el sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías o sicarios, se encargó del trabajito del señor patrón.

¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los habitantes y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?

La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo ¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los habitantes de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de 40 años?

El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta a la procuraduría federal ambiental.

¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras? Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la transcisión democrática para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.

“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”

Ebulá es reconocido como población por el Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso y los gobiernos estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, contratos, especulación inmobiliaria, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.

El Grupo Indignación cuestiona que permanezcan impunes el intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas, la escuela del Conafe y el templo católico, y luego un violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del pasado 26 de mayo. Se destruyeron seis casas, se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos.

La comisión estatal de derechos humanos no acudió el 13 de agosto, cuando a las 8:30 horas se le informó del desalojo en la comunidad, ni ha escuchado ningún testimonio de los indígenas no obstante que los tiene muy a la mano, pues permanecen en un plantón frente al palacio de gobierno de Campeche, protestando. ¿Por qué la comisión no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?

Las preguntas caen en cascada: ¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos de los pobladores de Ebulá? Y yéndose un poco atrás: ¿Por qué el pueblo de Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué Escalante se arroga la posesión de esas tierras?

Entrampado en una sucesión incómoda, el gobierno de Campeche tiene dos importantes papas calientes para su decaída legitimidad social: seis presos políticos de Candelaria por resistir las altas tarifas eléctricas, y ahora una comunidad destruida impunemente por un cacique poderoso. Qué tiempos aquellos señor don Porfirio. Los campesinos mayas de Ebulá fueron golpeados y expulsados de su comunidad, privados de sus medios de subsistencia, sus viviendas destruidas, sus pertenencias robadas y sus animales asesinados. ¿Que los protege la legislación internacional? Vamos, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue capaz de intervenir tras la destrucción de los recursos forestales que tenía el suelo de Ebulá.

Vivimos un tiempo de preguntas. Muchas. Demasiadas. Una lleva a otra y a otra, y el gobierno no se molesta nunca en contestarlas. Pero sus hechos hablan.