El modelo actual con el que opera la policía judicial (PJ) no funciona para los habitantes de la ciudad, afirmó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien anunció una limpia de esa corporación que comenzará hoy con la separación del cargo de su director, Jesús Jiménez Granados.

En entrevista con La Jornada, el procurador general reconoció: no tengo los controles en este momento, o sea, no hay una inteligencia interna que permita vigilar la actuación de la PJ, de ahí la necesidad de realizar esta restructuración que, con base en las reformas a Ley Orgánica de la dependencia, permitirá, entre otros aspectos, monitorear de manera permanente su actuación.

El funcionario señaló que otro de los objetivos es erradicar las pugnas al interior de la policía judicial que han traído como consecuencia, por ejemplo, una serie de filtraciones y engaños en torno a lo sucedido en el operativo en el que murieron la ex directiva del Grupo Oceánica Yolanda Ceballos Coppel, secuestrada y retenida en una casa de seguridad ubicada en Xochimilco, y los comandantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), Julio Rincón Juárez y José Antonio Moreno Sánchez.

–¿Habrá una limpia en la policía judicial?

–Sí, es un proceso de mostrar una policía de investigación, aprovechando las nuevas exigencias de la Ley Orgánica (de la PGJDF) que señala que debe haber un servicio de carrera, de capacitación, de exigencia previa para la contratación y el ingreso, de evaluar permanentemente lo que se ha hecho. Son cambios que tienen que ver con la estructura misma y las personas, desde arriba, desde el cambio del jefe general de la policía judicial.

–Es decir, ¿quedan fuera de la procuraduría?

–Quedan fuera de la policía. Primero, fue el comandante de Secuestros (Erasmo Castillo de la Rosa), que ahora está sujeto a arraigo; segundo, se va el jefe general de la policía judicial, Jesús Jiménez Granados, vamos a dejar a un encargado que lo voy a determinar para mañana (hoy) y vamos a hacer una modificación en el área de la policía desconcentrada, que es donde se tiene la mayor fuerza de la corporación. No es algo rápido, porque hay un atraso generacional y se deben sumar esfuerzos económicos, humanos, materiales.

–¿Cuál sería su diagnóstico de la policía judicial en este momento?

–El modelo con el que venimos trabajando actualmente en la policía judicial demuestra que no funciona, entonces se tiene que dar una nueva estructura.

–¿Por qué fracasó?

–Porque han seguido las mismas estructuras, siguen los comandantes con las mismas prácticas. Apenas tenemos 600 nuevos policías, esto quiere decir que hay más de 3 mil 400 elementos que son los mismos y que no se han sometido a ningún tipo de control.

–¿Es inoperante, corrupta?

–Yo diría que tiene inercias que la llevan a ser disfuncional, porque se puede dar una instrucción, por ejemplo, para que todos los elementos pasen lista a las siete de la mañana, se les revisa como van vestidos, como están sus armas, todo, y lo primero que intentan es ver cómo le hacen para no cumplir con esa disposición, y el día que uno va a supervisarlos nos damos cuenta de que no lo están haciendo como se instruyó. Entonces, para que funcione la instrucción, tiene que estar todo el tiempo supervisada.

–Luego de las filtraciones que se han dado en torno a la forma en que se realizó el operativo para rescatar a la señora Yolanda Ceballos Coppel, que si el fuego amigo, que si se pudo evitar el secuestro, pareciera que el procurador no manda en la dependencia o que se está engañando a la gente. ¿Qué piensa al respecto?

–Lo que puedo decir es que obviamente se tienen que revisar a toda la PJ, aprovechando estos instrumentos legales, porque si no, efectivamente se dan todo este tipo de filtraciones, de engaños, tramos no completos de información, de luchas internas.

–¿Se trata pugnas internas?

–Sí, fue interno, no hay ninguna duda. Fue una pelea de dos grupos de la policía. Lo primero que se necesita es restablecer el orden, si tú hiciste algo mal, tiene que haber consecuencias. Aquí tenemos inspección interna, pero nunca penetró a la policía, no tengo los controles, o sea, no hay una inteligencia interna.

–¿El fuego amigo está dentro de la misma institución, fue el que filtró videos, grabaciones y que no obedece al procurador?

–Un policía que no obedeció a nadie. Eso tiene que ver con las pugnas (internas); el proyectil que le quitó la vida al comandante Rincón se fragmentó y no puedes saber a quién pertenece, y le estaban apostando a que en el otro caso hubiera pasado lo mismo. Pero vamos a investigar hasta saber el nombre y apellido del elemento que mató a los compañeros.

–¿Qué hay de la credibilidad ante la ciudadanía, se trata de una venganza contra el procurador, cómo está incidiendo lo político?

–Yo lo que creo que es que obviamente hay una cuestión política. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando teníamos el caso Casitas del Sur todos los días había una manifestación en la que nos acusaban de nazis por atacar a la Iglesia cristiana restaurada, pero desde que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación no ha vuelto a haber una sola.

“En el caso del secuestro del joven Martí, tenemos que seguir desahogando las pruebas, estamos en un proceso penal, a los que consignamos lo hicimos por cuestiones muy particulares; primero, por las imputaciones directas de los afectados, segundo por una serie de indicios que los relacionan y tercero es un juez quien toma la decisión. No me cabe duda de que tendremos sentencias condenatorias.

En el caso Coppel hay tres escenarios: lo que tiene que ver con los secuestradores, tenemos a siete personas que están siendo procesadas y obviamente el Ministerio Público tiene que estar muy pendiente de ese proceso; pero también necesitamos concluir la investigación de la muerte de los compañeros (Rincón Juárez y Moreno Sánchez) y del supuesto aviso previo que pudo haber evitado el secuestro.