El nuevo modelo de concesión de la red secundaria de agua potable a empresas particulares que aplicará el Gobierno del Distrito Federal el próximo año se centrará en 11 de las 16 delegaciones y de ninguna manera significará ceder ni perder rectoría sobre el manejo del recurso, sino lograr una mayor eficiencia en la distribución, la supresión de fugas, detección de tomas y pozos clandestinos, así como en la medición, facturación y cobro del servicio a los usuarios, afirmó el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz.

El Distrito Federal, señaló en entrevista, será lo que debe ser: un modelo del buen manejo del agua a nivel nacional e internacional, porque los beneficios de las empresas que se encargarán de operar la red secundaria estarán en función de sus rendimientos y no por los pagos unitarios e importes.

Explicó que actualmente el gobierno de la ciudad trabaja con cuatro empresas que no están bajo un esquema de que ellas den directamente el servicio a la población, sino que se encargan básicamente de la lectura de medidores, la facturación y la cobranza, es decir, sólo prestan un servicio.

Para ello, la ciudad está dividida en cuatro grandes zonas. En el nuevo esquema se constituirían siete grandes macrosectores, pero dado que no todos tendrían las mismas características, en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, no se preve cambiar el modelo, “en estas cinco –explicó– el manejo de la red secundaria tiene una complejidad mayor, con mucha participación del SACM y las mismas delegaciones en el manejo del agua y el movimiento de válvulas en la red secundaria, por lo que dicho esquema no tendría éxito.

En el resto de las delegaciones, donde se concentra 70 por ciento de la población, se pasaría al nuevo modelo, donde las empresas quedarían a cargo de la red secundaria; se les entregaría el agua en bloque y ellas serían responsables de esa agua en esa red, con tres objetivos fundamentales: lograr la máxima eficiencia en la detección y reparación de fugas, porque sería un parámetro que estaría midiendo su rentabilidad y cumplimiento de la eficiencia; la eliminación de tomas clandestinas, porque también bajaría su eficiencia si permiten que continúen funcionando, y la parte de la cobranza, que no se trate nada más de facturar recibos, sino de asegurarse que éstos se cobren.

Aguirre refirió que los contratos con las empresas tienen una vigencia hasta septiembre de 2010 y es cuando podría entrar el nuevo modelo, es decir, hasta dentro de poco más de un año, y estaría por definirse si se renuevan con las nuevas condiciones o se lanza una convocatoria internacional.

Debe haber por lo menos 10 empresas a nivel internacional que pudieran participar. Aquí en el Distrito Federal tenemos a tres de ellas y en el país hay por lo menos otras dos que podrían obtener la concesión por un periodo de 10 años, señaló.

Aguirre Díaz reconoció que el SACM tiene muchos candados operativos relacionados con leyes, reglamento, manuales, porque manejamos recursos públicos, que hacen que la agilidad que se requiere para ciertas acciones se vuelvan complejos, de allí la decisión de explorar con un esquema de incentivos a la iniciativa privada, donde no se le pague por lo que hagan, sino por los resultados que obtengan.

Dejó en claro que este modelo no significará para la ciudad aumentar sus costos de operación en el manejo del agua, lo que se está planteando es que hay un problema de fugas, tomas clandestinas y eficiencia en la recaudación que hay que resolver y la idea es que las empresas participen, logren la mayor eficiencia y ganen ellas, gane la ciudad y su sustentabilidad.