Severas irregularidades en los sistemas de seguridad e higiene se detectaron en la mina Lulú, Coahuila, que produjeron la muerte de dos trabajadores el pasado 6 de agosto, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, el cual demandó que se establezca una mesa de negociación para que se atienda el reclamo de los obreros y se fijen indemnizaciones y pensiones justas para los deudos de los fallecidos.

Señaló que, según testimonios recabados por personal del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Pastoral Laboral, el mes pasado ocurrieron al menos tres situaciones de crisis en la mina, propiedad de la empresa Siderúrgica de Coahuila, las cuales anunciaban el riesgo para los trabajadores.

Primero hubo emisión de gas que provocó que el supervisor perdiera el conocimiento. Los trabajadores aseguran que externaron su preocupación porque hubiera un escalamiento de la inseguridad en la mina si no se barrenaba para sacar el gas.

Una semana después, en el cañón 11, hubo un desprendimiento de carbón que dejó enterrado hasta el cuello a un trabajador, quien fue rescatado por sus compañeros. Intentaron transportarlo en un vehículo de la empresa, pero éste se quedó sin gasolina. Por ello, aun cuando el accidente ocurrió aproximadamente a las 18 horas, a la medianoche lo dejaron en la parada del camión de la localidad donde vive. Como está registrado ante el IMSS con un salario de 50 pesos diarios, el minero decidió atenderse con un sobador y regresar a trabajar con los tobillos lastimados, dolor de cabeza, mareo y vómito.

Inclusive, el 6 de agosto, cuando se reportó el desprendimiento que sacudió toda la mina, se presentó un ingeniero, quien dijo a los trabajadores que extrajeran los cuerpos y después salieran todos del socavón, lo que hicieron sin los instrumentos necesarios para el rescate.

Así, la organización demandó a la Siderúrgica de Coahuila establecer una mesa de trabajo para negociar de manera justa la liquidación de los trabajadores que por los hechos ocurridos manifiestan su negativa a reincorporarse a laborar, debido al riesgo, y dar pensiones e indemnizaciones justas a las familias de los mineros muertos.

Piden a la Comisión Federal de Electricidad y a empresa privadas suspender la compra de carbón a esta siderúrgica hasta que se compruebe públicamente que cumple con las normas de seguridad e higiene, y el desahogo de los puntos planteados para la mesa de trabajo.