En el primer semestre del presente año, el gobierno panista incurrió en subejercicios presupuestales por 7 mil 500 millones de pesos, disminuyó las participaciones federales a los estados en 17.5 por ciento y aumentó en 5.4 por ciento el gasto por concepto de servicios personales, reveló el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El Informe del impacto y efectividad de las medidas anticíclicas, elaborado por el órgano legislativo, enfatiza los resultados económicos y financieros en el país luego del lanzamiento del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo Para Vivir Mejor. El documento considera que sólo en el primer trimestre del año el gasto total presupuestario del sector público ascendió a 693 mil 800 millones de pesos. Tal cifra representa 14.5 por ciento más en términos reales al registrado en 2008, pero 10.5 por ciento inferior al monto calendarizado para el primer trimestre de 2009.

Al revisar las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), del precio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo y del tipo de cambio del peso frente al dólar, contempladas para la estimación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, resulta que los ingresos presupuestarios disminuyeron a 2 billones 793 mil millones de pesos, lo que significó una caída por 27 mil 600 millones de pesos.

Los ingresos petroleros se modificaron a un billón 16 mil millones de pesos, 3 mil 500 millones menos que lo programado. Los ingresos tributarios no petroleros también se vinieron abajo para alcanzar un billón 261 mil millones, 18 mil 100 millones menos que los estimados en la perspectiva original de la administración calderonista. Mientras, el resto de los ingresos disminuyó en 6 mil 600 millones de pesos para ubicarse en 515 mil 300 millones de pesos.

El centro de estudios preveía que durante el primer trimestre de 2009, el valor real del PIB caería a una tasa anual cercana a 7 por ciento, lo que en cifras ajustadas por estacionalidad implicaría una disminución trimestral de 5 por ciento.

Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 13.2 por ciento en términos reales. Destacan los incrementos reales en urbanización, porque vivienda y desarrollo regional crecieron 15.9 por ciento, y asistencia social, 70.4 por ciento. El gasto en agua potable y alcantarillado pasó de 304 millones de pesos a 4 mil 200 millones.

La inversión física se incrementó 79 por ciento real y la inversión física impulsada por el sector público, 33 por ciento. No obstante, los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios mediante participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y reasignación, disminuyeron 3 por ciento, y en términos anuales éstas disminuyeron 17.5 por ciento.

También el total de las erogaciones en servicios personales aumentó 5.4 por ciento debido a los incrementos registrados en las actividades para atender las funciones de desarrollo agropecuario y forestal y temas agrarios.

El costo financiero del sector público tuvo un incremento real de 13.7 por ciento en relación con el mismo periodo de 2008, en parte por la depreciación del tipo de cambio. Salvo la Presidencia de la República, las secretarías de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y de Educación Pública, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el resto de la administración pública, durante el primer trimestre de 2009, registró subejercicios presupuestales que suman 7 mil 500 millones de pesos.

Entre los subejercicios más significativos se encuentran, por secretaría: Comunicaciones y Transportes, 3 mil 300 millones de pesos; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 947 millones; Hacienda y Crédito Público, 892 millones; Salud, 575 millones; Desarrollo Social, 424 millones y Turismo, 243 millones.

La mayoría de los mencionados subejercicios se deben en gran parte a la inadecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la excesiva normatividad interna que generan dichas instituciones, al cúmulo de requisitos y su poca pertinencia para la contratación que llegan a establecerse en las bases de la licitación, a la complejidad de los contratos que dificultan su cumplimiento, a las actuales deficiencias y limitaciones que tiene CompraNet, a la ausencia de un sistema de evaluación integral y a la rigidez de la legislación que no permite aplicar nuevos esquemas de contratación ni la eficiencia de sus procedimientos y de la ejecución de los contratos, considera la Cámara de Diputados.