La revelación de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos de que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo autorizaron el apoyo directo del Ejército mexicano a grupos paramilitares en Chiapas, confirma que a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde las altas esferas del poder se emprendió una estrategia contrainsurgente en aquella entidad, misma que provocó la masacre de Acteal, por lo que a partir de esa información oficial deben tomarse medidas para llamarlos a cuentas, aseguraron defensores de los derechos humanos.

Los centros Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) coincidieron en que la información oficial estadunidense recién desclasificada refleja que la matanza de 45 indígenas en Acteal –en su mayoría mujeres y niños– no fue producto de conflictos interculturales e interreligiosos, como han argumentado algunos sectores –entre ellos escritores y medios de comunicación–, sino de una estrategia de Estado.

Diego Cárdenas, del Centro Frayba, consideró que los datos de los cuerpos de inteligencia estadunidenses deben ser tomados en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconsiderar la puesta en libertad de 20 paramilitares –por irregularidades en los procesos judiciales– que habían sido sentenciados por su participación en la masacre, así como para el análisis de los amparos, que también podrían dar la libertad a otros 37 procesados por la matanza.

El activista demandó además que a partir de esta información y otros elementos, la 61 Legislatura –que empezará labores el próximo primero de septiembre– nombre una comisión mixta y equitativa que investigue a fondo la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Esto, a fin de señalar la responsabilidad de los funcionarios de gobierno que podrían haber ordenado la aplicación de esa estrategia de Estado, incluidos Salinas de Gortari y Zedillo; que se llame a cuentas a los militares que aún están en activo y que tuvieron un papel preponderante en la estrategia contrainsurgente, y ordenar que también se abran los archivos de la Sedena, para ir al fondo de lo que sucede en Chiapas de 1994 a la fecha.

Por su parte, Luis Arriaga, director del Prodh, subrayó que la información de inteligencia de Estados Unidos es señal de la opacidad existente en el Ejército mexicano y en el sistema de justicia militar, misma que diversas ONG han denunciado constantemente.

Consideró que a partir de los documentos del gobierno estadunidense se debe llamar a cuentas a los responsables de la estrategia contrainsurgente, que incluyó el respaldo a grupos paramilitares que provocaron la matanza de Acteal, entre otros ataques.