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Mantener la credencial de elector como identificación oficial y no usar el padrón, el acuerdo

Acepta Gobernación condiciones del IFE para la emisión de la cédula de identidad
 
Periódico La Jornada
Viernes 21 de agosto de 2009, p. 11

Al concretarse la reunión entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a los alcances de la cédula de identidad, ambas partes concluyeron que este nuevo instrumento no se contrapone a la credencial de elector, sino que es complementario de ésta.

Gobernación aceptó las posturas básicas del organismo comicial, las cuales son primordiales para el diálogo, como que se preserve el carácter de identificación oficial de la credencial de elector y que el IFE no entregará los datos del padrón, con el propósito de salvaguardar su confidencialidad.

Encabezados por el titular de la SG, Fernando Gómez Mont, y el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, los funcionarios acordaron mantener un grupo de trabajo técnico para continuar la cooperación en torno al tema. A su vez, Gómez Mont rechazó que sea un despropósito la pretensión gubernamental de impulsar dicha cédula en medio de la crisis económica, aduciendo que en su momento este instrumento permitirá alcanzar ahorros al sustituir trámites y otros documentos, simplificándolos.

Asistentes al encuentro señalaron que la reunión fue provechosa en la medida en que Gobernación hizo explícitos dos aspectos: que no se desplazará la credencial de elector como documento de identificación, ofreciendo inclusive aplicar acciones para fortalecerla, y la no utilización de la base de datos del Registro Federal de Electores.

En este sentido, la dependencia federal habló de que se creará una base de datos madre, independiente del listado del IFE, a partir de los avances con que ya se cuenta por la Clave Única de Registro de Población (CURP). Gómez Mont explicó que la cédula de identidad forma parte de un proceso que arrancó con la propia CURP, por lo que –dijo– “se han hecho 850 millones de cruces y ya se tienen vinculadas más de 80 millones de curps con actas de nacimiento”.

De la conferencia de prensa ofrecida al término del encuentro, Valdés Zurita destacó que una diferencia básica entre ambos instrumentos es que la credencial de elector tendrá referencia domiciliaria, lo cual no ocurrirá con la cédula de identidad. Asimismo, dejó claro que en la reunión, el IFE planteó que no estamos en posibilidad ni en disposición de entregar los datos del padrón que han sido confiados por los ciudadanos y que son confidenciales, para estricto uso electoral.

En tanto, los consejeros Francisco Guerrero y Benito Nacif explicaron que una parte central que permitió avanzar en los acuerdos es la disposición del gobierno federal de apuntalar la credencial de elector como instrumento de identificación oficial, para lo cual se estudiarán acciones para afianzarla también como constancia de domicilio en sí misma, lo cual favorecería la actualización permanente del padrón.

En contraste, una diferencia importante con que contará la cédula son los instrumentos de identidad, adicionales a la huella dactilar, y datos biométricos que tiene la credencial de elector.

Cuestionando sobre el papel del Congreso en el otorgamiento de dicha cédula –dadas las críticas y la solicitud de información que en su momento hicieran legisladores cuando se anunció el proyecto–, Gómez Mont dijo que dicho poder es soberano y siempre define, mediante la asignación del presupuesto, qué hace el gobierno y qué no puede hacer.

Sobre el proyecto de la cédula de identidad, señaló que el gobierno cree en el potencial y en la exigencia legal que le viene de tiempo atrás, y aclaró que por limitaciones legales, ese documento no puede ser utilizado para asuntos de seguridad.

Para justificar el impulso a este nuevo instrumento, Gómez Mont dijo que este abarcará a los menores de edad, coadyuvando en la seguridad cuando son sustraídos, además de que “ayudará a consolidar y agilizar procesos comerciales, las peticiones de beneficios públicos (…) y podremos bajar los costos de muchos programas de administración tanto en bancos como en compañías de seguros y en el propio gobierno”.