El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró improcedente un recurso interpuesto por el PRD para incrementar la multa de 21 millones de pesos impuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE) a Televisión Azteca, por lo que confirmó la sanción originalmente aplicada.

El recurso desahogado por el tribunal correspondía a la multa de 21 millones de pesos que en su momento el IFE aprobó contra Televisión Azteca por no retransmitir los espots político-electorales en las señales de los canales 7 y 13 incluidos en la televisión restringida.

En su queja, el Partido de la Revolución Democrática argumentó que el IFE había sido omiso en aplicar plenamente las sanciones, ya que no se habían castigado todas las violaciones aplicadas, pues, a decir del sol azteca, cada omisión de espots político-electorales representaba un desacato a la ley.

Además, los magistrados desecharon el argumento del PRD relativo a que se tenía que sancionar también a la televisora por haber lucrado con los espacios de los espots no transmitidos en la señal de la televisión restringida. El TEPJF argumentó que esta práctica está implícitamente sancionada en el monto de la multa.

Durante la sesión pública del viernes, los magistrados del TEPJF rechazaron un proyecto de la presidenta, María del Carmen Alanís, quien propuso anexar una sanción al PAN en Tabasco paralela a la que en su momento se aplicó al aspirante blanquiazul por el sexto distrito federal electoral, con cabecera en Villahermosa. Aunque se proponía ampliar el castigo, la mayoría de los consejeros consideraron inviable buscar un procedimiento sancionador contra el PAN, bajo la lógica de no asumir acciones correctivas respecto a su candiato.

La amonestación pública que se aplicó al panista Héctor Alejandro Bojórquez por emitir expresiones de índole religiosa en sus participaciones fue ratificada. La mayoría de los magistrados descartó la posibilidad de aplicar el criterio de culpa in vigilando porque, como lo dijo Manuel González Oropeza, los candidatos tienen iniciativa propia, por lo que no en todos los actos el partido está involucrado en la responsabilidad.

Otro proyecto discutido durante la sesión fue el relativo a una queja interpuesta por el PRD en contra del presunto activismo electoral del gobernador de Guanajuato y del alcalde de Celaya, favoreciendo al PRI.

Los magistrados rechazaron el dictamente porque, según explicaron, no fue acreditado plenamente como tal, en función de que se presentaron notas periodísticas que no acreditaban el proselitismo de los funcionarios de extracción panista.