr. nombró a un veterano fiscal federal, John Durham, para iniciar una investigación criminal sobre estas prácticas inhumanas contra detenidos bajo custodia de la CIA.

En diez años vamos estar arrepentidos de estar haciendo esto (pero) se debe hacer, comenta un oficial de la CIA no identificado en el informe recién revelado, y ahora a cinco años de que se elaboró el informe, es posible que éste y otros oficiales sean sujetos a procesos legales.

El informe de la CIA revela, entre otras violaciones de las leyes antitortura, cómo Abd Nashiri, supuesto autor intelectual del ataque contra el USS Cole en 2000, fue encapuchado y amenazado con una pistola y después le pusieron un taladro eléctrico en la cabeza; se le amenazó: podemos traer aquí a tu madre, con lo que se entendió como un mensaje para abusar sexualmente de ella, reportó la agencia Ap.

Otro detenido, Khalid Sheik Mohammed, considerado uno de los autores intelectuales de los atentados del 11 de septiembre, fue amenazado de que si ocurría otro atentado en Estados Unidos, vamos a matar a tus hijos. Mohammed también fue sujeto al waterboarding más de 100 veces.

En otro caso, un detenido fue amenazado con ser ejecutado; un agente se hizo pasar por un detenido, fue llevado a la celda de al lado, donde se escuchó un disparo. Todas estas técnicas violan las leyes antitortura de Estados Unidos.

La investigación anunciada hoy por el procurador general Holder revierte las conclusiones del Departamento de Justicia de la era Bush y abre la posibilidad a una eventual fiscalización de oficiales de la CIA involucrados en estos casos. También es un revés a lo anunciado inicialmente por Obama, y hoy el presidente, por medio de un vocero, reiteró que no se debe de procesar a funcionarios que se apegaron a los marcos legales establecidos durante el gobierno de Bush al aplicar estas técnicas.

Bill Burton, vocero de la Casa Blanca, informó hoy que el presidente aún cree que debemos ver hacia adelante, no hacia atrás, pero que el procurador general debería de gozar de plena independencia de la Casa Blanca al determinar el curso de la investigación.

Sin embargo, todo esto desató nuevas preguntas aquí sobre si la investigación se enfocará sólo sobre los individuos que aplicaron estas técnicas, o si se averiguará quién autorizó todo esto.

El informe del inspector general de la CIA ofrece una confirmación oficial de que la agencia cometió delitos serios. Una investigación criminal plena sobre estos delitos, y quienes los autorizaron, es absolutamente necesaria, afirmo hoy Joanne Mariner, director del programa sobre terrorismo de Human Rights Watch. Indicó que es esperanzador el anuncio del procurador general para abrir una investigación, pero es crucial que su enfoque incluya a altos funcionarios que autorizaron la tortura.

Human Rights Watch denunció que hasta la fecha el gobierno estadunidense ha sido abismal en rendir cuentas sobre casos de abuso a detenidos, ya que a pesar de los 350 casos de abuso de los que se tiene alguna información, con unos 600 oficiales estadunidenses involucrados, ni un solo oficial de la CIA ha sido procesado, y muy pocos militares.

Mientras tanto, la Casa Blanca indicó que habrá una nueva unidad especial para interrogatorios con agentes provenientes de diversas agencias federales –incluida la CIA– para manejar a detenidos de alto valor. Pero lo que antes estaba bajo control casi absoluto de la CIA ahora estará bajo la supervisión de la Casa Blanca, y la unidad será ubicada en la sede de la FBI. Anunció a la vez que todo interrogatorio será realizado sin tortura bajo las reglas del manual del ejército, el cual prohíbe casi todas las técnicas severas empleadas por la CIA, ahora bajo investigación.