Nueva York, 20 de agosto. La reacción negativa de varios países latinoamericanos y algunos políticos influyentes aquí al anuncio de un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos sobre el uso de bases en el país sudamericano por parte de militares estadunidenses, ha obligado al gobierno de Barack Obama a justificar y aclarar sus intenciones una y otra vez en estos últimos días.

No tenemos la intención de establecer una base militar de Estados Unidos en Colombia, declaró el presidente Obama la semana pasada al responder a un coro de críticas al revelarse la elaboración de un acuerdo en Colombia.

Esta semana la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, tuvo que reiterar que el acuerdo no crea bases estadunidenses en Colombia, sino que otorga acceso a Estados Unidos a bases colombianas, pero el comando y control, administración y seguridad serán responsabilidad de Bogotá, y toda actividad estadunidense tendrá que ser mutuamente acordada por adelantado, explicó. Clinton insistió en que no habrá un incremento permanente significativo de la presencia militar estadunidense en Colombia.

Aparentemente el propio Departamento de Estado no estaba confiado en que Clinton pudiera convencer a los escépticos, y programó una sesión informativa para medios con un alto funcionario del Departamento de Estado inmediatamente después de la conferencia de prensa oficial de Clinton para atender las preguntas.

No sólo es lucha antidrogas

Pero los propios funcionarios han nutrido las preocupaciones de que esto tiene que ver con más que sólo la formalización de acuerdos ad hoc en el contexto de la lucha antidrogas que tanto repiten. Por ejemplo, la propia Clinton comentó que el acuerdo nos permitirá continuar trabajando juntos (con Colombia) para enfrentar los desafíos presentados por narcotraficantes, pero también contra terroristas y otros grupos armados ilegales en Colombia.

El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, declaró que facilitará el trabajo contrainsurgente de las fuerzas estadunidenses en la nación andina contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El alto funcionario del Departamento de Estado explicó a periodistas que el acuerdo es un marco para la cooperación antinarcóticos y asuntos de seguridad, al agregar que también incluye trabajo sobre el problema terrorista de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, e indicó que las dos bases cuyo acceso más nos interesa son precisamente las que están en el corazón de las áreas donde tenemos la mayoría de los problemas con las FARC y con el narcotráfico y el cultivo.

Pero son justo estas afirmaciones que dibujan al enemigo de manera tan ambigua que generan mayor preocupación, así como la necesidad e implicaciones del acuerdo para las relaciones con América Latina.

De hecho, varios legisladores influyentes del Partido Demócrata han cuestionado la iniciativa. Los veteranos senadores Patrick Leahy y Christopher Dodd, entre los más conocedores de las relaciones con América Latina, se quejaron con Clinton de que no fueron informados de la negociación del acuerdo con Colombia, y mucho menos consultados sobre ésta. Agregaron que dada la falta de consulta, desean contar con mayor información sobre las implicaciones del acuerdo para las relaciones de Washington con otros países de la región, y expresaron su inquietud por promover esta profundización de las relaciones con Bogotá mientras no se aclaran las denuncias sobre abusos de los derechos humanos por parte de los militares colombianos, asunto que ha generado gran preocupación entre legisladores demócratas aquí, incluido Obama cuando era senador.

Las reacciones de repudio, denuncia y preocupación expresadas recientemente por varios gobiernos latinoamericanos al acuerdo confirmaron las preocupaciones de los senadores sobre el impacto de esta iniciativa en las relaciones interamericanas.

Por ello, Obama, Clinton y otros altos funcionarios también se han visto obligados a reafirmar que es un acuerdo estrictamente bilateral. No tiene que ver con otros países. Esto se trata de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en torno a asuntos de seguridad colombianos, dijo Clinton. Y en un mensaje a gobiernos que han criticado la iniciativa, señaló que mejor ayúdenos en esta lucha contra la amenaza del narco, y no contribuyan a crear problemas al hacer y decir cosas que minan los esfuerzos de nuestros gobiernos (el suyo y el colombiano) para proteger a la región entera del azote de los narcotraficantes.

Pero políticos y analistas conservadores en Estados Unidos parecen desmentir a Clinton de que esto se trata exclusivamente de un asunto bilateral. Esta semana la representante republicana cubanoestadunidense Ileana Ros-Lehtinen elogió el acuerdo de seguridad como un avance mayor para los esfuerzos cruciales de naciones responsables para desenraizar el narcotráfico y otras fuentes de violencia e inestabilidad en América Latina. Agregó que Hugo Chávez y sus cuates son los críticos más severos de esta cooperación porque fortalecerá aún más la democracia y la seguridad en Colombia, mientras contrarrestara la agenda destructiva de la Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas).

Ray Walter, experto del principal think tank conservador, y de mayor influencia durante el gobierno de George W. Bush, consideró el acuerdo clave para establecer localidades de operaciones de avanzada en la lucha contra narcotraficantes y guerrillas en la región andina-Pacífico, la cual así sería trasladada de la base de Manta, en Ecuador, a Colombia. Lograrlo, dice, no sólo ayudará en esta lucha contra drogas y guerrillas, sino que demostrara que Estados Unidos no será intimidado por la retórica y las amenazas de Hugo Chávez.

Para analistas progresistas, las afirmaciones del gobierno de Obama también parecen cuestionables. John Lindsay-Poland, en un análisis escrito para el Programa de las Américas, refleja estas dudas. Que las bases sean nominalmente estadunidenses poco importa en la práctica. Siempre ha estado la propuesta del uso militar por parte de Estados Unidos de bases nacionales en Colombia, que es como Washington emplea las bases militares en Honduras, Ecuador y muchos otros países del planeta. El problema se centra realmente en las misiones de fuerzas armadas estadunidenses en esas bases y el mensaje que transmiten a los colombianos y otros pueblos en la región. Señala que según informes sobre el presupuesto militar, el Pentágono desea estas bases para logística, capacitación, operaciones de contingencia y planes para desplegar aeronaves de carga C-17 –no empleadas contra el narcotráfico– en la base aérea colombiana de Palanquero.

Según el gobierno de Obama, se espera que el acuerdo se firme en unas semanas, lo que permitirá a militares estadunidenses tener acceso a unas siete bases, y asegura que no se incrementará el número de tropas más allá del límite ya establecido por el Congreso, un máximo de 800 efectivos (aunque no mencionan que también se permite unos 600 contratistas militares estadunidenses por arriba de ese número).