18 de agosto de 2009     Número 23

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

Una oportunidad
en busca de sujeto

Víctor M. Quintana S.

El 2012 puede ser cabalístico, como interpretan los esotéricos, o causalístico, como decimos los optimistas en la acción. Ese año se presenta como una estructura pletórica de oportunidades políticas: los comicios para la Presidencia de la República y la renovación completa del Congreso. Cita político-electoral a la que llegaremos con un país agotado y agraviado. Una economía que no se habrá recuperado de la caída de 2009. Desigualdad agudizada por desempleo y empobrecimiento. La violencia del crimen organizado y de los erráticos esfuerzos gubernamentales por combatirla tendrán al país en vilo mientras que el tejido social se desgarra y se generaliza el descontento con la clase política.

Esta estructura no será de oportunidades si no hay un sujeto político que pueda entenderla y aprovecharla adecuadamente. Sujeto que no serán los partidos políticos solos, sino una conjunción de fuerzas sociales y políticas que convenza a la población de la necesidad de un proyecto alternativo de nación que conduzca al país el crecimiento económico y social con justicia y sustentabilidad, la paz y la reconstrucción de los lazos sociales y culturales. Una fuerza que, sí, se exprese en un partido o en la coalición de ellos, pero que los trascienda con mucho, que no se atore en las burocracias, ni se agote en las propuestas e ideas de una persona, aunque pueda ser encabezada e identificada con un líder carismático. La construcción de ese sujeto político es el gran desafío de los próximos meses. En el caso del sector rural, implica toda una serie de tareas que deben emprenderse de inmediato:

Resistir organizada y activamente. En esta coyuntura de desempleo, de mayor carestía de la vida, de inseguridad en todos los ámbitos, la superación de la crisis la pretende fincar la oligarquía en una mayor expropiación del trabajo y de los bienes públicos y privados. Ante ello es necesario que promovamos una resistencia organizada y articulada. Que aprovechemos estos malos momentos para crear colectivos que protesten ante los incrementos de los bienes y servicios públicos. Que impidan que, con el pretexto de los recortes presupuestarios, se reduzcan los recursos para la agricultura campesina o para el desarrollo social. Que protejan el empleo y el salario, lo mismo que los programas para el campo.

Resistir conscientemente. No basta con resistir, con defender. Este es el momento para que en nuestros colectivos analicemos las causas de la crisis, sus consecuencias, las salidas falsas y las salidas verdaderas que se ofrecen ante ella. Es el momento de desenmascarar las limitaciones y las mentiras de la “alternancia en el poder”, de comparar los proyectos de país que en este momento entran en lucha. Es el momento de la educación popular, de la comunicación popular, de la creatividad para decir nuestro mensaje alternativo y hacerlo llegar a toda la gente.

Acumular fuerza en torno a un nuevo proyecto para el campo y para la nación. Tenemos que superar nuestro localismo y “organizacionismo”. No podemos construir una fuerza nacional sin dialogar, sin elaborar un proyecto de país con otras organizaciones, primero del campo, luego también de la ciudad. No podemos dejar en manos de los partidos o de los candidatos la elaboración de ese proyecto. Podemos partir del “proyecto campesino para el siglo XXI” que elaboramos las organizaciones campesinas y que fue rechazado al firmarse el Acuerdo Nacional para el Campo. Ahora tenemos muchos elementos para enriquecerlo. Hagámoslo desde todos los rincones campesinos e indígenas del país. Luego pongámoslo en común, démosle una forma clara, contundente, sencilla, que pueda de nuevo llevarse a nuestras bases. Algo así como “Los sentimientos del campo mexicano” y convirtámoslo en la bandera de lucha, en el punto básico de la unión en la diversidad de las organizaciones campesinas e indígenas de este país.

Actuar políticamente, sin ingenuidades. El proyecto de nación que buscamos no lo van a defender ni todos los partidos ni todos los candidatos presidenciales. Sería ingenuo que los emplazáramos a que firmen públicamente su compromiso con él. Ni el PRI ni el PAN ni sus aliados lo van a llevar a la práctica si es que ganan, aunque nos prometerán todo con tal de tener nuestro apoyo. Ni siquiera algunos sectores que se dicen de izquierda. En el panorama actual sólo lo podrán endosar y comprometerse efectivamente con él López Obrador y las fuerzas que lo apoyan o que estén dispuestas a construir con él un proyecto alternativo de poder. No hay para qué buscarle más o jugar al “pluralismo”.

Plantarnos con firmeza y sin ambiciones particulares ante los partidos. Definitivamente, no podremos prescindir de los partidos políticos para las elecciones de 2012 –y quién sabe si alguna vez,– pero tampoco podemos subordinarnos a ellos, dejar nuestro proyecto en manos de los políticos profesionales. Nuestra participación activa en las elecciones federales de 2012 tiene que plantearse con requisitos y condiciones muy claras: programa de gobierno, agenda legislativa, candidaturas del sector campesino, y, sobre todo, compromiso por un Nuevo Constituyente. Este es el momento de una negociación muy clara, de la confianza en nuestra fuerza, pero también de la generosidad. Las candidaturas no deben obedecer a proyectos personales o de grupo. Deben estar ahí quienes mejor representen el proyecto, quienes hayan estado en todo el proceso de su construcción. La única cuota que debe prevalecer aquí es la de idoneidad para la tarea. La desventaja es que aún estamos desunidos y no muy movilizados. La gran ventaja, como diría Armando Bartra, que las angustias de la época nos dan un empujoncito.

Salvar al campo,
transformar el país

Víctor Suárez Carrera

El campo está devastado económica, social y ambientalmente como consecuencia de las políticas económicas, agrícolas y comerciales aplicadas por los gobiernos del PRI y del PAN en los 25 años recientes. Políticas que han sido diseñadas, decididas y ejecutadas de conformidad con los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de las grandes corporaciones agroalimentarias en el marco del paradigma fracasado del “libre” comercio que ha llevado a la economía mundial a su peor recesión desde la Gran Depresión de 1929.

No sólo el sector agroalimentario y las comunidades rurales sufren los estragos de esta guerra neoliberal contra la agricultura, que es una versión “moderna” de la liberal y porfiriana guerra de “desamortización de bienes en manos muertas” de finales del siglo XIX. El país en su conjunto padece.

Enfrentamos la peor crisis agroalimentaria desde la Revolución. Debido a la carestía de los alimentos, de 2006 a 2008 aumentó la pobreza de 44 al 50 por ciento de la población total y el número de mexicanos con hambre llegó a 20 millones: uno de cada dos vive en condiciones de pobreza y uno de cada cinco padece hambre, principalmente menores de cinco años de edad. Ello, de acuerdo con datos oficiales y antes de considerar el impacto de la recesión económica de 2008 y 2009.

La devastación del campo, la pérdida de soberanía alimentaria y la crisis agroalimentaria no solamente afectan indicadores de desigualdad, pobreza y malnutrición sino representan también una seria amenaza a nuestra seguridad nacional, a nuestra soberanía nacional e incluso a nuestra integridad territorial.

Y todo esto para beneficiar a unos cuantos agricultores ricos y rentistas del norte del país, a una minoría de agroexportadores mayormente extranjeros, a una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y a la estrategia estadounidense de dominación y sometimiento de nuestro país.

El campo en tiempos del PAN (2000-2009): otra década pérdida. La llegada del PAN a la Presidencia en 2000 no sólo significó la continuidad de las políticas priístas hacia el campo, también la exacerbación del debilitamiento del Estado y su subordinación a las cúpulas empresariales y a los intereses hegemónicos de Estados Unidos.

Asimismo, los gobiernos panistas han reproducido en versión empresarial-clerical las prácticas priístas en la utilización corrupta, clientelar y político-electoral de la función pública y del presupuesto rural.

No obstante haber dispuesto de presupuestos crecientes para el agro –que pasaron de 155 mil 600 millones de pesos en 2000 a 235 mil 800 millones en 2009– los gobiernos de Fox y Calderón aplicaron las mismas políticas neoliberales de los priístas; traicionaron así sus compromisos de campaña, de modificarlas, e incumplieron el Acuerdo Nacional para el Campo.

Los saldos del decenio panista en el campo son: mayor dependencia alimentaria (42 por ciento); mayor importación de alimentos (100 mil millones de dólares en el periodo, 20 mil millones en 2008); mayor déficit comercial agroalimentario (25 mil millones de dólares en la década, cuatro mil 500 millones en 2008); mayor encarecimiento de los alimentos (70 por ciento en la canasta básica); mayor pobreza y malnutrición (50 y 20 por ciento de la población total, respectivamente); mayor desigualdad entre tipo de productores, pobladores y regiones rurales (el 10 por ciento de la población rural concentra 80 por ciento de los ingresos, subsidios y créditos), y mayor crecimiento en ventas, utilidades y poder económico y político de las corporaciones agroalimentarias.

Lejos de asumir un compromiso con una transición a la democracia, los gobiernos panistas representaron una simulación y una regresión autoritaria, oligárquica y antidemocrática. Tres hechos, entre muchos, lo confirman: a) el incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo impulsado por el movimiento El Campo no Aguanta Más, b) el fraude electoral de 2006 y c) el uso de recursos públicos para mantener el control político de los campesinos al servicio de gobiernos, partidos y corporaciones.

La restauración del PRI en el 2012: ¿salvación del campo? Dados los resultados de la elección del cinco de julio, pareciera ser que la restauración priísta en la Presidencia de la República en el 2012 representa la salvación del campo. ¿Será verdad?

El PRI no solamente inició la guerra neoliberal contra la agricultura campesina en 1982, sino que la estableció como estrategia transexenal con Salinas por medio de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, el debilitamiento del Estado, y la decisión de elevar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) como leyes supranacionales, por encima de nuestra ley suprema.

En la década pasada, el PRI se convirtió en el principal soporte de los gobiernos panistas y de sus políticas anticampesinas y de subordinación a los intereses de Estados Unidos y sus corporaciones agroalimentarias. Para refrescar la memoria presento algunos hechos:

*El PRI; su organización campesina, la Confederación Nacional Campesina (CNC), y sus legisladores impulsaron la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados (Ley Monsanto) y apoyaron a Calderón en su reglamentación ilegal, que permite la siembra de maíz transgénico en México y pone en grave riesgo la economía campesina y el patrimonio de los mexicanos (y de la humanidad) representado por la diversidad de maíces nativos.

*El PRI, su organización campesina y sus legisladores aprobaron junto con el PAN la gran mayoría de los presupuestos rurales enviados por los presidentes Fox y Calderón a la Cámara de Diputados.

*El PRI y sus legisladores se han negado sistemáticamente –en alianza con el gobierno y el PAN– a aprobar la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria así como leyes para instruir al Ejecutivo federal a renegociar el capítulo agrícola del TLCAN, a establecer un mecanismo de administración del comercio exterior de granos básicos y otros alimentos fundamentales y a crear una reserva estratégica alimentaria.

*El PRI, su organización campesina y sus legisladores se han negado a que los subsidios públicos, la inversión pública y los créditos se canalicen mayoritariamente a favor de los pequeños y medianos productores y de las regiones rurales menos desarrolladas. Un ejemplo fue su alianza con los agricultores ricos y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para oponerse a establecer topes a los apoyos del Procampo.

*El PRI, su organización campesina, sus gobernadores y presidentes municipales continúan considerando a los campesinos y a los pobladores rurales en general como “voto verde” , como objetos y menores de edad.

Con su regreso al gobierno en el 2012, el PRI sería el sepulturero del campo y los campesinos; continuaría las mismas políticas neoliberales hacia el campo y seguiría favoreciendo a la oligarquía y a las corporaciones agroalimentarias. No hay lugar para ilusiones. La historia enseña.

Año 2012: transformar el país para salvar al campo. El fracaso de las políticas neoliberales hacia el campo amenaza con colapsar el país entero. La alternativa es transformar el país, cambiar el modelo neoliberal y recuperar el gobierno federal y las instituciones del Estado, hoy secuestradas por la oligarquía y sus partidos, para las causas de la soberanía nacional y la instauración de un nuevo proyecto de nación, republicano, realmente democrático, con otra política económica y agroalimentaria y con responsabilidad social y ambiental.

Para ello necesitamos fortalecer nuestras organizaciones campesinas autónomas y nuestras redes regionales y nacionales. Asimismo, es imprescindible darnos a la tarea de organizar más campesinos, jornaleros, mujeres y jóvenes rurales en agrupaciones que luchen por sus intereses inmediatos, urgentes, y al mismo tiempo se orienten a la construcción y acumulación de fuerzas sociales y políticas necesarias para transformar el país y llegar con una clara mayoría a las elecciones presidenciales de 2012.

En esta tarea considero que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento en Defensa de la Economía Popular , la Soberanía Nacional y el Petróleo jugarán un papel fundamental. No podemos equivocarnos en el 2012. El voto útil, el voto nulo, el sectarismo y el purismo han servido en el pasado para impedir el triunfo de la izquierda social y política en México. El país y el campo no aguantan la restauración priísta y mucho menos la continuidad panista.

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC)

¿Qué hacer?

Alberto Montoya Martín del Campo

México está al borde del abismo. Su precario equilibrio macroeconómico se mantiene a condición de que haya estancamiento económico y mediante la utilización irracional e inmoral de las escasas reservas de crudo, que se exportan sin valor agregado según el interés estratégico de Estados Unidos, para conducir al país a la dependencia energética, alimentaria, mediática, industrial, cultural, tecnológica, militar y financiera. La economía-política nacional y su inserción en el mundo están en bancarrota. Con el modelo actual es imposible crecer, crear empleos, eliminar la desigualdad y participar con ventaja en el economía mundial. Petróleos Mexicanos (PEMEX) dejará rápidamente de sostener el actual orden económico, político y social y es inevitable un colapso sistémico.

El país tiene dos opciones en esta encrucijada de su historia:

Recuperar la soberanía económica cedida en los tratados internacionales de comercio, inversión y aspectos fiscales, como condición necesaria para adoptar decisiones soberanas como comunidad nacional, que nos permitan establecer un nuevo pacto social sustentado en los criterios fundantes de la Constitución de 1917. Un pacto con visión hacia el siglo XXI, dirigido a convertirnos en una potencia económica por méritos propios; regido por el criterio de justicia en la producción y distribución de la riqueza, en donde el mercado interno tenga prelación sobre el internacional, las corporaciones globales no dominen ningún mercado y estén subordinadas al interés y el derecho de la nación; con equidad fiscal en las aportaciones y destino del gasto público, semejante al que existe en los países más desarrollados, que elimine la desigualdad y haga posible un crecimiento sostenible, sobre la base de organismos públicos en áreas y actividades estratégicas y empresas de capital nacional, y con una alianza económica real y estratégica con los países de América del Sur.

O bien, perecer como estado-nación independiente, y convertir México en un apartheid administrado por poderes externos; económicos, políticos, ideológicos y militares, especialmente de Estados Unidos, asociados con un puñado de capitales y dirigentes políticos nacionales que procuren sus intereses y estén a su servicio, lo cual conducirá necesariamente a un estado policíaco; a la pérdida de soberanía nacional, de libertades políticas y democráticas; a la imposibilidad del crecimiento económico; la institucionalización del narco como pseudoenemigo principal y sicario general al servicio de ese sistema de poder; la pérdida de cohesión social, y el aumento de la violencia simbólica y física, que son ambas necesarias para el mantenimiento y reproducción de un orden social profundamente irracional e injusto.

Las tareas necesarias son tres al menos:

Desarrollar la conciencia en la población sobre las causas profundas de los problemas nacionales; ver el bosque y no sólo las ramas y los tumores. Y el desarrollo de la conciencia sobre la necesidad de otro pacto social basado en un bloque histórico alternativo.

La crítica fundada, integral, ética y racional del actual orden social, con la participación de todos los actores sociales dispuestos a dialogar con honestidad y buena voluntad, como condición para detener eficazmente la voluntad del actual gobierno de establecer un estado policíaco al servicio de intereses económicos y políticos nacionales y transnacionales y para evitar se siga profundizando la actual dependencia y pérdida de soberanía, y

Trabajar en la construcción del bloque histórico alternativo, mediante la exigencia de la democracia sustantiva en las decisiones nacionales; mediante una alianza eficaz entre parlamentarios comprometidos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, así como ciudadanos, dirigentes e intelectuales comprometidos con la transformación ética de la sociedad. En lo inmediato, no existe otra tarea más urgente y necesaria, que una evaluación integral, objetiva, ética y racional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Chiapas


FOTO: Antonio Paoli

Asamblea sobre derechos indígenas en las cañadas

Antonio Paoli

El conflicto armado y los inicios del Comité. El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada , AC inicia sus trabajos formalmente en 1994, en las cañadas de la Selva Lacandona. Hoy es un comité indígena, con trabajo regular en cuatro regiones de la selva; cuenta con 60 socios, 52 asambleístas y ocho miembros del consejo consultivo. De los 52 asambleístas 49 son indígenas y tres más cuya lengua nativa es el español; son 20 mujeres y 32 hombres.

Surgió el Fray Pedro cuando los abusos del ejército y las autoridades gubernamentales eran múltiples y constantes, subrayadas por la rebelión zapatista. Hoy persisten el racismo y la violación a los derechos humanos; también las infracciones a los derechos lingüísticos y, sobre todo, los graves atentados a los derechos políticos, económicos, sociales y ecológicos.

La Asamblea y sus preguntas centrales. Asistí el seis y siete de julio de 2009 a la XIX Asamblea General Ordinaria del Fray Pedro, como asambleísta. No olvidamos los tiempos de cárcel, las amenazas y los atentados a nuestros compañeros. Pero hoy las tareas y las preguntas fundamentales son otras: ¿Cómo enfrentar a los tribunales de manera más eficiente para impedir la violación a los derechos más elementales; para frenar la privación ilegal de la libertad y la amenaza del despojo de su territorio y de sus recursos naturales? ¿Cómo colaborar con más eficiencia en la administración de la justicia al interior de las comunidades de las cañadas? ¿Cómo dar seguimiento a los sucesos de la justicia en la selva, de acuerdo con las normas del derecho consuetudinario indígena? ¿Cómo analizar los casos y los problemas sociales que el Comité enfrenta? ¿Cómo vincularse armónicamente con las organizaciones no gubernamentales (ONGs)y las agrupaciones indígenas hermanas en cada región de la selva?

Funciones del Fray Pedro. Dentro de las cuatro regiones los promotores del Comité atienden casos diversos, normalmente como medidores en la resolución de conflictos comunitarios; con frecuencia como asesores y gestores ante las autoridades tradicionales indígenas, así como frente a las autoridades y tribunales del Estado y la Federación. Algunos casos tienen que verse al interior de las comunidades y en otros hay que salir al mundo de los kaxlanes. A veces para el mismo problema hay que apelar a las dos realidades culturales e institucionales. Con las víctimas se hacen trabajos de orientación, seguimiento y acompañamiento en asuntos civiles, penales y agrarios.

Se atienden casos de colindancias y propiedad de la tierra, derecho indígena y defensa del territorio; frecuentemente los promotores del Fray Pedro tienen que ir al terreno civil: divorcios, separación, abandono familiar, pensiones alimentarias, patria potestad, propiedad; al terreno de los derechos de la mujer y maltratos dentro del hogar (se han hecho diversas recomendaciones a las comunidades en materia de “derechos y obligaciones de género”); al ámbito del derecho penal: riñas, robos, fraudes, estupros, drogas, y a los problemas de intolerancia religiosa y brujería. Los promotores también hacen gestiones diversas, de escuelas, de agua potable y otras muchas.

El Fray Pedro impulsa diversas actividades de asesoría, capacitación y acompañamiento: cursos y seminarios sobre la aplicación de las leyes, reuniones con familias de presos, encuentros diversos sobre problemas de migración, seminarios sobre protección del medio ambiente, preparación de “constructores de paz”, reuniones de análisis de casos y de coyuntura. Estos encuentros se realizan en cada una de las cuatro regiones de las cañadas para planificar y resolver problemas específicos.

Las estrategias para relacionarse con diversas Iglesias es variada; por ejemplo, en relación con la Iglesia Católica , se realizan reuniones regionales con servidores de la Iglesia , con la venia de la parroquia de Ocosingo, para invitar a sus comunidades a cursos temáticas como las que hemos apuntado. Otro ejemplo son las negociaciones con diversas Iglesias para resolver problemas interreligiosos. Se invita constantemente a diversas comunidades para que envíen nuevos promotores de derechos humanos, para formarse y servir en las regiones.

Contacto con organizaciones diversas. Hay reuniones frecuentes con organizaciones regionales hermanas, para mediar, discrepar, negociar, fijar acuerdos y celebrar logros populares. Algunas de estas organizaciones son la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, la ARIC Unión de Uniones, y la Coalición de Organizaciones Agrícolas de Ocosingo (COAO). Se tiene una relación de trabajo sistemática con las ONGs de Ocosingo: Serapaz, Enlace Comunicación y Capacitación; también con ONGs de Chiapas, como la Red por la Paz y la Casa de la Mujer de Palenque; en el terreno nacional, se pertenece a La Red “Todos los Derechos para Todos”, por medio de la cual se han podido hacer relaciones fundamentales para la defensa de los derechos humanos.

Becas del Fray Pedro. El comité también respalda becas de cuatro jóvenes universitarios: una mujer y tres hombres. Sus carreras son contaduría, derecho y comunicación educativa. Las becas vienen de España, el Comité avala a los becarios y ellos le corresponden con sus servicios con regularidad.

Acompañamiento a autoridades comunitarias. El Fray Pedro frecuentemente da acompañamiento a las autoridades de las comunidades de las diferentes regiones de las cañadas, para asesorarlas, vincularlas con el exterior y acompañarlas en la resolución de diversos problemas.

Algunas problemáticas claves tratadas en la Asamblea : 1. Fraudes en las elecciones: compra de votos mediante dinero, entrega de despensas; divisiones, enfrentamientos y engaños de los partidos. 2. Conflictos agrarios diversos, especialmente en materia de linderos, y que, en algunos casos, se han resuelto. El Comité media para alcanzar acuerdos. 3. Enemistades y amenazas causadas por diversas prácticas de la brujería. 4. Rivalidades y colisiones entre diversas Iglesias que operan en la selva. 5. Deterioro ecológico, nuevos productos nocivos para la agricultura, incendios, deforestación y diversas complejidades del cambio climático. 6. Alcoholismo y drogadicción: siembra, tráfico, venta y consumo. 7. Las rupturas culturales y divisiones causadas en gran medida por la llegada de múltiples mercancías e instituciones a las cañadas. Como ejemplo se señaló que en las comunidades de la región Agua Azul hay hasta 15 partidos, 10 organizaciones y 20 religiones diversas. 8. Altas tarifas de luz, gasolina, diesel y otros servicios y productos. 9. El gobierno y sus “proyectos productivos” están dividiendo a las comunidades; además no se cumplen fechas de pago de Oportunidades. 10. Baja producción y hambre, precios altos de los productos alimentarios. Ante este panorama se han incrementado las carencias económicas de las familias. 11. Aumenta la migración y cada vez hay más familias sin padre. 12. No hay seguimiento a los problemas de Montes Azules. 13. En las diversas regiones de la selva no hay con quién quejarse, las autoridades civiles, penales y administrativas están casi completamente ausentes.

El comité es un organismo intercultural –quizá el único– que enfrenta múltiples problemas jurídicos, no sólo de derechos humanos, y algunos de ellos los resuelve exitosamente. Es una organización popular respaldada por muchas comunidades de las cañadas y da un gran servicio dentro y fuera de la selva chiapaneca.


FOTO: Sonia Toledo

Simojovel: su historia

Sonia Toledo Tello

Simojovel es un municipio localizado en el norte de Chiapas. Casi 70 por ciento de sus 31 mil 615 pobladores son hablantes de tzotzil y tzeltal principalmente y algunos cuantos de chol y zoque. Buena parte de ellos son pequeños productores de maíz, café y ganado. Están asentados en 124 localidades rurales; carecen de cabildo indígena; no visten ropa “tradicional”, a excepción de algunas mujeres que son quienes conforman al grupo de monolingües junto con los más viejos. Detrás de esta imagen fría, y quizás poco atractiva, hay una larga historia de proyectos enfrentados, luchas violentas y transformaciones profundas que son la expresión local de la manera en que ha impactado el capitalismo desde el siglo XIX.

Muchas de estas comunidades nacieron apenas en la década de 1980, de la liberación de la finca y en contra del Estado que abandonó la política agraria y campesina posrevolucionaria. La desaparición de las fincas significó la transformación radical de la estructura agraria local y también de la cultura de subordinación hacia un patrón “al dejar de trabajar para otro y hacer ahora sólo el trabajo propio”, según los mismos indígenas simojovelenses. Pero esto ocurrió en medio de una profunda crisis, particularmente de la cafeticultura que los nuevos pequeños productores heredaron de las fincas, y aunque algunos participan en proyectos alternativos, la mayoría enfrenta, en condiciones poco favorables, las consecuencias perversas de la fase actual del capitalismo global.

Simojovel fue un pueblo de indios creado por la política colonial a mediados del siglo XVI y en la segunda mitad del siglo XIX, después de varias catástrofes, la población se vio obligada a cambiar sus tierras por maíz, frijol y aguardiente con comerciantes ladinos de San Cristóbal y Comitán. Así se crearon ranchos y haciendas –llamadas fincas en general– y al finalizar el mismo siglo varios introdujeron el cultivo del café. Simojovel, junto con otros pueblos de esa región, constituyó un pequeño enclave agroexportador.

De campesinos a mozos. Como resultado de su inserción al capitalismo los habitantes de este pueblo y de otros que entonces fueron atraídos por las fincas –principalmente del pueblo alteño de San Andrés (Larraínzar)– pasaron de campesinos tributarios de la Corona española a trabajadores de las fincas, sujetos a relaciones de tipo servil. Así los indígenas perdieron también las instituciones –cabildo, cofradías, mayordomías– que la Corona española les impuso para garantizar su reproducción como tributarios, y que sin embargo les habían brindado cierta autonomía.

En adelante las fincas dominaron económicamente la zona y suplieron al débil Estado mexicano en formación con la producción de instituciones y lógicas propias. Los finqueros se convirtieron en los mediadores entre la población subordinada a las fincas, el Estado y el mercado.

Los diez ejidos constituidos entre 1930 y 1950 no cancelaron el predominio de las fincas –en 1980 existían 533 de diversos tamaños–. Los ejidatarios dependían de los rancheros por préstamos, la venta de productos y de fuerza de trabajo. Mientras otra parte de la población se mantuvo en las fincas atada por deudas bajo la opresiva protección del patrón.

Pero si durante un siglo la mano de obra fue primordial y retenida por los finqueros mediante endeudamiento, compadrazgo, parentesco y paternalismo, en la década de 1970 simplemente dejó de ser necesaria. La intensificación ganadera, impulsada por la demanda de proteína animal del capitalismo mundial, y el plan hidroeléctrico Itzantún –proyecto modernizador del Estado– que afectaría a Simojovel y a varios municipios aledaños se tradujeron en la expulsión de los trabajadores permanentes y en el cierre de fuentes de empleo para los jornaleros. (En 1983 la Central Independiente de Obreros Campesinos, CIOAC, estimó en 14 mil el número de los trabajadores que serían afectados por la inundación de las fincas.)

Así se construyó un movimiento agrario, apoyado por la labor ideológica y política de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones campesinas –OCEZ, Línea Proletaria y principalmente la CIOAC – que logró la cancelación del proyecto hidroeléctrico, liquidó las fincas y transformó las relaciones de tipo servil que dominaron la región durante cien años.

Luego de una década de violentos enfrentamientos, en 1984 muchos ex finqueros recibieron el pago de sus predios. Pero la mayor parte de las nuevas comunidades permanecen sin regularización. En 1994, en el ambiente político creado por el movimiento zapatista, una cuantas se constituyeron en ejidos. De las 124 localidades rurales existentes, sólo 44 son ejidos. Algunas se encuentran en resistencia zapatista, por lo cual suspendieron los trámites agrarios, y varias ocupan terrenos disputados por otros campesinos.

Por otro lado, en 1992 alrededor de 500 pequeños productores de 12 comunidades constituyeron CIRSA (Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel de Allende), organización con la que han mantenido exitosamente su participación en el Comercio Justo, exportando café orgánico a Holanda y Estados Unidos. Pero casi todos los pequeños productores se encuentran supeditados a los comerciantes locales, muchos de ellos ex finqueros, con quienes han recreado prácticas de endeudamiento y paternalismo ante la falta de créditos para la producción, y por el desinterés de ellos mismo para organizarse en busca de alternativas.

Muchas de las comunidades nuevas no han enfrentado aún la presión sobre las parcelas familiares, la mayoría cuenta con seis o nueve hectáreas, cantidad suficiente comparada con las parcelas de un cuarto de hectárea o menos de comunidades de Los Altos. A la relativa estabilidad agraria de comunidades de Simojovel han contribuido la crisis agrícola, la falta de apoyos a la producción y el acceso a la educación e información –TV, internet– que han generado entre los jóvenes expectativas distintas a las de sus padres o abuelos, y empiezan a ver en Estados Unidos un futuro distinto. Mientras, quienes lucharon por las tierras continúan labrando su historia a contracorriente como pequeños productores desde diversos, y a veces encontrados, proyectos políticos –PRI, CIOAC, PRD, PT, zapatismo.

Investigadora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas

Radios comunitarias

Eugenio Bermejillo

Las radios indígenas son actores emergentes de la ruralidad mexicana. Muy diferentes de sus antepasados indigenistas, estas radios, por ahora de baja potencia, están marcando puntos álgidos de la lucha e identidad indígena a lo largo de las sierras mexicanas. Surgen muy rápidamente estaciones que no son simplemente para los indígenas sino de ellos. Responden a muy diferentes motivaciones y tienen formas muy diversas: acá un comisariado de bienes comunales impulsa un proyecto que informe sobre el complicado proceso agrario, allá un municipio da a conocer sus actividades, más allá un grupo de jóvenes vuelca los resultados de sus estudios y reflexiones al espacio radiofónico, un colectivo refuerza su trabajo sobre lo que es según ellos “ser indígena”, una cooperativa de producción orgánica refuerza la capacitación de sus miembros por medio de mensajes radiofónicos. Son estaciones que cumplen un papel importante en el desarrollo y el cambio social y a veces son otro elemento en el prestigio comunitario. Carlos Placencia, promotor de las radios indígenas de Oaxaca, comentó: “Antes todas las comunidades querían su orquesta, ahora quieren una radio”.

Existe una enorme variedad dentro del mundo de las radios indígenas en cuanto a objetivos, formas de reclutar y capacitar su personal, formas de financiamiento y objetivos. Sin embargo, hay rasgos comunes que permiten hablar de ellas como un conjunto. La lengua es un factor determinante. Para la gran mayoría, el fortalecimiento de sus lenguas es uno de sus objetivos principales. La radio es un instrumento invaluable frente a la disminución de hablantes. Queda mucho por hacer en cuanto a la corrección en el uso de la lengua por parte de los locutores indígenas, pero sus transmisiones han sido elementos muy importantes para sacar del ámbito del hogar a la lengua materna. Las radios están convenciendo a muchos que temas sociales, complejos y abstractos pueden ser abordados en lengua.

El sistema de cargos tradicional (que no es exclusivo de los indígenas sino que lo comparten muchos de los pueblos campesinos que participan de lo que se ha llamado el México profundo), es determinante en las radios indígenas. Cuando no es base sobre la que se finca el trabajo radiofónico, es su modelo. Algunos de los radialistas indios más constantes de estas radios fueron electos dentro de sus comunidades y asumen su trabajo como si les hubieran “sembrado el cargo”. Esto permite la puesta en marcha de una programación a costos que parecen increíbles bajo los criterios de las radios comerciales e incluso de radios comunitarias urbanas.

Siempre es difícil hablar de números de las radios indígenas: muchas de ellas tienen vidas efímeras, muchas ven en la discreción una manera de evadir el hostigamiento del gobierno. Sin embargo, hay datos indirectos que indican que los indígenas son el sector más entusiasta en la formación de radios comunitarias. Por ejemplo, Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de Senado, afirma que de las 160 solicitudes de permisos turnados a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), aproximadamente 40 son indígenas.

Siempre habrá criterios diferentes para definir lo que es una radio indígena. Funcionarios y académicos han propuesto pautas, algunas objetivas, otras basadas en prejuicios. Sin embargo es importante considerar la definición propia de los radialistas. La auto-adscripción, es decir, la capacidad del sujeto de definir su pertenencia a un pueblo, es un criterio internacional, integrado plenamente a la legislación nacional incluso en los criterios aplicados en los censos. No hay razón legal ni social para negar este elemento subjetivo en la determinación si una radio es o no indígena. Esta definición tiene implicaciones legales importantes.

El marco jurídico nacional tiene disposiciones y antecedentes que deberían determinar la protección de los medios indígenas. Los Acuerdos de San Andrés, producto de la negociación de los tres poderes del Estado y una amplia coalición de organizaciones indígenas, convocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incluyeron en el pacto a los medios de comunicación. Ordenaron “la elaboración de una nueva ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación” y que “los gobiernos federal y estatal promoverán que los medios de comunicación indigenista se conviertan en medios de comunicación indígena”.

Ninguno de los acuerdos se ha cumplido. El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) sigue operado de manera centralista desde la Comisión Nacional de Derechos Indígenas (CDI), tampoco se han transferido las estaciones de los sistemas estatales que tienen mayoritariamente oyentes indígenas. A pesar de que la frase sobre “adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación” pasó al artículo segundo constitucional, este no se ha traducido a legislaciones secundarias. Esta flagrante violación de los derechos indígenas fue atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó por mayoría simple que existía un vacío en la llamada Ley Televisa sobre la legislación indígena. El acuerdo no alcanzó una mayoría calificada de ministros, sin embargo permite acciones legales de las radios indígenas, que todavía no han sido exploradas. Una corriente de abogados afirma que esta resolución de la corte abre posibilidades promisorias para amparos interpuestos frente al decomiso de las radios indígenas.

El crecimiento de las radios indígenas, el vacío (por no decir anarquía) legal y la continuada campaña de hostigamiento federal han abonado el terreno para la coordinación y el intercambio entre los medios de comunicación indígena. Nuevos actores y representaciones se suman a las que ya venían acompañando el movimiento de medios civiles.

Se han realizado dos sesiones del Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Difícilmente podrá representar el conjunto de los esfuerzos, sin embargo han sido las reuniones más amplias de este movimiento nacional. Estas reuniones dieron por resultado un grupo de trabajo que publicó el Manual para el trámite de permisos para la radiodifusión indígena. (Disponible en http://www.mediosparalospueblos.org/ ). La intención del texto es divulgar y explicar los las disposiciones, que antes eran inalcanzables para los radialistas; es un manual pensado en el “hazlo tú mismo”, en generar un proceso controlado por las mismas radios que haga prescindibles los “coyotes” presentes en todos los trámites legales, particularmente en aquellos que intervienen factores políticos.

El problema legal de las radios indígenas no es el único que enfrentan, quizá ni siquiera sea el más importante, pero tiene una carga política y simbólica fundamental. Muchos actores se están preparando para una eventual discusión de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Un número importante de radios indígenas que estén presionando para obtener su permiso (y controlando el proceso) será un actor clave para incluir figuras como la de radio comunitaria, hoy inexistente en la legislación mexicana, y en proponer criterios sociales y culturales, por encima de los económicos, en la repartición del espectro radioeléctrico.

Red de Comunicadores Boca de Polen

Dolor e historia en Atenco

Mauricio González y M. Gabriel Hernández

Fue en vísperas de Santa Cruz. Esa celebración muestra la síntesis de la heterogeneidad religiosa de los pueblos originarios. Es cierto, la cruz evoca la fe católica, pero en numerosos sitios la emparentan con los cerros. El cerro es un lugar de abastecimientos, gran troje, el granero, pero también depósito de agua, manantial que comparte generosamente sus frutos. Los cerros, por excelencia, resguardan a numerosas entidades y dueños a quienes se les hace costumbre, rituales en los que se departe con ellos. La cruz que corona a un gran número de ellos es una de sus manifestaciones. Cruz y cerro se confunden, ambos son patrones que protegen al pueblo, son aliados a quienes se les tiene respeto y, más allá de sus múltiples significados, impone acciones que demandan flores. Las flores de México remiten por eso a lo sagrado. No hay fiesta que no cuente con ellas, sea para muertos o para vivos.


FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

Tres años atrás, como siempre, como los abuelos enseñaron, Atenco se disponía a celebrar Santa Cruz y, tres años atrás, negaron la flor a los patrones. La gente de Atenco había negado poco tiempo antes olvidarse a ser campesino, había negado el someterse al desapego a la tierra y, sobre todo, había negado la imposición autoritaria del gobierno en los fueros propios de la gente. Estas tres negaciones fueron cobradas con una sola: la negación de la vida. Atenco duele y tres despojos testimonian ese hecho. Alexis Benhumea cayó por agresión policial, agresión de Estado ante la acción solidaria al lado de un pueblo asaltado. La impunidad aún ronda su pérdida. Muerte que no deja de doler.

Dolor de Atenco. Doce compañeros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) están presos. La vida al lado de sus familias les es robada. Sus penas podrían ser inimaginables si es que no se estuvieran purgando. Luchan y lucharon por un pueblo que les es arrebatado bajo la ignominia del encierro. Molino de Flores y el Altiplano son las armas con las que se remata la serie de violaciones y abusos que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, serie coronada con la bajeza del despojo a sus bienes para pagar multas.

La coerción ejercida sobre los integrantes del FPDT es una muestra gubernamental ante la acción social eficaz. La lucha de Atenco es ejemplar y ejemplar su represión. Los hechos de San Salvador Atenco golpean a la sociedad en su conjunto, dejan el sabor amargo de constar que un movimiento social victorioso no puede quedar indemne. Los presos de Atenco despojan a la sociedad toda de hombres íntegros y deja a numerosas mujeres marcadas por la agresión a sus cuerpos. Asimismo, pone en vilo la posibilidad de un horizonte verdaderamente democrático, uno en el que los pueblos sean tomados en cuenta y en el que sus demandas se traduzcan en logros sin riesgo a represión.

Los presos de Atenco duelen y ello nos impide olvidarlos. El partido de Estado y el gobernador del Estado de México aspirante a la Presidencia lo deben tener presente, su gestión tiene rastro de sangre. El dolor de Atenco es de los atenquenses pero también es uno generalizado, dolor que no estamos dispuestos a prolongar. La liberación de los compañeros es irrecusable, primer paso para sanar una afección que toca a todos en este país. Si la pena de estos presos puede alcanzar hasta 112 años, 112 años de protesta se avecinan.

Hace tres años las flores de Santa Cruz no llegaron a su destino, no se ofrecieron a los patrones. El dolor de Atenco empezó por flores. Las flores de vísperas de Santa Cruz, pero también las que su lucha sembraron al enseñarnos que la acción popular es la mejor vía de transformación social. Hoy los presos de Atenco siembran indignación ante una sociedad que no se acostumbra a la injusticia. El clamor es cada vez más generalizado. Las voces empiezan a confluir en un solo canto, el canto del bloque social de los oprimidos, de los excluidos, los arrinconados. Esta voz clama por echar atrás la aberración jurídica que significa esta condena. Atenco pasará a la historia como un acontecimiento inédito, como un ejemplo claro y contundente del ejercicio excesivo, monstruoso del poder fáctico, del poder de los presidenciables, de los ilegítimos gobernantes. Hoy se los advertimos. Para aquellos que gustan de escribir la historia mientras otros la construyen, habrá que voltear hacia Atenco, que será sin duda nuestro gran cerro, el proveedor, nuestro gran semillero ¡Presos políticos, libertad!

Huasteca

Resisten a híbridos y transgénicos

Alfredo Zepeda González

La historia del Chicomexochitl, del niño maíz, cuenta que una abuela muy celosa de su nieta le controlaba todos sus pasos. Pero un día, cuando la pequeña salió a traer el agua, un tordo revoloteó alrededor del árbol enorme que daba sombra al pozo. La niña miró admirada y con la boca abierta al zanatl que volaba sobre ella. El pájaro entonces dejó caer de su pico una semilla de maíz que le entró a la niña por su boca hasta el estómago. La niña resultó embarazada y parió un niño a los nueve meses. La abuela enojada, lo mató y lo enterró, pero en el lugar nacieron plantas de maíz. El niño maíz, como que no murió realmente y se oía su llanto y su voz adentro de la casa. La abuela más se enojó y le prendió fuego a la casa. Pero en las cenizas aparecieron más mazorcas de maíz, blanco, amarillo, rojo y negro, según las alcanzó la lumbre.

El mito del Chicomexochitl parece una premonición. El niño maíz que es la carne y la sangre de los pueblos vive bajo perpetua amenaza. En la Huasteca , desde antiguo las estancias de mulas redujeron la frontera del maíz. Se recuerda que en el siglo XVI el agustino holandés Nicolás de Witte, defensor de los indios, en la frontera chichimeca de Chichicastla, debajo de Meztitlán agarró el machete para destruir las vides de los españoles que desplazaban las milpas de los náhuatl. Lo más sagrado de los pueblos es lo más amenazado: el maíz, junto con la fiesta, con la costumbre, con los sistemas comunitarios y con el modo todo de la vida de indígenas de la Huasteca.

Y últimamente el fantasma de los maíces híbridos ronda la frontera de la Huasteca y de las sierras orientales de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Detrás vienen los transgénicos. En 1984 el Instituto Nacional Indigenista (hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) introdujo el regalo del herbicida Esterón con el pretexto de modernizar la agricultura. La gente lo recibió al principio, seducida por el ahorro en el pago de los peones. Pero los quelites y las lenguas de pájaro, la yuca, los camotes y las sandías, las calabazas, las habas y los frijoles, el epazote, las verdolagas y el chayote enredados en la milpa se perdieron. Más de 50 plantas diferentes, asociadas al maíz, ya no existen en la parcela. La tierra se endureció. El maíz almacenado comenzó a degradarse en poco tiempo, cuando antes duraba hasta dos años sin picarsec, dicen los más viejos. La gente ensayó herbicidas que, pensaron, serían menos agresivos como la Fitoamina , el Tordón, el Gramoxone. Pero cada vez más circula en las comunidades la convicción de que el ahorro de trabajo ha resultado en la pérdida de todos los quelites y frutos que se aprovechaban en la milpa. Algunos empiezan a regresar al sistema de la mano vuelta, en grupos de diez o 15, aun con la fatiga de corresponder la faena en las parcelas de los compañeros.

En la sierra madre oriental del norte de Hidalgo y Veracruz la variedad del los maíces nativos se mantiene y se mejora con los mismos métodos de intercambio y selección desde hace miles de años. No han tenido aceptación todavía los llamados paquetes tecnológicos, ni el Promaf (Programa de Apoyos para Maíz y Frijol).

Conspiración transgénica. Hoy, los indígenas nahuas, otomíes y tepehuas que sobreviven en las laderas y en las hondonadas están conscientes de la conspiración de la abuela desalmada contra su nieto el Chicomexochitl. Desde que el seis de marzo Felipe Calderón, en obediencia a Monsanto, escribió el vergonzoso decreto que permite la siembra experimental de organismos genéticamente modificados, se inauguró un siniestro asedio contra la alimentación segura de las comunidades.

En la radio cultural La Voz de los Campesinos, desde la cumbre de Huayacocotla, arriba de la Huasteca , la gente no cesa de proclamar su rechazo a los maíces transgénicos. También desde la sierra huichola Eutimio Bautista, delegado de la comunidad de San Sebastián, envió su palabra a la Huasteca : EEl gobierno se acerca a las comunidades, pero no con fin de respetar nuestro modo de vivir, sino viendo la forma de tenernos sometidos como pueblos, comunidades y familias. Vivimos el ataque abierto contra los pueblos del maíz. Lo que nos llega y que llaman apoyos sólo pretende controlar nuestros territorios y las semillas nativas, cambiándolas por híbridos y transgénicos. Solo les interesa vender, matando nuestra historia de mil años. Nos quieren engañar los gobiernos, diciéndonos que nos van a declarar zona protegida. Nosotros sabemos que la contaminación del maíz transgénico no tiene fronteras. Nosotros sabemos que todo México es centro de origen del maíz. Y de aquí lo regalamos al mundoE.

Si algo dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos indígenas es no se puede hacer nada que los afecte sin consulta y acuerdo con los propios pueblos. Pero nadie preguntó si querían maíces transgénicos. Como no preguntaron cuando el Procede, ni cuando el cambio de la Ley del 27 Constitucional.

Ambición y estupidez. Los gobiernos están lejos. Ni siquiera se interesan en medir los efectos nefastos de esta modernización a distancia. Apenas atinan a desparramar las migajas del Procampo, del Progan, del piso firme marca Vivir Mejor y de su programa estrella: el Oportunidades. Pero son los pueblos los primeros en advertir la magnitud de la tragedia: El trabajo paciente de siete mil años para mejorar y reproducir el maíz nativo en cientos de variedades a partir del teozintle como el encontrado en la cueva de Coxcatlán, corre peligro de perderse en menos de 50 años, por la ambición de unas cuantas empresas y la estupidez supina de los gobiernos.

Es una evidencia que la entrada de maíces comprados, tanto los híbridos como los transgénicos, que ya vendrán revueltos, es una amenaza para estas regiones como la Huasteca , de biodiversidad exuberante.

No estamos en tiempo de movilizaciones grandes. El tiempo es, de nuevo, el de la resistencia. Aquel que mejor calculan y aprovechan los pueblos desde siempre. En Ostula contra el despojo, en Guerrero, en Atenco, en la Huichola , en la sierra de Juárez, en la Tarahumara , en los Tuxtlas, en la Huasteca , en fin. ¿No se estará sentando el gobierno en un barril de pólvora?