Esas ruinas que ves

Gobierno en la lona. Los comicios intermedios son siempre un plebiscito al gobierno federal y más ahora que el PAN apostó su resto a las cartas del presidente. Pero la mano del mandatario resultó pachuca, de modo que el cinco de julio el jugador de Los Pinos perdió la elección, perdió el Congreso, perdió casi todos los gobiernos locales en disputa y perdió la figura. En consecuencia fue desertado por buena parte de su partido, por los grandes grupos empresariales, por los medios de comunicación masiva y hasta por la Iglesia Católica. Antes de eso ya había fracasado en la guerra contra el narco y en la batalla contra la crisis económica. En unos cuantos meses Calderón lo ha perdido todo. Todo menos el mando del ejército.

En un trienio el michoacano dilapidó los recursos que tenía para gobernar. Pero aún encabeza las fuerzas armadas. Y esto es alarmante pues un presidente que a la postre sólo cuenta con el mando militar estará tentado a militarizar la política, a mandar con partes de guerra, a controlar el país mediante la Secretaría de la Defensa.

La ocupación armada del estado de Michoacán, pisoteando al gobernador, a los alcaldes, al federalismo y a la Constitución es –pongo changuitos porque no– un ominoso anticipo de lo que se nos viene.

Las pasadas elecciones fueron una dura reprimenda al panismo gobernante. Castigo del que no se repondrá en lo que resta de sexenio pues el país está en ruinas y no tiene para cuando. Entre otras cosas porque mientras Latinoamérica volteaba a la izquierda, los gobiernos de Acción Nacional miraban a la derecha, porque cuando hasta los organismos multilaterales asumían posturas heterodoxas para enfrentar la crisis alimentaria y la debacle económica, en México se ponía la Secretaría de Hacienda en manos de un anacrónico y fundamentalista ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, al que hoy no le darían trabajo en la institución.

Calderón arranca su segundo trienio repudiado por los pobres a los que ha hecho más pobres, rechazado por gran parte de las capas medias a las que arruinó la crisis, cuestionado por los pequeños y medianos empresarios en quiebra y abandonado por la oligarquía que ya prepara a su nuevo adalid. ¿Qué le queda al estragado hombre de Los Pinos?

Le queda “su” guerra. Una guerra que está perdiendo pero que le permite seguir usufructuando un mando militar que ha llevado a extremos anticonstitucionales. Hace tres años Calderón pensó que encabezar a las fuerzas armadas en una heroica cruzada contra los masiosares le daría legitimidad. Hoy está empezando a emplear al ejército para gobernar. ¡Guay!

Enmendar el rumbo cuando todavía. Por muchas razones, el trienio que viene será decisivo para los mexicanos. Una de ellas es que, a la vez que la política neoliberal impuesta hace casi tres décadas continuará haciendo estragos, es muy posible que el PAN y el PRI –el primero ciertamente desfondado pero el segundo vuelto primera fuerza política y marchando hacia el 2012 en caballo de hacienda– traten de sacar adelante las llamadas “reformas estructurales” desmantelando lo que queda de nuestro módico “Estado de bienestar”.

El problema está en que de seguirse ahondando la erosión de las instituciones y el desgaste del tejido social, los daños devengan irreparables. La herencia del modelo nacionalista surgido de la revolución (reforma agraria, soberanía energética, derecho a la educación y la salud...) que bien que mal sigue en pie después de dos décadas de contrarreformas, no resistirá mucho más. ¿Y con qué reconstruiremos el país si permitimos que un puñado de neoliberales, para colmo a estas alturas extemporáneos, termine de desguanzar la parte más justiciera de nuestra patrimonio histórico? ¿Con qué cara diremos a las próximas generaciones que la nuestra no supo defender lo mejor de su herencia institucional?

Habrá que trabajar porque el próximo gobierno sea de izquierda e impulse el cambio verdadero. Pero también hace falta preservar los recursos sociales y estatales que le faciliten impulsar la mudanza. Y es que, después del pueblo, estas instituciones son nuestra mayor “ventaja comparativa”

En México un gobierno federal de izquierda no necesitaría ser un reformador radical para hacer del país la democracia social más avanzada de América Latina. El impulso reformista de la revolución de 1910 hizo del mexicano un Estado de Bienestar dotado de poderosos instrumentos legales e institucionales que en lo sustantivo no han sido desbaratados pese a los empeñosos esfuerzos de la tecnocracia neoliberal que nos asedia. En estas condiciones, para abatir la pobreza e impulsar significativamente la justicia social bastaría con que el gobierno preservara, vigorizara y pusiera al día la herencia justiciera del nacionalismo revolucionario.

A diferencia de países sin tradición de reformismo social o donde las mudanzas inspiradas en el Consenso de Washington calaron más, México no necesita realizar expropiaciones y nacionalizaciones traumáticas que ya hizo y no han sido revertidas, ni le hace falta fundar instituciones públicas que ya tiene y que, si bien fueron debilitadas durante los últimos cuatro sexenios, no fueron suprimidas.

Si un gobierno federal progresista detuviera y revirtiera la decadencia de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, inducida por los privatizadores silenciosos, y en vez de eso reactivara al sector energético paraestatal como palanca del desarrollo, dicho gobierno ejercería una soberanía energética mucho más plena que la venezolana o la que intenta alcanzar Bolivia, países con gobiernos proverbialmente izquierdistas donde la presencia de las trasnacionales es, sin embargo, mucho mayor que en México.

Si la izquierda en el gobierno desarrollara una política de fomento agropecuario que saque al campo de la postración que le provocó el agrocidio neoliberal, la profunda reforma agraria mexicana –mucho más extensa que la que se proponen Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, o aun la que reclama en Brasil el Movimiento de los Sin Tierra–, volvería a ser base de un desarrollo rural incluyente y justiciero que es muy difícil promover en países con menos equitativas relaciones de propiedad rural.

Si un futuro gobierno progresista revirtiera el desmantelamiento de las instituciones públicas de educación, salud y seguridad social estranguladas por los mercadócratas, y por el contrario las vigorizara, México recuperaría su condición de Estado social poniéndose a la vanguardia de otras naciones latinoamericanas que carecen de la base legal e institucional que nosotros sí tenemos.

México no puede restaurar el gremialismo estatista pero justiciero del cardenismo histórico, ni regresar a la “sustitución de importaciones” y el “desarrollo estabilizador” de la posguerra. Sí puede, en cambio, adecuar a los tiempos de globalización que hoy vivimos los instrumentos legales e institucionales del Estado social que la reforma librecambista no alcanzó a desarticular del todo, empleándolos como palancas de un desarrollo con equidad al que los fundamentalistas del mercado renunciaron hace más de 20 años.

Los chicotazos de la crisis económica están despabilando a los despedidos; a los deudores insolventes; a los desalojados; a los bolseados por el alza de la luz, del gas, de la gasolina de los alimentos... Pero la recesión también pasma, achicopala, vuelve conservadores a sus víctimas. Así pues, habrá que resistir el castigo, habrá que preservar lo que resta de país, habrá que crear las condiciones para el cambio. No será fácil.

Tres años, tres.
Tres años aún.
Tres años todavía.

Armando Bartra