La baja disponibilidad de agua está vinculada con la pérdida de la capacidad natural de recarga en la zona del Cutzamala, debido a la deforestación y la corrupción de las autoridades ambientales, sostuvo Miguel Ángel Montoya, asesor en gestión integral del agua e impacto ambiental del PRD en la Cámara de Diputados.

Manifestó que, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el consumo humano del líquido no llega ni a uno por ciento del volumen nacional concesionado y asignado, que asciende a mil 119.7 millones de metros cúbicos, del cual 802.2 millones están concesionados para la generación de energía eléctrica.

El aumento de tarifas y la privatización del cobro y distribución del agua no resolverán la actual crisis de disponibilidad de agua. No puede esperarse que las empresas privadas realicen cuantiosas y necesarias inversiones en infraestructura, ya que su misión es la ganancia expedita. Además, en varios estados del país (y de otras naciones) ya se tiene experiencia en la actuación de las trasnacionales, como Suez-Lyonnaise, RWE-Thames Water, Vivendi-Osama, Aguas de Barcelona-Siamsa y Azurix-Cancún.

El analista insistió en que el problema no son las bajas tarifas, la ausencia de lluvias o fugas en las tuberías, sino la operación del régimen de concesiones que otorga la Conagua y la deforestación. Ninguna autoridad ha respetado el decreto vigente desde el 19 de agosto de 1954, el cual establece una veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la cuenca o valle de México, la cual no se ha aplicado pese a la emergencia.

El 71 por ciento del consumo de agua de la metrópoli proviene de mantos subterráneos, los cuales están sobre explotados, pero no se difunde el peso real que representan los usos industrial, mixto y de servicios en aquéllos, ni tampoco se difunde cuántos títulos de concesión tienen las empresas purificadoras de agua, las cuales obtienen el líquido de un sistema de pozos.

“La única obligación que tienen esas firmas es pagar anualmente una cantidad irrisoria por los derechos del volumen de agua presumiblemente explotado, los cuales son declarados por ellas, ya que la Conagua no tiene personal para verificar in situ que los pozos tengan dispositivos de medición. Hay una laxitud que impide determinar el grado de abatimiento del acuífero concesionado y no se puede dosificar la intensidad de explotación debido a que el título puede ser de 15 a 30 años o más”, subrayó.

En cuanto a la deforestación, recordó que el país ocupa el quinto lugar a escala global y ese impacto ambiental pasa necesariamente por la permisibilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la ausencia de sanciones y aplicación de medidas preventivas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Si se evita hablar de la correlación existente entre deforestación y escasez de agua, es por las responsabilidades políticas y penales que ello conlleva.