Tegucigalpa, 23 de agosto. A unas horas de la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Tegucigalpa, el gobierno de facto y la Suprema Corte de Justicia de Honduras cerraron nuevamente filas frente a la acción diplomática y descartaron una vez más el eventual retorno al poder del presidente Manuel Zelaya, punto toral del acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense, Óscar Arias, para restablecer el orden político constitucional en esta nación centroamericana.

La Suprema Corte de Justicia dio a conocer una opinión sobre el documento de propuesta del convenio de San José en el que se anticipó al inicio de la visita de los cancilleres de México, Canadá, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Jamaica –además del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza–, que intentarán negociar una salida al conflicto político derivado del golpe de Estado del 28 de junio.

El presidente constitucional, sujeto a acusaciones penales

El máximo tribunal no rechaza explícitamente el acuerdo formulado el mes pasado en la capital de Costa Rica, a instancias del mediador, el presidente Arias, pero puso objeciones a 10 de los 12 puntos del documento y advirtió particularmente que Zelaya está sujeto a acusaciones penales que no puede eludir.

En los hechos que precedieron a la expulsión de Zelaya de Honduras hacia Costa Rica, el 28 de junio pasado, la corte desempeñó un papel central al haber girado la orden a las fuerzas armadas para que ejecutara la captura y el traslado fuera del territorio.

El Poder Legislativo, que no se pronunció sobre la presencia de la delegación de la OEA, convocó cuatro días antes de la expulsión a una sesión de evaluación de las capacidades de Zelaya para seguir al frente del gobierno, cuando el mandatario proponía la celebración de una consulta popular que determinara si en las elecciones de noviembre de 2009 se podría instalar una cuarta urna para rechazar o aprobar el llamado a una asamblea constituyente.

Los magistrados, que dieron a conocer su postura cerca de la medianoche del sábado, ratificaron que la destitución de Zelaya es resultado de lo que denominan sucesión constitucional, en contradicción con el concepto de golpe de Estado al que han hecho referencia organismos internacionales como la OEA.

En el sexto punto, la corte ratifica que las actuaciones de este poder del Estado, particularmente en lo relativo con el proceso de sucesión constitucional, han sido ejecutadas y continuarán ejecutándose dentro del marco de la Constitución y las leyes y con la más absoluta independencia, con base en el principio de separación de poderes e imparcialidad que corresponde al ejercicio de la judicatura para fortalecer los postulados del estado de derecho.

En el sexto apartado solicita a la comunidad internacional que cualquier arreglo pase por el entendimiento y la fraternidad de los hondureños, así como por el respeto a la soberanía de la República de Honduras.

En el inciso noveno sugiere que cualquier arreglo de tipo político que se derive del acuerdo de San José, no obstante su objetivo de lograr la unidad y la reconciliación nacional, debe asegurarse que su implementación se realice bajo el amparo de la Constitución y las leyes hondureñas.

En relación al retorno del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República hasta la conclusión de su periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010, debe tenerse en cuenta que existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República; en consecuencia y en estricta legalidad, mientras no existan otras disposiciones legales aplicables no puede eludirse que tendría que someterse a procedimientos establecidos en la legislación procesal penal, señalaron los magistrados en el tercer apartado de su opinión jurídica.

La corte rechazó asimismo toda posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional –otro de los elementos centrales del acuerdo planteado por Arias– en virtud de que el artículo 245 de la Carta Magna hondureña otorga al presidente la potestad de nombrar y separar libremente a los miembros de su gabinete.

En el mismo tono del Poder Judicial se pronunció este domingo la viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, Martha Alvarado, quien dijo que el retorno de Zelaya no es negociable, como tampoco lo es el estado de derecho en Honduras.

Aquí está muy claro. Nosotros hemos actuado conforme a la ley; aquí se ha destituido a un presidente que violentaba la ley (y) lo hemos sustituido de acuerdo con el proceso costitucional de Honduras, puntualizó.

Pese a los pronunciamientos hechos la víspera de la llegada de la misión de la OEA, no se tiene previsto encuentro alguno entre el presidente de facto, Roberto Micheletti, y los delegados enviados por el organismo continental. Un vocero oficial en Tegucigalpa, César Cáceres, dijo que tampoco hay agenda establecida.

La visita de la misión estuvo precedida del abierto rechazo de Micheletti a permitir la presencia del grupo de Insulza, quien el mes pasado estuvo en Honduras y donde se refirió a los hechos del 28 de junio como un golpe de Estado, en contra de la versión oficial de sucesión constitucional.

En este contexto, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado continuó hoy sus protestas contra la administración de facto con la celebración de un concierto de música popular que incluyó músicos de Venezuela, Argentina, Guatemala y Honduras.

A pesar de que el gobierno de Micheletti ha declarado que la situación en el país es de entera normalidad, los festejos del 188 aniversario de la independencia de Honduras fueron cancelados con el argumento de que existen riesgos de que se transmita masivamente el virus de la gripe A/H1N1.